La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concluido que la ley aprobada en 2021 bajo el Gobierno de Viktor Orbán vulnera los principios básicos de la Unión al restringir contenidos relacionados con la diversidad sexual y de género en escuelas y medios de comunicación. Sin embargo, Johanna Majercsik de Budapest Pride, una de las voces del colectivo en el país, lo expresa con claridad: “Una decisión judicial de la UE no tiene un impacto directo en ningún asunto”. En su valoración, el efecto concreto del fallo estará condicionado por la reacción institucional: “Todo depende de si la UE exigirá al nuevo Gobierno húngaro que derogue esta ley y de si Magyar cumplirá con esta solicitud”.
El tribunal europeo ha sido contundente al señalar que la normativa húngara contradice la identidad misma de la Unión, basada en el pluralismo y la igualdad. Considera que las medidas adoptadas son discriminatorias y estigmatizan a las personas LGTBI, al asociarlas con posibles daños para los menores. Además, rechaza el argumento de la protección de la infancia, subrayando que no puede utilizarse para justificar la discriminación por orientación sexual o identidad de género.
No obstante, el tiempo que ha tardado en llegar esta resolución también ha generado críticas. Desde Budapest Pride recuerdan que la ley fue aprobada en 2021 y que han tenido que esperar años para obtener una respuesta judicial. “Tuvimos que esperar cinco años para una decisión judicial, lo cual es muchísimo tiempo cuando hablamos de derechos humanos, es decir, de la vida de las personas”, señalan.
“La UE debe responder lo antes posible”
En este sentido, la organización subraya que el papel de Bruselas debe ir más allá de dictar sentencias. “La Unión Europea debe garantizar que los Estados miembros cumplan estrictamente todas las normas”, afirman, y añaden que “si un Estado miembro las vulnera mediante leyes contradictorias, la UE debe responder lo antes posible”. Para el colectivo, la credibilidad del proyecto europeo depende de su capacidad para hacer cumplir sus propios valores.
El escenario político en Hungría introduce, además, nuevas incertidumbres. La figura de Péter Magyar ha ganado relevancia, pero su postura respecto a los derechos LGTBI sigue siendo poco clara. Majercsik señala que “el programa del partido TISZA no menciona a la comunidad LGBTQ”. También critican la ambigüedad de sus declaraciones públicas: “Cuando dice que todo el mundo es libre de amar a quien quiera, siempre que no infrinja la ley, es difícil saber qué significa eso en la práctica”.
La falta de concreción genera dudas sobre posibles avances legislativos. “Es imposible concluir si pretende utilizar la legislación para permitir el matrimonio igualitario o la adopción por parejas del mismo sexo”, explican. Asimismo, subrayan que no hay información sobre su postura en cuestiones clave como el reconocimiento legal de género o el cambio de nombre.
“Nunca volvimos al armario”
A pesar del contexto político restrictivo, la comunidad LGTBI en Hungría ha mantenido su visibilidad en los últimos años. Desde la organización rechazan la idea de un retroceso en términos de presencia pública: “Nunca volvimos al armario. Ni la comunidad ni nuestra organización”. Prueba de ello es la continuidad de eventos como el Pride de Budapest, que se celebra cada año a pesar de las presiones gubernamentales.
“Cada año, Budapest Pride organiza su festival cultural y comunitario de un mes, que culmina en la marcha”, recuerdan. Además, destacan iniciativas recientes como la publicación de una antología literaria con motivo de su 30 aniversario o la organización de una conferencia internacional. “Todo esto ocurrió en un momento en que el Gobierno de Orban nos atacaba y amenazaba con prohibir la marcha del Pride”, añaden.
La sentencia del TJUE supone un respaldo institucional importante a estas reivindicaciones, pero no garantiza cambios inmediatos. El futuro dependerá de la interacción entre las instituciones europeas, el nuevo Gobierno húngaro que ha jurado este sábado su cargo y la presión de la sociedad civil. Como resume Budapest Pride, las decisiones judiciales son solo el primer paso, su verdadero valor radica en su aplicación efectiva.
El caso húngaro pone a prueba la capacidad de la Unión Europea para defender sus principios. Mientras tanto, quienes viven las consecuencias de estas políticas continúan organizándose y alzando la voz, recordando que, más allá de las sentencias, lo que está en juego son sus vidas cotidianas.