Sudán del Sur vuelve a estar en el centro de una alarma humanitaria que crece lejos de los grandes focos internacionales: el aumento del tráfico de menores en rutas irregulares que, según las autoridades locales, pueden tener como destino final Europa. La combinación de pobreza extrema, conflicto armado, desplazamientos masivos y debilidad institucional ha creado un terreno fértil para las redes organizadas, que captan a niños, niñas y jóvenes con promesas de futuro y los empujan hacia viajes de enorme riesgo.
Entre marzo y abril, las fuerzas de seguridad sursudanesas informaron de varias operaciones de rescate e interceptación de menores en distintas zonas del país. Los casos han encendido las alarmas porque apuntan a una transformación del fenómeno. Ya no se trataría solo de movimientos aislados o decisiones desesperadas, sino de estructuras cada vez más organizadas, conectadas con rutas transnacionales y capaces de aprovecharse de familias sin recursos, niños desplazados y jóvenes sin expectativas.
La preocupación también ha llegado a Naciones Unidas. A comienzos de abril, la relatora especial de la ONU sobre la trata de personas, Siobhán Mullally, alertó de una escalada del tráfico vinculado al conflicto en Sudán del Sur y describió una crisis especialmente grave para los niños. Según Mullally, la persistencia de la violencia ha generado una emergencia humanitaria con ataques generalizados contra civiles y un impacto desproporcionado sobre la infancia.
Menores captados por la pobreza y la falta de oportunidades
Uno de los casos más recientes se produjo en Bahr el Gazal del Norte, en la zona septentrional del país. Allí, las fuerzas de seguridad interceptaron a nueve personas, cinco niñas y cuatro jóvenes, cuando intentaban cruzar hacia Libia a través de Sudán. Según las autoridades, el grupo habría partido del campamento de refugiados de Kakuma, en Kenia, y pretendía avanzar por una ruta migratoria irregular con Europa como destino final.
Las jóvenes procedían de distintos estados de Sudán del Sur, entre ellos Jonglei, Warrap y Bahr el Gazal del Norte. En sus testimonios aparece un patrón conocido en las crisis de tráfico de menores: la desesperación económica, la pérdida de familiares, la imposibilidad de estudiar y la promesa de encontrar una vida mejor lejos del país. “Perdí a mi padre y la vida se volvió extremadamente difícil. Ya no puedo continuar mis estudios”, declaró a EFE una de las jóvenes interceptadas.
El grupo permanece bajo custodia en Awiel mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades tratan de determinar si fueron víctimas de una red de trata que habría utilizado falsas promesas laborales para inducirlas a emprender el viaje. Ese mecanismo es habitual en contextos de vulnerabilidad. Se ofrece empleo, protección o una vía segura hacia otro país, pero el resultado puede terminar en explotación sexual, trabajo forzoso, servidumbre o reclutamiento por grupos armados.
La ruta hacia Europa como gancho para las redes
En otro episodio, las autoridades de Equatoria Oriental devolvieron a 14 niños interceptados en la frontera con Uganda. Los menores, que viajaban sin documentación, pretendían llegar a Europa a través de supuestas “zonas controladas por las Naciones Unidas”. Según las autoridades locales, habrían sido captados por redes organizadas que se aprovechan de la falta de información y de la fragilidad de las familias.
La idea de Europa funciona como un poderoso reclamo. Para muchos menores y jóvenes en situación de pobreza, desplazamiento o duelo familiar, el continente aparece como una promesa de seguridad y oportunidades. Las redes de tráfico de menores explotan precisamente esa esperanza. No necesitan siempre recurrir a la fuerza desde el primer momento. A menudo basta con el engaño, la manipulación o la promesa de un trayecto que nunca es tan seguro como se presenta.
El director de la policía de Equatoria Oriental, Marcillo James, señaló a EFE que estas redes actúan sobre comunidades con escaso acceso a información fiable y con enormes dificultades económicas. Las autoridades han pedido a la población que denuncie movimientos sospechosos y trabajan para reunir a los menores interceptados con sus familias.
Una crisis agravada por la guerra y el desplazamiento
El problema no puede entenderse sin el contexto general de Sudán del Sur. La ONU ha advertido de que el conflicto y los desplazamientos han aumentado los riesgos de trata. Mullally señaló que la llegada de 1,4 millones de personas que huyen de la guerra en Sudán se suma a una situación ya muy frágil, marcada por 1,9 millones de desplazados internos en Sudán del Sur.
En ese escenario, la infancia queda especialmente expuesta. La relatora denunció prácticas como la esclavitud sexual, los matrimonios infantiles y el reclutamiento forzado de menores. También advirtió de que estas violaciones pueden constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
El tráfico de menores no aparece, por tanto, como un delito aislado, sino como una consecuencia directa de la desprotección. Cuando una familia pierde su hogar, cuando un niño abandona la escuela, cuando una comunidad queda sin servicios básicos y cuando el acceso a la justicia es casi inexistente, las redes criminales encuentran un espacio para crecer.
Sin datos fiables y con una respuesta aún insuficiente
Una de las grandes dificultades es saber cuántos menores han sido realmente captados o explotados. Organizaciones de derechos humanos alertan de la falta de mecanismos sólidos de monitoreo, denuncia y protección. Las cifras disponibles son incompletas y probablemente no reflejan la dimensión real del problema. Datos locales citados por EFE apuntan a más de 5.500 casos sospechosos desde 2021, con un aumento de la explotación de menores, especialmente niñas.
La propia ONU ya había señalado en informes anteriores la urgencia de reforzar la prevención, la protección de las víctimas y la rendición de cuentas en Sudán del Sur. En su informe sobre el país, Mullally destacó la prevalencia de la trata en el contexto del conflicto y la necesidad de una respuesta coordinada, con enfoque de derechos humanos y atención específica al trauma sufrido por las víctimas.
Las autoridades sursudanesas reconocen limitaciones legales y judiciales. El subinspector general de policía, James Boi Yak, admitió a EFE que el marco normativo actual no basta para combatir con eficacia la trata y el tráfico ilícito de migrantes. Por eso se plantean reformas legislativas y más formación para jueces, fiscales y fuerzas de seguridad.
La advertencia es clara: si no se refuerzan los mecanismos de protección, el tráfico de menores puede seguir creciendo al calor de la guerra, la pobreza y las rutas migratorias irregulares. Y, mientras tanto, miles de niños seguirán atrapados entre la promesa de escapar y el riesgo de caer en manos de quienes convierten la desesperación en negocio.