“Hacemos posible lo imposible”, promociona la agencia Gestlife, que ofrece a padres interesados en la gestación subrogada posibles destinos para procesos de gestación de bebés. Este controvertido modelo de maternidad se basa en un acuerdo, en que una mujer gesta un bebé para otra persona o pareja, que asumen tras el parto la responsabilidad parental de la criatura
A falta de un consenso internacional sobre este modelo de paternidad, la gestación subrogada divide a países que la prohíben o la admiten. En algunos países existe una ley detallada; en otros, la práctica se tolera por ausencia de regulación; y en otros, la autorización depende de cada estado, provincia o tribunal.
Veto total a la gestación subrogada
Hay países donde existe una prohibición expresa, lo que significa que la gestación subrogada está totalmente vetada. También puede darse una prohibición indirecta, pero establece que la madre legal es la mujer que da a luz o impide que las clínicas realicen esos tratamientos. España, Italia, Francia, Alemania, Suiza, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, China y Turquía figuran en esta categoría.
Bajo la etiqueta de “autorización altruista regulada”, se produce un cierto limbo legal, en que se permite este modelo con ciertos límites: ausencia de beneficio económico, controles médicos y, en algunos casos, requerimiento de autorización judicial. Aquí figuran países como Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Grecia, Portugal, Sudáfrica, Israel y algunos países europeos. Algunos países si aportan reembolso de gastos médicos, desplazamientos u otros gastos indirectos relacionados con la gestación.
En los países que admiten la autorización comercial, la gestación subrogada permite que la gestante reciba una remuneración pactada, además del reembolso de gastos. En este modelo, la clínica o agencia coordina el proceso, la gestante firma un acuerdo, los futuros progenitores pagan la cantidad pactada y la filiación puede atribuirse directamente a los padres intencionales o fijarse mediante proceso judicial. Algunos estados de los Estados Unidos, Georgia y Ucrania figuran en esta categoría.
Zona gris
La última categoría la comprenden los países que se mueven en la zona gris de ausencia de regulación, donde la práctica no está expresamente prohibida, pero tampoco existe un marco legal uniforme sobre la cuestión. Aquí se encuentran países como Bélgica, República Checa, Irlanda y otros países. En estos casos las clínicas aceptan peticiones, y la filiación suele resolverse después del nacimiento del bebé. Cada hospital o sistema judicial adopta una interpretación distinta sobre la materia.
Que no exista prohibición no significa que la gestación subrogada esté legalizada y protegida. En un país sin regulación clara, los futuros progenitores pueden encontrar una clínica dispuesta a iniciar el proceso, pero no tener garantías de que el contrato se respete o de que la filiación se reconozca automáticamente por las autoridades locales.
Una forma más de violencia de género
Gracias a los avances de la ciencia, más personas y parejas optan por esta vía ya que no pueden tener hijos por sí mismas, ya sea por problemas de fertilidad o incapacidad de gestar, como ocurre en el caso de los hombres. Quienes defienden esta práctica alegan que esto permite formar una familia a quienes naturalmente no pueden, pero los detractores protestan que se trata de un sistema de explotación del cuerpo de la mujer y una forma más de violencia de género.
Al debate ético también se añade el económico. La gestación subrogada se ha convertido en una industria que mueve altas sumas de dinero a nivel internacional, donde agencias y abogados que ayudan en el proceso cobran por sus servicios. Los críticos alegan que, de este modo, los futuros niños se convierten en artículos de consumo. En España, donde está prohibida, el Tribunal Supremo falló en 2022 que los contratos de gestación subrogada son nulos de pleno derecho porque vulneran los derechos fundamentales de la mujer gestante y del niño gestado.
Explotación a cambio de dinero
Los críticos con esta vía de paternidad alegan que, en ocasiones, los interesados se aprovechan de las carencias económicas de las madres gestantes. Según la BBC, en algunos casos se llegan a pagar sumas de hasta 120.000 dólares. No obstante, la mexicana Mara Esbeydi declaró a este mismo medio que ella fue gestante en dos ocasiones “porque los beneficios son mutuos, son beneficios para tu familia y para la nueva familia que estás ayudando a crear. Esto no es una explotación, tú tienes la capacidad de elegir, es una decisión que se toma a conciencia”.
“Solo desde condiciones de justicia e igualdad entre padres contratantes y madre portadora es posible el respeto a la autonomía, evitando la instrumentalización y explotación de la mujer”, argumentan los expertos en bioética Diego García Capilla y Salvador Cayuela Sánchez.