El 28 de febrero de este año, comenzó una ofensiva militar por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán. Un día después y a modo de respuesta, Hizbulá -el partido político chií y grupo paramilitar apoyado por Irán- lanzó misiles contra ciudades israelíes. A continuación, el Gobierno israelí llevó a cabo un intenso ataque aéreo contra este actor armado que se ubica, principalmente, en Líbano. Las actuaciones militares se desplegaron, fundamentalmente, al sur del país y sobre ciertos barrios de Beirut. De este modo, se abría un nuevo frente de combate en el que las incursiones militares pasarían a ser una constante.
En este escenario bélico relativamente reciente, hay un día que se vislumbra como particularmente aciago: el 8 de abril. Durante aquel “Miércoles Negro” –calificado así por el propio país receptor de los ataques–, se efectuaron acciones bélicas contra zonas densamente pobladas, a pesar de que horas antes Estados Unidos e Irán habían logrado un cese temporal de las hostilidades, lo que (según Pakistán, figura clave en la mediación de este conflicto) incluía a Líbano. Así pues, el Ejército israelí –obviando la pausa fijada– realizó avisos de evacuación en el sur de Beirut, en la ciudad de Tiro, así como en el norte del río Zahrani para, a continuación, orquestar una operación militar relámpago caracterizada por una violencia extrema.
Máxima devastación en Líbano
La maniobra en cuestión duró tan sólo diez minutos, pero en ella se produjeron alrededor de 100 ataques aéreos coordinados. El resultado fue tan demoledor como incuestionable: Israel había cometido una auténtica masacre. Así lo puso de relieve la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuando constató, a los pocos días, que alrededor de 300 personas habían perecido y unas 1.150 resultaron heridas tras los bombardeos efectuados por Israel. Los hospitales quedaron rápidamente colapsados, las víctimas apenas podían ser debidamente asistidas, las ambulancias no daban abasto, etc. En resumen, el caos fue absoluto. En cuestión de segundos, el cielo se tornó de color negro y, minutos después, barrios anteriormente atestados fueron bruscamente silenciados. Edificios civiles quedaron, a su vez, severamente dañados. La devastación fue total.
La brutalidad e impacto de las acciones bélicas ejecutadas durante aquel día concuerdan con el nombre utilizado por las fuerzas israelíes a la hora de referirse a este “episodio”. El nombre de la operación, “Oscuridad Eterna”, no puede ser más acertado, ya que efectivamente sumió a buena parte del país a una profunda penumbra de la que no va a ser fácil salir. Sea como fuere, el conflicto siguió su curso. En todo caso, el 16 de abril, las partes enfrentadas acordaron -bajo el auspicio de Washington- un alto el fuego de diez días que se ha extendido por un periodo mayor. Los términos de esta pausa -que hoy se mantiene vigente- pivotan sobre tres ideas esenciales: 1) Israel tiene derecho a adoptar las medidas correspondientes en concepto de legítima defensa; 2) Líbano debe impedir que Hizbulá y otros grupos armados no estatales actúen contra Israel; y, por último, 3) las fuerzas libanesas deben ocuparse de la seguridad de su país.
El contenido de este acuerdo resulta altamente cuestionable. Así, por ejemplo, si se pone el foco en la primera premisa se advierte que el planteamiento dista de ser uno que pueda calificarse de equitativo para ambas partes, puesto que se reserva (como si ello fuera posible) el ejercicio de la legítima defensa a uno de los contendientes. No sólo es injusto este planteamiento, sino que además carece de relevancia jurídica. Resulta redundante y conceptualmente insostenible, puesto que la legítima defensa es un derecho que puede hacer valer cualquier Estado ante una amenaza inminente o en el caso de haber recibido un ataque previo. Así lo prevé la Carta de la ONU. La inclusión de esta cláusula no añade nada ni aporta contenido normativo adicional, pero sí refleja –de un modo sutil– la naturaleza asimétrica de esta clase de acuerdos que, desde la Casa Blanca, se promueven: instrumentos que no se articulan en doble sentido, sino en una sola y favorable dirección. Este modus operandi denota una desigualdad estructural entre las partes, así como una instrumentalización estratégica del marco jurídico internacional en favor de una de ellas.
