El ministro de Hacienda, Arcadi España, comparecerá a petición propia en el Congreso de los Diputados el próximo jueves 4 de junio para explicar las líneas generales de su Departamento. Desde su nombramiento, el 27 de marzo, la discreción ha marcado su agenda pública. Además, la salida de su predecesora, María Jesús Montero, dejó varios temas clave pendientes, como la presentación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Con Pedro Sánchez a la cabeza, desde finales de 2025, el Ejecutivo ha insistido en su presentación. Sin embargo, este mantra se ha diluido con la crisis de Irán.
Tras el estallido del conflicto, el Gobierno ha adoptado una nueva posición. Así, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reiterado que la incertidumbre internacional impide diseñar el cuadro macroeconómico, paso imprescindible para la elaboración de los Presupuestos. Prueba de ello es que España ha enviado a Bruselas, sin el aval de la AIReF, su Informe de Progreso Anual 2026 sin actualizar este cuadro.
En este contexto, y cuando uno de los ejes centrales de la comparecencia pasa por despejar la incógnita presupuestaria, Hacienda ha introducido un nuevo elemento en el debate: la financiación autonómica. Una cuestión que había preferido mantener guardada en el cajón durante la campaña electoral de Andalucía, con María Jesús Montero como candidata socialista. Según informaron ayer fuentes ministeriales, Hacienda ha remitido una carta a todas las comunidades de régimen común para iniciar de manera “inmediata” una ronda de reuniones bilaterales para abordar la reforma de la financiación autonómica.
Contrarreloj antes de que acabe la legislatura
Hacienda enmarca estas reuniones en una negociación previa al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El encargado de mantener estas reuniones bilaterales será el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que tratará de ajustarse a la preferencia (presencial o por videoconferencia) de las comunidades autónomas. En este sentido, fuentes del PP confirmaron a Artículo14 la recepción de un correo electrónico instando a una reunión. A su vez, algunos ‘barones’ del PP han mostrado sus dudas respecto a estas reuniones bilaterales y han apostado por tratarlo en órganos multilaterales.
La aprobación de la propuesta en este órgano es requisito imprescindible para avanzar en su tramitación. De ahí que desde el Ministerio recalque que Arcadi España mantiene su “compromiso” de convocar próximamente el Consejo. Un paso previo a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reforma del sistema de financiación autonómica y al inicio del trámite parlamentario, con el objetivo de que se apruebe antes de finalizar el año (entrada en vigor el 1 de enero de 2027).
Este calendario sitúa la financiación autonómica en una carrera contrarreloj para llegar a tiempo antes de que acabe la legislatura. De momento, la intención del Ejecutivo es llegar a julio de 2027. Pero, aún así, cumplir su tramitación se antoja complejo.
Criterios de reparto
Hasta la fecha, Hacienda no ha profundizado en el modelo diseñado por María Jesús Montero el pasado mes de enero. La propuesta del Gobierno incluye otorgar a las comunidades autónomas cerca de 21.000 millones adicionales en 2027 respecto al modelo vigente. Entre las principales medidas figura el aumento de la cesión del IRPF a las autonomías, del 50% al 55%, y del IVA, del 50% al 56,5%. Todo ello elevaría, según Hacienda, los recursos autonómicos en unos 16.000 millones de euros en 2027.
El Ejecutivo también ha reformulado el concepto de población ajustada, el indicador utilizado para calcular las necesidades de financiación de cada territorio en función de variables demográficas, territoriales y del coste de prestación de los servicios públicos. En materia tributaria, el nuevo modelo incorpora, además, a la cesta de impuestos del sistema figuras como el impuesto de patrimonio, el impuesto sobre depósitos bancarios, el impuesto sobre actividades de juego y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero.
Por ahora, esta propuesta de Montero no ha contado con el respaldo de las comunidades autónomas salvo Cataluña. Varias autonomías denunciaron entonces que el modelo nacía “viciado” por el acuerdo previo alcanzado entre el Gobierno y ERC. Así, algunas comunidades llegaron incluso a plantear la vía judicial.
Aviso de Fedea
A este contexto se suma además la advertencia lanzada por Fedea sobre la situación financiera de las autonomías. En su informe anual sobre las cuentas regionales, el organismo alerta de que los “principales motivos de preocupación” son el elevado nivel de deuda acumulado por buena parte de las comunidades autónomas y el hecho de que la mejora reciente de sus cuentas públicas se apoya en factores “anómalos y difícilmente sostenibles”. Entre ellos, cita una inversión “atípicamente baja” y las subvenciones implícitas a los intereses de la deuda a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y otros mecanismos estatales de liquidez.
Fedea también advierte de que el gasto autonómico mantiene una elevada resistencia a la baja pese al fin de la pandemia y a la recuperación económica. De hecho, el informe concluye que el “gasto subyacente no parece querer volver a sus niveles prepandemia”, mientras el peso del gasto en el PIB sigue mostrando “una cierta resistencia a bajar”.