El Gobierno tratará de atraer a Junts al proyecto de ley que reforma el modelo de financiación autonómica con enmiendas que penalicen a las comunidades que bajan impuestos, según refrendan a Artículo14 fuentes próximas a Hacienda. Esta medida, que se dirige especialmente contra la Comunidad de Madrid y que el Ministerio ha sugerido en alguna cita autonómica sin concretar y que este viernes no ha mencionado, se perfila como una de las balas en la recámara de Hacienda y puede ser clave para que la norma se apruebe.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se abrió el pasado enero por primera vez a topar las rebajas del IRPF dentro de las medidas contra lo que el Ejecutivo denomina dumping fiscal. En la rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que presentó a las comunidades este modelo de financiación que ha negociado con Oriol Junqueras, Montero mencionó por primera vez el IRPF preguntada por los medios por cómo sería este veto a las rebajas de impuestos. Y aparcó Sucesiones, un impuesto muy impopular.
Montero descartó subir Sucesiones
De hecho, negó haber mencionado una subida de Sucesiones, a pesar de que la contempló en algunas ocasiones, entre ellas, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el 4 de junio de 2024. La iniciativa ha sido además esbozada en el pacto de Gobierno con Sumar. Aunque Montero destacó que no había ninguna decisión tomada y que iba a escuchar propuestas, no sólo negó haber analizado esta especie de impuesto a grandes herencias –a imagen de lo que supone el impuesto a grandes fortunas respecto al Impuesto sobre el Patrimonio-, sino que mencionó incluso que ella misma rebajó Sucesiones en su última etapa de consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía.
Sobre el IRPF, planteó que se podrían considerar ciertas horquillas para topar rebajas. Se da la paradoja de que su propuesta de financiación plantea incrementar la cesión la cesión del IRPF del 50% al 55% -y del IVA del 50% al 56,5%- pero podría acabar reduciendo sus capacidades normativas.
Guión previsto
Finalmente esta medida no ha entrado en el texto final que propone el Gobierno y queda para la negociación parlamentaria. El Ejecutivo ha aprobado este viernes la reforma del modelo de financiación autonómica que ha pactado con ERC con el único voto de Cataluña y Canarias, la oposición de las socialistas Asturias y Castilla-La Mancha y grandes críticas de esta última. El proyecto de ley se aprobará en un Consejo de Ministros para su entrada en las Cortes. El CPFF que se ha celebrado este viernes en Madrid con este texto como orden del día tras posponerlo en julio ha arrancado con el plante de la Comunidad de Madrid y ha seguido el guión previsto.
Hacienda ha sacado adelante el texto gracias a que sólo necesita el voto de una comunidad autónoma para lograrlo, según los poderes que le da el reglamento del CPFF. Se ha añadido el de Canarias porque esta comunidad ha negociado bilateralmente mejoras en su financiación en las últimas semanas.
Las comunidades del PP excepto Madrid han acudido con un mensaje común de rechazo frontal y arropando a Ceuta. El ministro de Hacienda ha sostenido que las regiones populares no tienen un modelo alternativo y no saben si quieren negociar o no y que las propuestas que han hecho algunas se contradicen y perjudican a otras, para lo que ha señalado a Andalucía con un planteamiento de población ajustada que ha asegurado que es negativo para Castilla y León.
Críticas de PSOE y PP
Según ha sintetizado la consejera de Hacienda y vicepresidenta andaluza Carolina España: “Hemos dado un no claro y rotundo a un modelo que se ha negociado a espaldas de todos entre Pedro Sánchez y Junqueras, que no gobierna en ningún sitio”, a lo que ha añadido que se trata de un “chantaje a un gobierno débil para pagar favores políticos”, lo que ha tachado de “traición”.
También se opone al modelo Asturias, pero destacan las críticas de Castilla-La Mancha a la ordinalidad de un sistema “regresivo e impropio de un gobierno que se llama socialista”, según ha denunciado su consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz.
El consejero de Emiliano García Page ha advertido además de que se le ponen “los pelos de punta con la tramitación del proyecto de ley” y las enmiendas que los socios del Gobierno puedan introducir.
Preguntado por estas declaraciones, España se ha sorprendido por esta expresión y ha dicho que cuando era consejero de Hacienda (de la Comunidad Valenciana) lo que le ponía los pelos de punta era no llegar a atender sus necesidades financieras cada mes y no poder pagar nóminas, como ha señalado que le ocurrió con el FLA. Y ha dicho que no entiende que pueda dar miedo una tramitación parlamentaria y una negociación.