Asimismo, resulta llamativo que en este pacto nada se diga acerca de la retirada de las Fuerzas Armadas israelíes del territorio libanés; un aspecto que sí ha sido contemplado en otros acuerdos similares entre, precisamente, las partes enfrentadas. Como resultado, las tropas siguen ahí emplazadas.
Concretamente, se encuentran en el sur, ocupando una franja de terreno que abarca los primeros 10 kilómetros desde la frontera libanesa hacia su interior. Este espacio está siendo considerado por Israel como una zona de seguridad (en inglés: security buffer zone). Para delimitar esta área, se ha trazado en el mapa una “línea amarilla” donde no sólo no se permite movimiento alguno, sino que además se está empleando fuego de artillería contra poblaciones en y/o próximas a aquélla. Además, en este espacio, se están destruyendo viviendas, escuelas y otras edificaciones; según parece, unas 1.400 infraestructuras han sido destruidas desde que arrancó la comentada contienda bélica. Las máquinas de demolición se encuentran a pleno rendimiento ante calles vacías y silenciosas que nadie osa pisar.
Israel se sitúa al margen del paréntesis de paz acordado, aprovechando la ocasión para fortalecerse en un territorio que no le corresponde. Ello pone de manifiesto una actuación marcada por una grave asimetría que conduce a la indignación y perplejidad de quienes observan, con sus propios ojos, cómo son despojados de sus casas y de sus tierras en un contexto -supuestamente- de paz que, en realidad, encubre la continuidad de la violencia.
Esta línea amarilla se asemeja a la que fue dibujada en la Franja de Gaza tras establecer el alto el fuego correspondiente. Dicha medida implicó una reducción considerable de su tamaño. Ahora, Israel está replicando esta misma hoja de ruta en el sur de Líbano. Sigue, por tanto, en su línea -valga la redundancia- de implementar maniobras sistemáticas de destrucción y de ocupación que -como no puede ser de otro modo- resultan contrarias a la normativa internacional. Da la impresión de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu se encuentra inmerso en una “necropolítica” que propicia la destrucción del territorio en el que actúa, así como la muerte y degradación progresiva de las condiciones de vida de las poblaciones afectadas. Todo ello bajo el parapeto de un alto el fuego que difícilmente puede calificarse como tal, máxime cuando se constata que los ataques israelíes continúan. Así pues, la mal llamada “tregua” no es más que una maniobra de distracción, destinada a proyectar una imagen de contención que no se corresponde con la realidad existente.
A modo de evocación histórica, cabe recordar que los fenicios asentados en el actual Líbano adoraban a Baal, la divinidad que logró imponerse a Yam, dios del mar, y a Mot, dios de la muerte y del inframundo. Fue venerada por los reinos fenicios. A través de su figura, estos grandes navegantes –guiados por las estrellas– vencieron al mar y al miedo, convirtiéndose en los “dueños” del Mediterráneo. Se cree que esta deidad era invocada cuando sus barcos salían de sus puertos, confiando en que no serían engullidos por el mar durante sus arriesgadas travesías comerciales. Tras varios milenios, es posible que este dios siga actuando a favor de sus descendientes; sin embargo, hoy no es el mar quien amenaza con devorarlos, sino la acción de Israel que no parece amedrentarse ante nada ni nadie. La supuesta tregua no es más que una farsa que corre el peligro de consolidar una realidad de ocupación, destrucción y sufrimiento prolongado, dando lugar a un escenario en el que ni siquiera los antiguos dioses se revelan capaces de proteger a quienes habitan las tierras que un día quedaron bajo su influjo.