Mientras las grandes capitales europeas buscan fórmulas para frenar unos alquileres cada vez más difíciles de asumir, Viena lleva décadas aplicando una receta propia. La ciudad austriaca ha convertido la vivienda pública y protegida en una pieza estructural de su mercado inmobiliario, hasta el punto de que más de la mitad de sus habitantes reside en pisos municipales o cooperativas subvencionadas.
Viena posee alrededor de 220.000 viviendas de alquiler social y otras aproximadamente 200.000 pertenecen a cooperativas levantadas con apoyo público. En total, la vivienda social representa en torno al 43% del millón de hogares de la capital. Si se suman ambos sistemas, más de la mitad de los vieneses tiene acceso a alguna modalidad de vivienda protegida.
Un modelo que nació hace un siglo
Sus raíces se remontan a la década de 1920, durante el periodo conocido como la “Viena Roja”. Tras la Primera Guerra Mundial y la desaparición del Imperio austrohúngaro, la ciudad recibió a miles de personas mientras afrontaba una grave escasez de vivienda.
El gobierno socialdemócrata respondió con un enorme programa de construcción financiado, entre otras vías, mediante impuestos progresivos que gravaban determinados bienes y actividades considerados de lujo. Antes de 1934 se habían levantado alrededor de 65.000 viviendas sociales.
De aquella época quedan algunos de los edificios más reconocibles de la capital. El Karl Marx-Hof, en el distrito 19, es probablemente el ejemplo más conocido. Los complejos no fueron concebidos únicamente como bloques donde concentrar a las familias con menos recursos, sino como espacios residenciales integrados en la ciudad, con patios interiores y servicios comunitarios.
En Viena, la vivienda social no está reservada exclusivamente a las rentas más bajas. La ciudad intenta mezclar hogares con distintos niveles de ingresos para evitar que determinados barrios terminen asociados exclusivamente a situaciones de pobreza.
Los límites económicos para acceder al sistema son, además, relativamente amplios. Una persona sola puede solicitar una vivienda municipal siempre que sus ingresos anuales no superen los 57.600 euros; para hogares de dos personas, el máximo asciende a 85.830. Y hay otra particularidad: si los ingresos aumentan después de conseguir el piso, el Ayuntamiento no obliga al inquilino a abandonarlo.
Construir, pero también conservar
Otra de las claves está en que Viena ha mantenido gran parte de su parque público. Mientras otras ciudades europeas redujeron su vivienda social mediante procesos de privatización, la capital austriaca conservó una proporción relativamente estable desde los años noventa y continuó desarrollando vivienda a través de asociaciones de lucro limitado.
La financiación tampoco depende únicamente del presupuesto municipal. Una parte de los recursos procede de una contribución equivalente al 1% de los salarios, destinada al sistema de vivienda. Como resultado los nuevos alquileres dentro del sector municipal y de las asociaciones de lucro limitado cuestan alrededor de un 30% menos que los del mercado privado.
Pero Viena tampoco es inmune a los problemas que afectan al resto de Europa. Para solicitar vivienda social es necesario haber residido de manera permanente en la ciudad durante al menos dos años. Quienes llegan por primera vez suelen depender del mercado privado, donde los precios también han aumentado durante las últimas décadas.
La fórmula vienesa está lejos de ser perfecta, pero mientras otras capitales buscan ahora cómo recuperar pisos asequibles, Viena parte con cien años de ventaja.