Decenas de miles de personas han marchado este sábado por las calles de Budapest en su 30º Desfile del Orgullo a pesar de las advertencias de “consecuencias legales” lanzadas por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
La marcha ha transcurrido con relativa normalidad, con un ambiente festivo, a pesar de la tensión, en medio de protestas de organizaciones conservadoras y de extrema derecha que denuncian la “propaganda” LGTBI y reivindican la protección de la infancia.
Las organizaciones convocantes, Amnistía Internacional Hungría, Sociedad Háttér, Comité de Helsinki Húngaro, la Fundación Misión Arcoíris y la Unión por las Libertades Civiles Húngara, han anunciado una participación récord. “Este evento ha sido uno de los hitos más importantes para la comunidad LGBTI”, Máté Hegedüs.
La marcha ha comenzado a las 15.00 horas en Buda, en el Parque del Ayuntamiento, y ha recorrido el bulevar del Museo, la plaza Kálvin y el bulevar Vamhaz para atravesar el río Danubio por el puente Szabadság, dejando una de las imágenes más icónicas del recorrido con un puente abarrotado. Al terminar la marcha están previstos discursos y actuaciones musicales vespertinas.
La Policía ha informado de que la marcha estaba prohibida amparándose en una nueva ley húngara sobre protección de menores que restringe las concentraciones que fomenten la homosexualidad. Orbán ha descartado cualquier posibilidad de violencia, pero ha advertido de posibles “consecuencias legales” para los asistentes.
“No se debe usar violencia física”, dijo Orbán, en una entrevista radiofónica en la que ha cargado contra el Ayuntamiento de Budapest, liderado por el alcalde y opositor Gergely Karácsony, por mantener la ciudad en un estado de “caos” y “bancarrota”.
El primer ministro húngaro ya había salido al paso el jueves en Bruselas de las críticas internacionales para señalar que Hungría es “un país civilizado en el que todo el mundo tiene el derecho a reunirse y a expresar su opinión”, si bien también resaltó que, por encima de cualquier derecho, debe estar “el derecho a la protección de los niños”.
Los asistentes podrían ser multados con hasta 500 euros cada uno y la Policía está autorizada para emplear programas de reconocimiento facial para identificarlos. Los convocantes, por su parte, se arriesgan a penas de hasta un año de prisión.
Entre los asistentes están la comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib, así como eurodiputados y diputados de varios países europeos, incluida la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, o el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.