El nuevo contrato de servicios de agencia de viajes de la Administración General del Estado, valorado en 604,8 millones de euros, se enfrenta a la oposición del sector. Nautalia, Sekai (Ávoris), CEAV, UNAV-FETAVE y GEBTA, esta última cuenta entre sus asociados con Viajes El Corte Inglés.
Las patronales han recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) distintos aspectos de la licitación destinada a gestionar los desplazamientos de ministerios, organismos y entidades públicas. La licitación, promovida por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, establece un contrato inicial de 18 meses para la prestación centralizada de estos servicios.
GEBTA, que agrupa a algunas de las principales compañías especializadas en viajes de empresa, cuestiona aspectos como la estructura de costes de la licitación, determinadas prestaciones que considera operativamente imposibles de cumplir y varias cláusulas que, a su juicio, podrían entrar en conflicto con la normativa sobre protección de datos, seguros y el reglamento de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
Entre sus principales objeciones se encuentra la falta de justificación de la estructura de costes y la exigencia de descuentos sobre determinados servicios. La patronal considera que algunas cláusulas podrían obligar a las empresas a presentar ofertas con precios que no cubran los costes reales de la prestación o reduzcan considerablemente el margen comercial.
Un contrato de 604,8 millones
También UNAV-FETAVE pone el foco en la configuración económica del concurso. La organización cuestiona que una parte significativa de la puntuación económica incentive la reducción de los cargos de gestión y la aplicación de descuentos sobre determinados servicios.
El contrato exige a las agencias una importante estructura de personal, medios tecnológicos, seguros, sistemas de atención y diferentes obligaciones de gestión y seguimiento. Por ello, UNAV-FETAVE reclama que los precios unitarios y los criterios establecidos por la Administración estén suficientemente justificados y permitan garantizar la sostenibilidad económica de la prestación.
La patronal cuestiona además la obligación de que al menos el 40% del personal adscrito al contrato sean mujeres. La organización precisa que su objeción no se dirige contra las políticas de igualdad, sino contra la imposición desde los pliegos de una determinada composición de las plantillas cuando, a su juicio, no está suficientemente justificada por las características concretas del servicio. Defiende, en este sentido, que estas condiciones deben respetar los principios de proporcionalidad y libertad de organización empresarial.
Otro de los puntos del recurso de UNAV-FETAVE se refiere a la habilitación empresarial exigible para ejercer profesionalmente la actividad de agencia de viajes. La patronal sostiene que una licitación cuyo objeto se define precisamente como servicios de agencia de viajes debe identificar de forma clara la habilitación sectorial necesaria y la normativa de la que deriva.
Aunque las comunidades autónomas utilizan diferentes sistemas administrativos —como declaraciones responsables, códigos identificativos u otras fórmulas equivalentes—, las empresas deben estar legalmente habilitadas para desarrollar esta actividad. La organización considera que esta cuestión cobra especial importancia en prestaciones que la legislación turística reserva a las agencias, entre ellas la mediación y organización de viajes combinados.
Cinco lotes y 18 meses de contrato
De los 604,8 millones de euros de valor estimado de la licitación, 189 millones corresponden a los 18 meses del periodo inicial del contrato. A esta cantidad se suman una posible modificación del 20%, valorada en 37,8 millones, y una eventual prórroga por otros 378 millones.
El concurso se divide en cinco lotes agrupados por ministerios y comprende la gestión de los desplazamientos de la Administración en avión, tren, barco, autobús o helicóptero. También incluye reservas de alojamiento, alquiler de vehículos, tramitación de visados internacionales, información sobre requisitos sanitarios y contratación de seguros.
La resolución de los recursos por parte del TACRC será ahora determinante para conocer si el nuevo procedimiento mantiene el calendario previsto o si queda suspendido. Por el momento, el plazo para presentar ofertas finaliza el próximo 16 de septiembre a las 14.00 horas.