El Parlamento británico debatirá este viernes una proposición de ley presentada por la diputada laborista Kim Leadbeater para legalizar en Inglaterra y Gales la muerte asistida, un tema controvertido que no ha prosperado en otras ocasiones en Reino Unido.
La Cámara de los Comunes (baja) debatirá en una sesión especial el texto propuesto por Leadbeater, lo que, en base a la normativa para este tipo de proposiciones, solo culminará en una votación si el pleno aprueba una moción en ese sentido.
Votación
Si los diputados votan a favor de la norma en esta primera fase, ésta proseguirá su trámite parlamentario con la presentación de enmiendas y escrutinio en la Cámara de los Lores (alta), previo a un voto final.
La llamada ‘Proposición de Ley de fin de vida para adultos con enfermedades terminales’ legalizaría en Inglaterra y Gales que los mayores de 18 años que padecen una enfermedad terminal reciban asistencia para morir. Escocia estudia una legislación propia y no hay planes en Irlanda del Norte.
Delito
A diferencia de otras propuestas anteriores, la iniciativa de Leadbeater, que tiene defensores y detractores, impone más requisitos a los interesados y convierte en delito, con penas de hasta 14 años, presionar, coartar o engañar a alguien para que se quite la vida o declare que quiere acabar con ella.
Los interesados deben ser residentes de Inglaterra o Gales y llevar al menos 12 meses registrados con un médico de cabecera, además de tener una expectativa de vida de menos de seis meses.
Capacidades mentales
Han de tener la capacidad mental para tomar la decisión y se debe considerar que han expresado un deseo “claro, firme e informado, libre de coerción o presión”.
Los afectados tendrán que hacer dos declaraciones separadas, con testigos y firmadas, sobre su deseo de morir, y dos médicos independientes deben certificar que la persona es candidata con siete días de diferencia entre sus evaluaciones.
Después, un juez del Tribunal Superior analizará la solicitud de muerte asistida, escuchando el testimonio de al menos uno de los médicos, y también podrá interrogar a la persona interesada o a cualquier otra si lo considera necesario.
Habrán de transcurrir 14 días antes de que pueda ser ejecutado su fallo, para que los enfermos puedan cambiar de opinión. Si su deceso se prevé inminente, se puede reducir el plazo a 48 horas.
¿Quién administra la medicación letal?
El texto a debate dispone que, aunque un médico podría preparar la sustancia letal, debe ser la persona misma quien la tome. Ningún profesional ni ninguna otra persona estarían autorizados a administrar la medicación. Los médicos tampoco estarían obligados a participar en el proceso.
El antiguo primer ministro conservador David Cameron se mostró este jueves a favor de la proposición de ley, al considerar que contiene suficientes garantías, pero otros destacados políticos se han opuesto públicamente, entre ellos el ex ‘premier’ laborista Gordon Brown y sus homólogas ‘tories’ Theresa May y Liz Truss.
Libertad de voto
Varios miembros del Gobierno laborista de Keir Starmer, que permitirá la libertad de voto en esta ocasión, se han pronunciado también en contra, y algunos médicos han puesto en duda que haya los recursos en la Sanidad pública para asumir la muerte asistida.
Si la ley fuera eventualmente aprobada, se cree que pasarían unos dos años antes de que pudiera entrar en vigor, a fin de continuar con las consultas y los preparativos para su correcta aplicación.