La tensión ha ido creciendo en Ceuta y amenaza con empeorar si no llegan soluciones inmediatas que permitan poner fin a la crisis migratoria. El malestar de una parte de la ciudadanía ha vuelto a trasladarse a las calles después de que más de dos mil ceutíes se hayan concentrado este miércoles por la tarde a las puertas de la Delegación del Gobierno para protestar contra la gestión del Ejecutivo central.
La movilización ha reflejado el hartazgo que se ha instalado entre una parte de la población tras semanas de crisis y de incertidumbre sobre la respuesta del Gobierno. Los manifestantes han denunciado lo que consideran una situación de “inacción” y han reclamado medidas con efecto inmediato, mientras continúa sin resolverse la situación de las personas migrantes que permanecen en Ceuta.

La protesta ha comenzado frente al Hospital Militar y ha ido creciendo a medida que los manifestantes se han incorporado a la marcha desde distintos puntos de la ciudad. Los participantes han acudido con banderas de España y de Ceuta y han coreado consignas como “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende” y “Ceuta no es un CETI”. También han reclamado la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
🚩 Doce detenidos en una emboscada a militares por un grupo de 30 inmigrantes: apedreados y golpeados#Ceuta #FronteraSur #Inmigración #Marruecos https://t.co/Wa7mf4yBKo
— El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) August 27, 2026
El punto de partida de la movilización ha sido la barriada de O’Donnell, frente al Hospital Militar, uno de los emplazamientos contemplados por el Gobierno central dentro del dispositivo de acogida diseñado tras la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio. Allí, los manifestantes han mostrado su rechazo a que este y otros espacios de la ciudad puedan ser utilizados para alojar a personas migrantes.
Desde O’Donnell, los ciudadanos han marchado hacia las Puertas del Campo, donde se han sumado nuevos participantes, antes de continuar hasta las inmediaciones de la Delegación del Gobierno. La movilización ha dado continuidad a la protagonizada el martes por centenares de ceutíes, que recorrieron diferentes barriadas para expresar también su malestar por la gestión de la crisis.

A su llegada a la Delegación del Gobierno, la protesta ha alcanzado su mayor dimensión. Más de dos mil personas se han congregado frente al edificio para denunciar la “inacción” del Ejecutivo y exigir una respuesta que permita aliviar la situación que atraviesa la ciudad. Los manifestantes han reclamado, además, el traslado a la Península de las personas migrantes que todavía permanecen en Ceuta.
La protesta, mientras Vivas se reunía con Torres
La concentración se ha producido, además, mientras en el interior de la Delegación del Gobierno se celebraba una reunión para abordar precisamente la situación derivada de la crisis migratoria. El encuentro ha estado presidido por el ministro de Política Territorial y coordinador del mando único, Ángel Víctor Torres, acompañado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En la reunión han participado representantes de los distintos ministerios implicados en la gestión de la crisis y miembros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, entre ellos su presidente, Juan Jesús Vivas. El objetivo ha sido coordinar las medidas adoptadas ante la situación generada tras la llegada masiva de personas migrantes a finales de julio.
Mientras los representantes institucionales abordaban la crisis en el interior, la protesta ha continuado a las puertas de la Delegación. La Policía Nacional ha desplegado un dispositivo de seguridad en los accesos al edificio ante la elevada concentración de ciudadanos y los agentes han vigilado especialmente las entradas para evitar que alguno de los manifestantes pudiera acceder al interior.
El malestar ciudadano se ha intensificado durante los últimos días pese a las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo central. El Gobierno ha matizado que instalaciones como polideportivos u otros equipamientos incluidos en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros únicamente se utilizarían en circunstancias excepcionales y mediante el consenso con las administraciones implicadas.

