PP y Vox han aprobado conjuntamente este jueves en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley (PNL) en la que reclaman al Gobierno central una “prioridad nacional” vinculada al “arraigo real, duradero y verificable“, aunque los populares han querido marcar distancias con el planteamiento inicial defendido por la formación de Santiago Abascal.
Se trata del primer acuerdo entre ambas formaciones en Madrid alrededor de uno de los conceptos centrales de los pactos de gobierno firmados por PP y Vox en Aragón y Extremadura. Sin embargo, el PP madrileño ha tratado de modular el alcance de esa expresión, insistiendo en que no puede interpretarse como una prioridad basada en la nacionalidad o el origen de las personas.
La iniciativa aprobada reclama una política migratoria “clara y responsable” y propone que el acceso a determinadas ayudas, subvenciones o prestaciones públicas tenga en cuenta factores como el arraigo, la cotización o la contribución al territorio.
El PP intenta alejarse del planteamiento más duro de Vox
En los pasillos de la Cámara, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, defendió que su partido mantiene la misma posición de siempre y aseguró que “prioridad nacional no significa nada” si no se concreta jurídicamente.
“Si se entiende como que los españoles, independientemente de su situación, tienen prioridad respecto a los extranjeros, independientemente de su situación, en muchos casos sería una cuestión legal que no podríamos compartir“, afirmó.
Frente a ello, el dirigente popular sostuvo que el concepto debe interpretarse desde el “arraigo” y no desde “el origen o la nacionalidad“, defendiendo políticas que premien a quienes “trabajan, cotizan y contribuyen” en la región.
Durante el debate parlamentario, la diputada popular Mónica García insistió también en esa idea y aseguró que el PP apuesta por una “prioridad nacional sí, pero la de siempre, la que marca el sentido común“.
Vox reivindica su propuesta original
Desde Vox, sin embargo, defendieron el concepto en términos mucho más amplios. La portavoz parlamentaria, Isabel Pérez Moñino, sostuvo que “los recursos no son infinitos” y defendió que el Estado debe decidir “en quién pone el foco“.
La iniciativa original presentada por Vox reclamaba “garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado del bienestar de los españoles“, además de plantear la expulsión de inmigrantes en situación irregular y limitar determinadas prestaciones sociales.
Pérez Moñino acusó además al PP madrileño de haber considerado “inconstitucional” este planteamiento mientras ya lo aplica en acuerdos alcanzados con Vox en otras comunidades autónomas.
PSOE y Más Madrid cargan contra el acuerdo
La oposición de izquierdas criticó duramente el pacto entre PP y Vox. Desde el PSOE, el diputado Juanjo Marcano acusó a los populares de “bailar al son que toca Vox” y vinculó el concepto de prioridad nacional con planteamientos xenófobos y excluyentes.
Por su parte, Más Madrid calificó la propuesta como una “estafa disfrazada de falso patriotismo” y acusó a Vox de querer “dinamitar la convivencia” en los barrios madrileños.
Pese a las diferencias expresadas públicamente durante el debate, el acuerdo entre PP y Vox permitió sacar adelante la iniciativa, aunque dejando patente el intento de los populares de suavizar y reinterpretar uno de los conceptos más polémicos defendidos por la formación de Santiago Abascal.