La última Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) confirma un deterioro sin precedentes en un cuarto de siglo: nunca antes la media global había sido tan baja, ni tantos países habían estado en situaciones problemáticas. Más de la mitad del planeta —el 52,2 %— vive hoy en contextos donde informar es “difícil” o “muy grave” .
Este retroceso no responde a una única causa, sino a una combinación de factores que afectan de forma estructural al ejercicio del periodismo: leyes cada vez más restrictivas, presiones políticas, crisis económica de los medios y un entorno social más hostil. Pero en medio de este panorama general, el impacto diferencial cae sobre las mujeres periodistas, cada vez más expuestas a violencia y acoso.
El mayor desplome
Uno de los elementos más preocupantes del informe es el desplome del indicador legal, el que más ha empeorado en 2026. En más del 60% de los países analizados, las condiciones jurídicas para ejercer el periodismo han retrocedido.
El uso de leyes de seguridad nacional, normas antiterroristas o legislaciones contra la desinformación se ha convertido en una herramienta habitual para limitar la cobertura informativa. Esta tendencia, que antes se asociaba principalmente a regímenes autoritarios, se extiende ahora también a democracias consolidadas.
El resultado es una creciente criminalización del periodismo con reporteros investigados, procesados o encarcelados bajo acusaciones que, en muchos casos, buscan silenciar su trabajo. Ejemplos recientes se encuentran en países como India, Egipto o Filipinas, donde las leyes se utilizan para intimidar a periodistas independientes .
Violencia, guerras y represión
A esta presión legal se suma un contexto global marcado por conflictos armados y violencia estructural. En zonas como Oriente Medio o África subsahariana, la guerra continúa siendo un factor determinante. Desde 2023, más de 220 periodistas han sido asesinados en Gaza, muchos de ellos mientras ejercían su labor informativa .
En paralelo, regímenes cerrados como los de China, Corea del Norte o Eritrea mantienen un control absoluto sobre la información, consolidándose en los últimos puestos del ranking. En estos casos, la censura es total.
Sin embargo, incluso en países democráticos, la presión adopta formas más sutiles como las demandas judiciales intimidatorias, ataques políticos o recortes a medios públicos. Estas dinámicas contribuyen a debilitar la independencia editorial y a fomentar la autocensura.
El continente americano refleja con claridad este deterioro. Estados Unidos cae hasta el puesto 64 tras perder siete posiciones, en un contexto de ataques sistemáticos contra la prensa y recortes en medios públicos .
En América Latina, la situación es aún más delicada. Países como Ecuador o Perú experimentan descensos significativos vinculados a la violencia contra periodistas y al aumento de la presión política. En paralelo, contextos como Nicaragua o Cuba la profesión prácticamente desmantelada.
El avance del crimen organizado y la falta de protección institucional convierten a la región en una de las más peligrosas para ejercer el periodismo.
El caso de España
España tampoco escapa a esta tendencia global. En 2026 desciende hasta el puesto 29, seis posiciones menos que el año anterior, debido a un deterioro generalizado en todos los indicadores .
Entre los factores que explican esta caída destacan la precariedad económica del sector, la politización de los medios y el aumento de la presión judicial contra periodistas. Pero uno de los aspectos más significativos es el crecimiento de la violencia, especialmente en el entorno digital.
El informe subraya que el aumento del ciberacoso, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres periodistas. Estas profesionales sufren ataques más intensos, personalizados y sistemáticos, que en ocasiones trascienden el ámbito online y se trasladan a la vida real .
Esta violencia no solo pone en riesgo su seguridad, sino que también limita su participación en el espacio público y condiciona su trabajo informativo.
La libertad en un momento crítico
Aunque el informe global no se centra exclusivamente en el género, sí recoge casos que ilustran la situación de las mujeres periodistas en distintos contextos. En Burundi, por ejemplo, una periodista fue procesada por cargos relacionados con la seguridad nacional, mientras que en Filipinas la periodista Frenchie Mae Cumpio permanece encarcelada bajo acusaciones de terrorismo cuestionadas por la falta de pruebas.
A nivel global, la combinación de represión institucional y violencia digital genera un entorno especialmente adverso para ellas. La falta de mecanismos de protección eficaces —percibidos como inexistentes o insuficientes en más del 80 % de los países— agrava esta vulnerabilidad .
Veinticinco años después de la primera clasificación de RSF, la libertad de prensa atraviesa uno de sus momentos más críticos. Menos del 1 % de la población mundial vive en países donde la situación se considera “buena” .
Frente a este escenario, la organización advierte de la necesidad urgente de adoptar políticas activas de protección y de frenar la criminalización del periodismo. La pasividad, señala, equivale a complicidad.