El PSOE y Sumar han logrado un acuerdo para la elaboración de un Real Decreto-Ley sobre vivienda que se prevé aprobar en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. Entre los puntos clave figuran la prórroga de los contratos de alquiler hasta el 2028, además de otras medidas ya anunciadas como la regulación del alquiler de temporada y el IVA del 21% para los pisos turísticos. Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales, consultado por Artículo14, destaca que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana castigará con más fuerza las segundas residencias.
Hasta ahora, la propiedad de una vivienda en la playa que permanecía cerrada la mayor parte del año no suponía un “recargo” adicional. El texto recoge que los ayuntamientos podrán establecer, para los bienes inmuebles urbanos -excluidos los de uso residencial- tipos diferenciados, que solo podrán aplicarse, como máximo, al 10% de los bienes inmuebles urbanos del término municipal que, para cada uso, tengan mayor valor catastral.
Aumenta el IBI
Sin embargo, el RDL incluye una modificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en la que señala que, en el caso de municipios ubicados en una zona de mercado residencial tensionado, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 100% de la cuota líquida del impuesto para los inmuebles desocupados -aquellos que permanezcan desocupados, de forma continuada y sin causa justificada, por un plazo superior a dos años-.
Si una vivienda en la playa de uso residencial supera un periodo de tres años sin una ocupación efectiva que rompa la continuidad, el inmueble pierde su “escudo” protector. En ese momento, los ayuntamientos podrán exigir recargos que pueden llegar al 50% de la cuota líquida para viviendas vacías durante más de dos años, y alcanzar el 100% si la desocupación supera los tres años. Además, para aquellos titulares con dos o más inmuebles desocupados en el mismo municipio, se permite un recargo adicional de 50 puntos.
Aumenta la carga fiscal en 2027
Uno de los mayores golpes al bolsillo de los propietarios viene de la mano del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El borrador elaborado por el Gobierno recoge que el mero hecho de tener un inmueble a disposición (que no sea la vivienda habitual ni esté alquilado) generará una renta imputable más alta.
Durante un periodo transitorio que abarca los ejercicios 2023, 2024, 2025 y 2026, se mantiene un porcentaje fijo de imputación del 1,1% para aquellos inmuebles cuyos valores catastrales hayan sido revisados a partir de 2012. No obstante, el escenario cambia a partir del 1 de enero de 2027.
La nueva normativa establece una escala progresiva basada en la suma de los valores catastrales de todos los inmuebles del titular (excluida la vivienda habitual). El castigo fiscal se gradúa de la siguiente forma: con un 1,1% para una suma de valores de hasta 100.000 euros; del 1,5% para el tramo entre 100.000,01 y 500.000 euros; del 2% (el máximo al que se llegaba hasta ahora) entre 500.000,01 y 1.000.000 de euros; y el nuevo tramo, del 3%, para patrimonios inmobiliarios que superen el millón de euros.
Prórroga del alquiler hasta 2028
Además, el Real Decreto-Ley incluye la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028, lo que podría beneficiar a cerca de cuatro millones de personas, además de prever la negociación de medidas anti-desahucios para personas vulnerables con los grupos parlamentarios.
Esta prórroga reforzada podrá ser solicitarda por aquellos inquilinos cuyos contratos vencen hasta el 30 de junio de 2028, lo que amplía en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias de esta medida.
Valoración del Partido Popular
Desde el Partido Popular, la coordinadora de Vivienda, Paloma Martín, ha denunciado en Artículo14 que el Gobierno utilice la Vivienda “cuando le cerca la corrupción”, alegando que “es un tema lo suficientemente serie como para usarlo de propaganda”.
Además, ha señalado que con este Real Decreto-Ley el Gobierno volverá a generar inseguridad jurídica tanto para propietarios como para inquilinos “como ya pasó con el anterior RDL que fue rechazado por el Congreso de los Diputados y cuyas causas de prórrogas de alquiler terminarán judicializadas”. Ahora, Martín asegura que el Ejecutivo se encuentra en la misma situación “sin tener garantizados los apoyos parlamentarios suficientes”.
En este sentido, ha asegurado que ni desde el PSOE ni desde Sumar se les ha consultado, “por lo que no hemos realizado aportaciones a este RDL”, y ha incidido en que su política “viene recogida en dos leyes que se aprobaron en el Senado (Ley del Suelo y Antiokupación) y que se encuentran en tramitación en el Congreso tras lograr los apoyos de Vox, PNV y Junts”.