La Comunidad de Madrid ha anunciado una modificación de los servicios mínimos para los profesores que participan en la huelga indefinida de la enseñanza pública, iniciada el pasado 14 de octubre. La principal novedad afecta a los docentes de segundo de Bachillerato que imparten asignaturas incluidas en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), quienes deberán garantizar inicialmente el 50% de sus horas lectivas semanales. Este porcentaje aumentará progresivamente hasta alcanzar el 90% conforme se acerquen los exámenes universitarios.
El Gobierno autonómico presentó la propuesta este miércoles 11 de noviembre, después de que el Consejo de Gobierno examinara las modificaciones previstas. La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, dirigida por Mercedes Zarzalejo, considera necesario reforzar la actividad académica para evitar que la prolongación de las movilizaciones perjudique la preparación de los estudiantes.
Los nuevos servicios mínimos para los profesores todavía deben completar su tramitación. La orden se presentará al comité de huelga y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Por tanto, las nuevas obligaciones anunciadas no deben confundirse con las condiciones actualmente vigentes.
Hasta el 90% de las clases de las asignaturas de la PAU
La medida más significativa se concentra en segundo de Bachillerato, una etapa especialmente sensible porque sus estudiantes afrontarán las pruebas de acceso a la universidad al finalizar el curso. Según la propuesta regional, los docentes de materias evaluables en la PAU, como Lengua Castellana e Inglés, tendrán que impartir al menos la mitad de sus horas lectivas semanales, incluso durante la huelga.
La exigencia aumentará posteriormente hasta el 90%, aunque la Comunidad de Madrid todavía no ha concretado el calendario de aplicación de ese incremento. Este cambio en los servicios mínimos para los profesores pretende reducir las interrupciones en asignaturas cuyo contenido resulta determinante para la evaluación universitaria.
La modificación también establece un profesor por cada 70 alumnos en Bachillerato, Formación Profesional de grado medio y superior y cursos de especialización. Hasta ahora, estas enseñanzas estaban incluidas en las condiciones generales previstas para Secundaria.
En cambio, se mantendrán las dotaciones de un maestro por cada 50 escolares en los colegios y un profesor por cada 90 estudiantes en Secundaria y FP de grado básico. En los cursos finales de distintas etapas educativas se incorporará, además, un docente adicional por cada tres grupos.
Los profesores deberán avanzar en el temario si atienden a su clase habitual
Los nuevos servicios mínimos para los profesores también modificarán la organización de las jornadas lectivas. Cuando un docente designado para cubrir estos servicios atienda a su grupo habitual, deberá desarrollar las clases con normalidad y continuar avanzando en el programa académico previsto.
La situación será diferente cuando tenga que hacerse cargo de alumnos pertenecientes a otros grupos. En esos casos, su responsabilidad consistirá en ofrecer una atención educativa efectiva mediante actividades de repaso, lectura, cálculo o razonamiento matemático, sin sustituir íntegramente al profesor que haya decidido secundar la huelga.
La propuesta garantiza igualmente las actividades académicas que no puedan aplazarse, incluidas las evaluaciones, calificaciones, decisiones de promoción y titulación, reclamaciones y gestiones relacionadas con la PAU. También contempla las pruebas de acceso a determinados ciclos de Formación Profesional.
Planes de refuerzo para recuperar las clases perdidas
Paralelamente, la Consejería de Educación está preparando instrucciones específicas para ayudar a los centros a recuperar los contenidos afectados por los paros. La Administración quiere que los equipos directivos puedan identificar las horas lectivas perdidas en cada materia y reorganizar la programación del curso.
Entre las medidas previstas figuran planes individuales de refuerzo, mayor atención tutorial y orientación académica. También se contempla facilitar el acceso a bibliotecas y aulas de informática a los estudiantes que carezcan de recursos suficientes en sus domicilios.
Estas actuaciones tendrán especial importancia para quienes cursan los últimos años de cada etapa educativa y para los alumnos con necesidades específicas de apoyo. Las familias deberán recibir información sobre los planes adoptados por sus respectivos centros.
Los sindicatos rechazan la ampliación y anuncian acciones judiciales
La modificación de los servicios mínimos para los profesores ha provocado el rechazo del comité de huelga, que considera que las medidas anunciadas pueden limitar el ejercicio efectivo de este derecho. Sus representantes han comunicado que solicitarán medidas judiciales cautelarísimas para intentar suspender la nueva orden cuando sea aprobada.
El comité está convocado a una reunión telemática con la Consejería de Educación el viernes 13 de noviembre, a las 15.00 horas, para abordar la modificación. Los convocantes critican que la negociación se centre en los servicios mínimos mientras siguen pendientes sus reivindicaciones laborales.
Entre esas demandas figuran mejoras salariales, reducción de las horas lectivas, disminución del número de alumnos por aula y más recursos para la enseñanza pública. La huelga indefinida continúa, por tanto, sin un acuerdo que permita poner fin al conflicto.
El Gobierno madrileño defiende que su propuesta busca compatibilizar el derecho de huelga con la continuidad educativa. Los sindicatos, por su parte, sostienen que las nuevas exigencias podrían desvirtuar las movilizaciones. La publicación definitiva de la orden y la respuesta judicial determinarán cómo se aplicarán los nuevos servicios mínimos durante las próximas semanas.