La situación de los derechos LGBTIQ+ en Hungría está en un momento crítico. La reciente prohibición de la Marcha del Orgullo de Budapest, justo en su trigésima edición, evidencia el creciente retroceso en libertades fundamentales bajo el gobierno ultraderechista de Viktor Orbán. Desde la aprobación de la llamada “ley anti-propaganda” en 2021 hasta las nuevas reformas legales de este año, el espacio para la protesta pacífica y la visibilidad del colectivo LGBTIQ+ se ha visto gravemente restringido.
A pesar de ello, cientos de activistas y representantes políticos europeos, incluyendo ministros españoles y más de 70 eurodiputados, viajarán este sábado a la capital húngara para apoyar la marcha, desafiando la prohibición oficial y el riesgo de sanciones. Entre ellos, la delegación de Amnistía Internacional, formada por más de 200 personas de 17 países, que llevará un mensaje claro: los derechos LGBTIQ+ son derechos humanos y no se pueden censurar.
Para profundizar en el impacto de estas medidas y la respuesta internacional, Artículo14 habla con Bea Martos, coordinadora de diversidad de Amnistía Internacional en España.
-¿Cómo describiría la situación actual de los derechos LGBTIQ+ en Hungría, especialmente tras la aprobación de leyes que prohíben eventos como la Marcha del Orgullo?
-Lamentablemente en Hungría estamos viendo todo un retroceso en cuanto al derecho a la libertad de expresión, de asociación y también de los derechos de las personas LGTBIQ+, especialmente desde el año 2021, que fue el año en el cual se aprobó la ley de antipropaganda. Esto supuso una grave restricción a la visibilidad, a la información, a la sensibilización sobre la diversidad sexual, afectivo-sexual y de género. Que ha culminado con la aprobación en marzo de este año de un decreto ley, sin pasar por el Parlamento, en el que se han prohibido todas las manifestaciones públicas en defensa de los derechos LGTBIQ+. Incluyendo por supuesto la manifestación del Orgullo. A pesar de que lleva 29 años celebrándose en la capital húngara de manera completamente pacífica y sin altercados.
Nos encontramos con que en su trigésima edición, está prohibida, se ha declarado ilegal y veremos qué pasa. Todo en base a esta nueva ley aprobada en marzo y que entró en vigor en abril.
-¿Considera que estamos adecuadamente protegidos frente a estas restricciones en un país miembro de la UE?
-No, en absoluto estamos protegidos. Víctor Orban está llevando a cabo discursos y políticas cada vez más autoritarias, donde el derecho a la protesta, como comentaba, está en serio peligro. Al igual que los derechos sexuales y reproductivos, y también los derechos hacia las personas LGTBIQ+. Lo peor de esto es que hay países vecinos que están siguiendo su ejemplo. Nos encontramos con que en Eslovaquia también se han aprobado reformas para frenar los avances que ha habido o también se han aprobado blindajes a la Constitución para que no haya ningún tipo de avance.
Esto también lo hemos visto en Polonia, por ejemplo, donde desde 2019 se declararon zonas libres de personas LGTBIQ+, que aunque no son vinculantes, obviamente alimentan la retórica del odio. Hemos visto también retrocesos en Bulgaria, donde también se ha implementado el pin parental, es decir, que sean los progenitores los que den su beneplácito para que sus hijos e hijas reciban educación sexual en las escuelas. Con lo cual, no, no estamos en absoluto seguros o seguras, y además esto tiene un efecto dominó en los países vecinos.
-¿Cree que se está extendiendo? ¿Qué países podrían ser los siguientes?
-Yo espero que no se siga extendiendo, pero como digo, tenemos ejemplos de países vecinos, sobre todo Europa del Este: en Polonia, en Eslovaquia, en Bulgaria, en Georgia, en Rusia, también en Turquía. Esperemos que no se contagie a otros países, pero sí vemos cómo estas retóricas y discursos de odio que fomentan la discriminación hacia las personas por su orientación sexual o identidad de género están creciendo en todos los países europeos y está polarizando a las sociedades.
Son mensajes incendiarios que además se propagan muchísimo por las redes sociales, haciendo que se multipliquen a la velocidad del rayo. Y en este sentido también tienen responsabilidad las grandes empresas tecnológicas como Meta, que no están frenando este tipo de mensajes en sus plataformas.
-¿Por qué es especialmente importante estar presente en Hungría este sábado para la Marcha del Orgullo, a pesar de las prohibiciones y amenazas? ¿Qué mensaje se busca transmitir con esta participación?
-Como comentaba anteriormente, el Orgullo en Budapest lleva 29 años celebrándose de manera completamente pacífica e incluso festiva. Esta sería su trigésima edición. Esto es una prohibición muy grave en cualquier país, pero más en la Unión Europea, donde tenemos tratados suprarregionales de protección y defensa de los derechos humanos.
En ese sentido, desde Amnistía Internacional vamos a formar parte de una gran delegación. Vamos a ir 17 secciones, más de 70 personas, para mostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo tanto con las personas LGTBIQ+, como con las personas que no son LGTBI pero que aún así defienden sus derechos, y también en defensa del derecho a la libertad de expresión y de asociación. Esto es una de las acciones que hemos llevado a cabo, porque hemos recogido más de 120.000 firmas en más de 70 países, que fueron entregadas ayer a la policía de Budapest para exigirle que proteja a los manifestantes, que no disuelva y reprima la manifestación. También hemos llevado a cabo incidencia hacia la Comisión Europea y vamos a ver qué pasa. Pero el principal mensaje que queremos transmitir es que los derechos LGTBIQ+ son derechos humanos, que no vamos a permitir ningún retroceso y que les apoyamos en su resistencia a través de la solidaridad internacional.
-Se habló de que iban a poner cámaras con reconocimiento facial para poder identificar y sancionar a los posibles participantes. ¿Finalmente se aplicará? ¿Qué información tienen sobre eso y cómo condiciona la marcha?
-La información que tenemos, es que el Gobierno se reserva la posibilidad del despliegue de tecnología de reconocimiento biométrico para identificar a las personas tanto que asistan como que organicen estas manifestaciones. Las personas que asistan se enfrentan a multas y, por otra parte, las personas que lo organicen se pueden enfrentar incluso al encarcelamiento. Esto, por supuesto, contraviene el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pero bajo la excusa de la Seguridad Nacional podría ser implementado. También es una de las cuestiones a las que vamos a hacer un gran seguimiento.