El caos en la región de Los Ángeles empezó el viernes pasado, cuando agentes federales de EE UU empezaron una búsqueda de trabajadores que sospechaban que eran inmigrantes ilegales. Las fuerzas de antidisturbios fueron confrontadas por manifestantes, que empezaron a lanzar huevos y objetos a los agentes, en una de las medidas más polémicas ordenadas por el presidente Donald Trump para perseguir a extranjeros en Estados Unidos.
Las redadas policiales contra inmigrantes, como la ocurrida la semana pasada en un edificio en construcción en Tallahassee, en que decenas de agentes enmascarados cargaron en un autobús a docenas de migrantes para encerrarlos en un centro de detención, han desatado la polémica en el país. En Nueva Orleans, San Diego o Massachussets se produjeron escenas similares, que provocaron la rabia de ciudadanos que se confrontaron a los agentes.
Oleada de redadas de Trump
Las redadas marcan una nueva fase de la ofensiva migratoria de la Administración Trump, en la que las autoridades afirman que se centrarán cada vez más en los lugares de trabajo, motivo por el que millones de personas han cruzado la frontera ilegalmente durante décadas.
El gobernador de California, Gavin Newsom, considera que “este es un momento extraordinario, estamos ante palabras de un líder autoritario”. Trump amenazó a Newsom y a la alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass con ser arrestados si no colaboran con la política del gobierno central. Este lunes, el estado de California demandó a la Administración Trump por autorizar el despliegue de agentes contra su voluntad.
Trump advierte: esto es solo el principio
Pero Trump avisa: esto es solo el principio de una escalada potencial, que podría culminar en el despliegue de cientos de marines. Newsom y otros líderes demócratas consideran que la estrategia pretende fomentar las protestas y generar imágenes de grandes ciudades sumergidas en el caos, para así distraer a la ciudadanía del seísmo económico que vive el país o la reciente disputa con Elon Musk. “Nos vamos a oponer firmemente”, avanzó Newsom.
La orden de desplegar a 2.000 agentes de la Guardia Nacional, que hasta el lunes ya realizaron más de 44 arrestos, aumentaron el temor a deportaciones masivas y violencia extendida en otros estados. Trump consideró que los gobiernos locales no lograron lidiar con los altercados, por lo que prometió que “solventaremos el problema de los alborotadores como es debido”.
El último despliegue sin orden del gobernador
La analista Elizabeth Goitein, directora del Liberty and National Security Program del Centro Brennan de Justicia, recordó que la última vez que se ordenó el despliegue de agentes federales sin orden del gobierno estatal fue en 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson mandó agentes para proteger a manifestantes en Alabama, liderados por el activista Martin Luther King, defensor de los derechos de los afroamericanos.
En declaraciones a la CNN, Goitein consideró como “extremadamente rara” la orden de Trump, que ni aplicó la “Act de Insurrección” usada entonces por el expresidente Johnson. Históricamente, los presidentes han federalizado el despliegue de la Guardia Nacional cuando lo solicita un gobernador cuyos recursos están desbordados, como durante los disturbios de Los Ángeles o las secuelas del huracán Katrina en Luisiana.
La sobrerreacción de Trump
“No es racional por lo que estamos viendo”, consideró Juliette Kayyem, analista en seguridad nacional de la CNN. Consideró de “extrema sobrerreacción” la orden de Trump: “este escenario, con algo de violencia urbana lidiada directamente por autoridades estatales desplegadas por un presidente que desafía a un gobernador, no tiene precedente moderno”.
Para Kayyem, el despliegue de 2.000 agentes para lidiar con “unos centenares de protestantes evidencian la reacción que está teniendo la Casa Blanca”. Trump firmó un memorando presidencial que permite desplegar la Guardia Nacional en Los Ángeles bajo el Título 10 del Código de EE UU, para “proteger temporalmente al personal de ICE (policía migratoria) y a otro personal del gobierno que desempeña funciones federales”.
Recursos militares contra civiles
El Título 10 permite al presidente desplegar la Guardia Nacional según sea necesario para repeler una invasión, reprimir una rebelión o ejecutar leyes, lo que significa que la Guardia Nacional reporta al presidente y no al gobernador. “La Casa Blanca está usando recursos militares en la sociedad civil, sin insurrección, sin una gran catástrofe natural, y desafiando al liderazgo político local”, prosiguió Kayyem.
“Coches ardiendo o algunos arrestos son cosas que hemos visto comúnmente en nuestra sociedad. Para ello disponemos de fuerzas del orden. Si el estado se siente sobrepasado, entonces es cuando se solicita ayuda al gobierno federal”, agregó la analista.
Ante el riesgo de escalar el conflicto
Para Kayyem, el despliegue de fuerzas militares comporta el riesgo de incrementar el conflicto. “Nuestras tropas federales están entrenadas para hacer algo, y ese algo es el uso de la fuerza. No están preparadas para desescalar una situación política o de convulsión civil”, consideró. No obstante, la secretaria de seguridad nacional Kristi Noem defiende que los soldados presentes en Los Ángeles lograrán mantener la paz. Al respecto de que instrucciones se dio a los agentes, Trump respondió con un ambiguo “ya lo veremos”.
Kayyem alerta sobre los peligros de no disponer de órdenes claras de actuación entre los uniformados. “Habrá errores, que no solamente dañarán potencialmente a civiles, también lastimarán a otros agentes. Es peligroso para las tropas y para la población”, afirmó.
Por otro lado, la Administración Trump se prepara para cancelar una gran parte de los fondos federales para California. El mes pasado, Trump amenazó con retener los fondos federales al estado costero debido a la participación de una atleta transgénero en un evento deportivo.
“Veo estas acciones como intencionalmente inflamatorias. Quieren esta pelea con Gavin Newsom, y están usando los poderes federales en la contienda”, agregó la analista Astead Herndon. En Febrero, el gobernador de California aprobó una ley para financiar con 50 millones de dólares planes para proteger a inmigrantes de las deportaciones masivas de Trump.