La Comunidad de Madrid ha decidido no remitir al Gobierno central el registro de médicos objetores a la interrupción voluntaria del embarazo, incumpliendo así el plazo fijado por el Ministerio de Sanidad, que vencía este viernes. Según fuentes de la Consejería de Sanidad, el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso considera que solo atenderá una orden judicial y no una exigencia del Gobierno de Pedro Sánchez. “Preferimos que sea un tribunal quien nos lo indique, antes que un Gobierno sectario que no respeta nada ni a nadie”, señaló.
La Comunidad de Madrid defiende que el aborto debe ser “legal, seguro y poco frecuente”, y subraya que “no se puede perseguir ni señalar a nadie por abortar o no hacerlo, ni tampoco a quienes practican o no abortos”. El Ministerio de Sanidad había dado un plazo de 30 días para que las comunidades autónomas de Aragón, Baleares y Madrid crearan un registro con los médicos objetores de conciencia en los hospitales públicos, conforme a lo establecido por la ley. Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha confirmado que no cumplirá con este mandato, dejando la decisión en manos de los tribunales. “En la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar ni perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos”.