Erin Brockovich lleva más de treinta años escuchando la misma promesa en distintos rincones de Estados Unidos: “No hay nada de qué preocuparse”. La escuchó en los años noventa en Hinkley, California, cuando los vecinos sospechaban que el agua estaba enfermándolos. Y la escucha hoy en comunidades rurales y suburbanas donde crecen los centros de datos que sostienen la expansión de la inteligencia artificial. A sus 65 años, asegura reconocer el mismo patrón.
“Entonces nos dijeron que el agua era segura. No lo era”, repite la activista ambiental que se convirtió en símbolo internacional tras destapar el caso de contaminación por cromo hexavalente de Pacific Gas & Electric (PG&E). “Ahora vuelven a decirnos que todo está bajo control mientras construyen infraestructuras gigantescas alrededor de reservas de agua esenciales para pequeñas comunidades”.
El auge de la Inteligencia Artificial
Su nueva batalla apunta directamente al crecimiento explosivo de los centros de datos. El auge de la inteligencia artificial ha desencadenado una carrera multimillonaria por construir instalaciones capaces de alimentar modelos cada vez más potentes. Estados como Virginia, Texas, Arizona y California concentran buena parte de estos complejos industriales, enormes edificios llenos de servidores que requieren cantidades masivas de electricidad y agua para funcionar y mantenerse refrigerados.
Para las grandes tecnológicas, los centros de datos representan la columna vertebral de la economía digital del futuro. Para Brockovich, en cambio, son una amenaza ambiental que avanza mucho más rápido que las normas destinadas a supervisarla. Según apunta el problema es político. “Las decisiones se toman con opacidad y las comunidades descubren demasiado tarde el impacto real de estos proyectos”.
Erin Brockovich: “El problema es mucho mayor”
Esta semana lanzó un mapa de colaboración para localizar centros de datos y recopilar denuncias ciudadanas sobre consumo de agua, ruido, impacto energético y permisos urbanísticos. La respuesta, asegura, fue inmediata. “Mi página colapsó en cuestión de horas. Eso demuestra que el problema es mucho mayor de lo que muchos dirigentes quieren reconocer”.
Brockovich insiste en que no está en contra de la inteligencia artificial. Reconoce incluso que la IA puede ser útil para investigar riesgos ambientales. Su crítica apunta al modelo de expansión acelerada de las infraestructuras que la sostienen. “La tecnología no puede desarrollarse sacrificando comunidades enteras sin transparencia ni control público”, sostiene.
Los errores se repiten
En su discurso aparece de forma constante la repetición de viejos errores bajo una nueva narrativa tecnológica. Según explica, las comunidades más vulnerables vuelven a cargar con los costes ambientales mientras las empresas prometen progreso económico. “La urgencia tecnológica no puede sustituir las necesidades básicas de las personas”, advierte.
Las preocupaciones que enumera son concretas. La primera es energética. Los centros de datos consumen enormes cantidades de electricidad y, en algunos estados, las autoridades ya debaten si la demanda derivada de la inteligencia artificial está aumentando las tarifas domésticas y prolongando la dependencia de combustibles fósiles. Algunas compañías eléctricas estudian ampliar plantas de gas para responder al crecimiento de estas instalaciones.
El futuro del agua
La segunda preocupación es el agua. Los sistemas de refrigeración de grandes centros tecnológicos pueden utilizar millones de litros al año. En regiones golpeadas por la sequía, especialmente en el oeste estadounidense, el debate adquiere una dimensión política y social mucho más profunda. Para Brockovich, el agua sigue siendo la gran línea roja.
El tema tiene un significado personal inevitable. Fue precisamente el agua la que cambió su vida hace más de tres décadas.
Quién es Erin Brockovich
En 1992 era una madre soltera con tres hijos, dos divorcios y graves problemas económicos. Había trabajado en concursos de belleza y sobrevivía con dificultades después de perder un juicio relacionado con un accidente de tráfico. El abogado Ed Masry, que la había representado, terminó contratándola como auxiliar administrativa en su despacho. Allí encontró unos documentos médicos mezclados con expedientes inmobiliarios y comenzó a investigar.
