Si el inicio del curso escolar solía ser cuando las familias se preocupaban por la compra de material didáctico o por qué deporte elegir para sus hijos, el dilema en París pasó a ser otro, y de gran calado: ¿inscribir o no a su hijo en el tiempo no lectivo de la escuela (comedor, siesta y actividades extraescolares), ya que allí se concentra una parte importante de casos de violencia sexual que sacaron a público?
Según la Fiscalía, una de cada tres escuelas públicas de infantil en la capital, y una de cada seis en primaria estarían afectadas por investigaciones penales por sospechas de violencia contra menores, incluyendo delitos sexuales. La mayor parte de los hechos ocurren fuera del aula, en lo que en Francia se llama tiempo “périscolaire”.
La alcaldía, responsable de gestionar el servicio extraescolar y contratar a sus monitores (los profesores dependen del Ministerio de Educación), sigue en el punto de mira. Convocada a declarar ante el Senado, la exalcaldesa Anne Hidalgo declaró desconocer la magnitud del problema; asimismo, afirmó que en 2015, tras ser informada de algunos sucesos que implicaban violencia sexual contra menores en distintos servicios municipales, encargó un informe que dio lugar a 50 medidas preventivas.
La actitud despectiva de Hidalgo
“Ella tuvo una actitud muy despectiva, no se ha dignado ni a disculparse ante las familias y, sobre todo, habló de responsabilidad colectiva sin asumir nunca la suya”, relató a Artículo14 Anne, quien prefiere no comunicar sus apellidos. Madre de dos hijas que hoy tienen 9 y 12 años, cuenta que en 2021 se encontró, junto con otras madres, con casos de violencia física en los servicios extraescolares de los colegios de sus hijas. “Nos dimos cuenta de que la gestión era muy deficiente. Enseguida comprendimos que se trataba de un problema sistémico”. Decidieron fundar entonces un colectivo, el SOS Périscolaire.
Durante ese tiempo, el único interlocutor del Ayuntamiento de París insistió en que se trataba de casos aislados. Hasta que ellas acudieron a una reunión con familias cuyos niños y niñas habían sido presuntas víctimas de violencia física o sexual. El Ayuntamiento, según reveló a la prensa Elisabeth Guthmann, otra integrante del grupo, ya no aceptó recibirlas.
Los fallos del sistema
En la comisión de investigación del Senado, ni Hidalgo ni su antiguo delfín y ahora sucesor, Emmanuel Grégoire, lograron explicar por qué la mitad de las recomendaciones formuladas hace una década siguen sin aplicarse plenamente. Entre ellas, la formación de todos los agentes, la detección de señales de alerta, la información a las familias y el control de antecedentes. Muchas veces, monitores sospechosos eran simplemente trasladados a otros colegios; si no gozaban del estatuto de funcionarios, eran apartados del servicio, pero podrían ser contratados por otras escuelas que desconocían sus antecedentes.
Grégoire ha intentado desmarcarse de su antecesora. Durante la campaña para las municipales, se mostró dispuesto a escuchar a las víctimas y confesó haber sido él mismo víctima de abuso sexual en la infancia. Tras su victoria en marzo pasado, convocó una asamblea ciudadana para evaluar los fallos del sistema.
“Él tuvo una actitud más humilde y tiene voluntad política, se nota, pero tampoco asume la responsabilidad por lo que pasó”, asevera Anne.
Ante el Senado, el socialista cifró en números los cambios desde que llegó al Hôtel de Ville: 195 agentes de extraescolar habían sido suspendidos, 74 de ellos por sospechas de violencia sexual, cerca del 38%. El anuncio vino justo en la semana en que se conoció la primera condena de un monitor: 5 años de prisión, aunque solo uno de ellos de cumplimiento efectivo con brazalete electrónico, por agresiones sexuales contra nueve menores en un colegio de primaria del distrito XV.
Pero esos números no alcanzan para aplacar la cólera de las familias. Tras el fin de las audiencias en la Cámara Alta, quince familias vinculadas a otro colectivo, MeTooEcole, presentaron denuncias penales contra la Administración parisina. Las asociaciones insisten en que la violencia sexual no se restringe a París, aunque la ciudad concentre el mayor número de escuelas.
Muchas no tienen más remedio ante el riesgo de exponer a sus hijos que hacerse cargo de sus niños fuera de los horarios de enseñanza oficial -los miércoles, por ejemplo-. Gestionar la nueva agenda demanda una serie de esfuerzos financieros, logísticos y profesionales, como contratar cuidadoras o reducir la jornada laboral.
La precariedad laboral
En 2025, de los 10.259 agentes que trabajaban en el “périscolaire”, un 41% o 4.290 eran temporales, los llamados “vacataires”, al que les pagan por horas, en general fragmentadas a lo largo de la semana o durante las vacaciones escolares.
“Con un sueldo tan bajo y horarios fragmentados, casi no hay candidatos”, afirma Anne. “Los jóvenes estudiantes prefieren trabajar en un fast food antes que como monitores en escuelas”, añade.
El camino parece largo. “Necesitamos un verdadero cambio de mentalidad: valorar a las personas que se ocupan de los niños”, comenta la representante de la asociación. Sueldos más atractivos, mayor estabilidad laboral, formación y posibilidades de carrera figuran entre las medidas que podrían, según actores del sector, prevenir la violencia y aumentar la calidad del servicio. Pero ello conlleva un presupuesto también acorde. En una Francia endeudada -París acumula una deuda de unos 9.700 millones de euros-, eso parece cada vez más difícil.
Falta de transparencia
La alta rotación del personal y la falta de comunicación hace que niños y familiares no sepan quién está en contacto con ellos. Para las madres que lideran este combate, una medida esencial para prevenir la violencia es algo tan simple como la obligatoriedad del “trobinoscope”, un panel con fotografías que permite identificar a los agentes que trabajan en la escuela.
“Muchos tienen miedo de ser injustamente denunciados, o de que los padres difundan sus fotos en redes sociales y les expongan”, justifica Anne. Para ella, el rechazo a identificar a los agentes también refleja la desconfianza hacia la palabra de los niños. “Cuando sufren una violencia, los niños no se la inventan”, sostiene.
Otras medidas incluyen reforzar el control de los antecedentes judiciales de quienes trabajan con menores y ampliar el acceso de los empleadores al fichero judicial de autores de infracciones sexuales o violentas, así como la obligatoriedad de la Justicia de informar a la Administración si un empleado está siendo investigado o ha sido condenado por este tipo de delitos.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.