La crisis energética vuelve a convertirse en uno de los principales problemas para la industria española. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española estima que el encarecimiento del gas y la electricidad derivado de las tensiones en el Golfo Pérsico podría generar un sobrecoste cercano a los 7.400 millones de euros para el sector manufacturero entre el comienzo del conflicto y finales de 2026.
La organización, que agrupa a nueve de los principales sectores industriales del país, advierte de que la subida de los precios energéticos amenaza la competitividad de las fábricas españolas en un momento en el que también comienzan a aparecer señales de desaceleración de la actividad. Su reclamación es clara: mantener las medidas de apoyo existentes y aprobar actuaciones adicionales de mayor alcance.
El gas concentra más de 4.200 millones del sobrecoste
Los cálculos de la Alianza dividen el impacto de la crisis energética en dos grandes bloques. El encarecimiento del gas supondría aproximadamente 4.220 millones de euros adicionales para la industria manufacturera, mientras que el incremento del coste eléctrico añadiría otros 3.175 millones.
La estimación se ha elaborado utilizando la evolución y las cotizaciones futuras de los mercados TTF, referencia europea para el gas natural, y OMIE, operador del mercado mayorista eléctrico ibérico. No se trata, por tanto, de una factura ya abonada en su totalidad, sino de una proyección del impacto acumulado hasta final de año si se mantienen las actuales condiciones de mercado.
El deterioro se ha acelerado especialmente durante julio, agosto y septiembre. Según la organización empresarial, alrededor del 70% del impacto energético anual podría concentrarse durante los últimos cuatro meses de 2026, justo cuando aumenta además la proximidad del invierno y la presión sobre el consumo energético.
Ormuz agrava un problema que ya existía
El portavoz de la Alianza, Carlos Reinoso, insiste en que la actual crisis energética no explica por sí sola todos los problemas de competitividad de la industria española. “La crisis de Ormuz no ha originado los problemas de competitividad de la industria española, pero sí ha intensificado unas dificultades que ya veníamos afrontando”, señala.
El cierre y las restricciones en torno al estrecho de Ormuz han alterado los flujos internacionales de petróleo y gas natural licuado procedentes del Golfo Pérsico. Europa ha conseguido amortiguar parcialmente el impacto gracias al incremento de las importaciones de GNL desde Estados Unidos y a una menor demanda de gas que en anteriores crisis, pero los precios continúan sometidos a una importante presión.
El TTF europeo ha superado los 80 €/MWh durante septiembre. Al mismo tiempo, el mercado mayorista español de electricidad está registrando jornadas muy por encima de las referencias observadas hace un año. La Alianza sitúa la media de septiembre cerca de los 150 €/MWh, frente a aproximadamente 61 €/MWh durante el mismo mes de 2025.
Más de 5.000 millones de impacto entre septiembre y diciembre
El ritmo al que crecen los costes explica la preocupación industrial. Durante los primeros seis meses de la crisis energética, las empresas manufactureras habrían soportado un sobrecoste próximo a los 2.337 millones de euros por gas y electricidad, según las estimaciones de la Alianza.
Las cotizaciones actuales anticipan ahora más de 5.000 millones adicionales entre septiembre y diciembre. Es decir, la parte más dura de la factura podría concentrarse precisamente en el tramo final del ejercicio.
“Nos encontramos ante una situación excepcional que requiere medidas excepcionales”, afirma Reinoso. El portavoz considera que la industria ha demostrado capacidad para adaptarse, pero advierte de que resulta difícil “absorber en solitario un impacto energético de esta magnitud”.
La industria reclama nuevas medidas al Gobierno
La Alianza pide una respuesta coordinada entre las administraciones y las empresas para evitar que la crisis energética termine trasladándose a la producción, el empleo y las inversiones. La preocupación es especialmente elevada en sectores intensivos en consumo de electricidad y gas, donde la energía representa una parte sustancial de los costes operativos.
La organización ya había propuesto durante este año varias medidas estructurales para reducir la factura eléctrica industrial. Entre ellas figuran ampliar las bonificaciones fiscales sobre la electricidad, consolidar reducciones de peajes para grandes consumidores, maximizar las compensaciones por los costes indirectos del CO2 y modificar la forma en la que determinados costes del sistema eléctrico recaen sobre la industria.
Según sus cálculos previos, un paquete coordinado de estas características podría rebajar entre un 10% y un 30% los costes eléctricos industriales y reducir la distancia existente frente a competidores europeos.
La advertencia llega además en un momento especialmente sensible. La industria española compite directamente con productores de países donde los costes energéticos pueden ser inferiores o donde existen mecanismos públicos de apoyo más amplios. Un periodo prolongado de precios elevados puede terminar retrasando inversiones, reduciendo producción o desplazando nuevos proyectos hacia otros mercados.
La crisis energética vuelve así a convertirse en una cuestión industrial, no únicamente energética. Los 7.400 millones calculados por la Alianza muestran la dimensión potencial del impacto y explican por qué el sector reclama una respuesta urgente antes de que la presión de los mercados internacionales termine trasladándose de la factura energética a las fábricas, el empleo y la inversión.