Lo que descubrió transformó el activismo ambiental en Estados Unidos. Durante años, PG&E había vertido cromo hexavalente, un compuesto químico cancerígeno, en las aguas subterráneas de Hinkley. Los vecinos sufrían cánceres, hemorragias nasales, erupciones cutáneas y abortos espontáneos. Brockovich recorrió casa por casa recopilando testimonios hasta construir una demanda colectiva histórica. En 1996, la empresa aceptó pagar 333 millones de dólares, entonces el mayor acuerdo judicial de este tipo en el país.
Más que una película
La historia alcanzó dimensión mundial gracias a la película Erin Brockovich (2000), dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Julia Roberts, quien ganó el Oscar por su interpretación. Brockovich apareció incluso brevemente en la película como una camarera llamada Julia. El éxito la convirtió en celebridad internacional y en referencia para una nueva generación de activistas ambientales.
Pero la exposición pública también tuvo costes personales. Ella misma ha reconocido que la fama afectó profundamente a su familia y alteró su vida privada. Aun así, nunca abandonó el activismo. Desde entonces ha asesorado casos de contaminación en Flint, Michigan, California, Australia y otras regiones afectadas por crisis ambientales. También ha denunciado vertidos industriales y acuerdos opacos entre compañías y administraciones públicas.
En 2020 publicó Superman’s Not Coming, un libro centrado en la crisis del agua en Estados Unidos y en la necesidad de que las comunidades se organizen para defenderse. El mensaje de fondo invita a los ciudadanos a mantenerse en vigilancia constante frente a intereses económicos cada vez más poderosos.
La importancia de la política local en Estados Unidos
Ahora considera que el auge de los centros de datos reproduce exactamente esa lógica. Según explica, muchas decisiones se aprueban antes de que los vecinos sepan siquiera que existe un proyecto. “Cuando la comunidad descubre lo que está ocurriendo, los permisos ya están firmados”, alerta.
Por eso insiste en la importancia de la política local. Cree que ayuntamientos y autoridades regionales deberían imponer límites más estrictos mediante regulaciones urbanísticas, estudios de impacto ambiental, restricciones de consumo de agua y distancias mínimas respecto a viviendas y escuelas.
Uno de los ejemplos que cita con frecuencia es el de Maine. Allí se impulsó una moratoria para grandes centros de datos superiores a 20 megavatios hasta 2027, aunque la gobernadora Janet Mills terminó vetándola por discrepancias sobre ciertas excepciones. Para Brockovich, el simple hecho de que exista ese debate demuestra que la preocupación ya no es marginal. “Esto no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de comunidades”, afirma.
También cuestiona la narrativa económica que acompaña estos proyectos. Muchas localidades aceptan enormes consumos de recursos a cambio de un número reducido de empleos permanentes. “Cuando prometen prosperidad, pregunten cuántos puestos reales van a crear y exijan que quede por escrito”, reclama.
Además del agua y la electricidad, alerta sobre otros aspectos menos visibles como son los residuos electrónicos derivados de la rápida obsolescencia tecnológica, la contaminación acústica provocada por sistemas permanentes de ventilación y los riesgos asociados a grandes instalaciones de baterías de litio. Recuerda el incendio de una planta cercana a Monterey, California, como ejemplo de que estas infraestructuras “no son neutras”.
Erin Brockovich contra la opacidad corporativa
Su mensaje sigue siendo el mismo que defendía en Hinkley hace treinta años. “Hay que desconfiar de la opacidad corporativa y exigir información antes de que los daños sean irreversibles. La diferencia es que ahora el conflicto gira alrededor de la infraestructura física que sostiene la revolución tecnológica global. La urgencia no puede convertirse en una excusa para redactar leyes a medida de las empresas”, resume.
Brockovich sabe que enfrenta intereses infinitamente más poderosos que los de entonces. La inteligencia artificial mueve inversiones multimillonarias y se ha convertido en prioridad estratégica para gobiernos y gigantes tecnológicos. Pero ella recuerda la lección que aprendió recorriendo las calles polvorientas de Hinkley: “Para proteger un lugar, lo primero es saber qué hay realmente en él”.