Marruecos ha vuelto a situar sobre España la responsabilidad de desbloquear el retorno de los menores marroquíes no acompañados que permanecen bajo tutela de las administraciones españolas. Rabat asegura estar dispuesto a recibirlos, pero exige que se eliminen lo que considera “obstáculos judiciales y administrativos” que dificultan las repatriaciones.
Una fuente diplomática marroquí aseguró este jueves a EFE que existen instrucciones expresas del rey Mohamed VI para facilitar el regreso de estos menores. “Marruecos ha asumido compromisos muy claros sobre este asunto”, afirmó, antes de insistir en que el problema no estaría en la identificación de los jóvenes, sino en los procedimientos que España debe aplicar antes de autorizar su retorno.
La cuestión vuelve al primer plano en plena crisis migratoria de Ceuta, después de la llegada masiva registrada a finales de julio y de la presencia de numerosos menores cuya situación debe determinarse individualmente.
Marruecos asegura que está dispuesto a recibirlos
La posición oficial de Marruecos consiste en negar que exista una falta de voluntad política para recuperar a sus ciudadanos menores de edad. Rabat sostiene que el compromiso de retorno se mantiene desde hace años y acusa a determinados sectores españoles de presentar el asunto como un incumplimiento marroquí.
“La realidad sobre el terreno es que Marruecos siempre ha estado abierto a esta cuestión”, señaló la fuente diplomática, que reclamó mecanismos que permitan trabajar de una manera más fluida.
El Gobierno marroquí ya adoptó una posición semejante en junio de 2021, después de la entrada de miles de personas en Ceuta. Entonces, Mohamed VI ordenó a los ministerios de Interior y Exteriores facilitar el regreso de los menores no acompañados debidamente identificados.
Rabat sostiene desde entonces que la lentitud de las repatriaciones procede fundamentalmente de los procedimientos europeos, una explicación que volvió a defender en 2024 el ministro de Exteriores, Naser Burita.
España no puede realizar devoluciones automáticas
La situación, sin embargo, resulta jurídicamente más compleja. Un menor extranjero no acompañado no puede ser tratado de la misma manera que un adulto en situación irregular.
La legislación española obliga a las administraciones a colocar al menor bajo protección y estudiar individualmente su situación antes de decidir cualquier repatriación. La Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente debe abrir un procedimiento específico y valorar si el regreso beneficia realmente al menor.
La norma establece dos posibilidades: la reunificación con su familia o su entrega a los servicios de protección de Marruecos. En ambos casos deben existir garantías suficientes sobre las condiciones que encontrará después del retorno.
El criterio decisivo no es únicamente la voluntad de España o Marruecos, sino el interés superior del menor. Además, el procedimiento debe respetar las garantías previstas por la legislación española y por los acuerdos internacionales de protección de la infancia.
Un acuerdo bilateral para regular los retornos
España y Marruecos disponen de un acuerdo específico sobre menores no acompañados firmado en Rabat en 2007 y que entró posteriormente en vigor.
El documento contempla expresamente la cooperación para prevenir la emigración irregular de menores, protegerlos cuando llegan a España y organizar, cuando resulte posible, su eventual regreso al país de origen.
Pero el propio marco bilateral establece que cualquier decisión debe ajustarse a la legislación y a los principios internacionales de protección del menor. También exige garantizar que, después del retorno, exista una reunificación familiar efectiva o que el joven quede bajo responsabilidad de una institución de protección adecuada.
Es precisamente ese procedimiento garantista el que Marruecos considera excesivamente lento. Desde Rabat sostienen que la identificación de los jóvenes no constituye el principal problema y reclaman simplificar las fases posteriores.
El precedente de Ceuta en 2021
La tensión actual recuerda a lo ocurrido cinco años atrás. Tras la crisis fronteriza de mayo de 2021, España intentó organizar el regreso de cientos de menores marroquíes que habían entrado en Ceuta.
Las devoluciones comenzaron durante agosto, pero asociaciones de protección de la infancia y el Defensor del Pueblo cuestionaron el procedimiento porque consideraban que no se habían realizado todos los expedientes individualizados previstos por la legislación.
Los tribunales terminaron interviniendo y paralizaron parte de las repatriaciones. Aquel episodio dejó claro que un acuerdo político entre ambos gobiernos no basta para ejecutar el retorno colectivo de menores.
La Administración española debe acreditar individualmente que cada regreso cumple las garantías exigidas. Esa circunstancia explica buena parte del choque entre la rapidez que reclama Rabat y los requisitos establecidos por el ordenamiento español.
Marruecos señala a las leyes españolas como principal obstáculo
La fuente diplomática marroquí también cuestiona la interpretación de determinados medios y actores políticos españoles, que, según Rabat, presentan la situación como si Marruecos estuviera incumpliendo sus compromisos.
El Gobierno marroquí rechaza esa acusación y sostiene que existe voluntad al máximo nivel del Estado para recibir a los menores siempre que puedan superarse las dificultades legales y administrativas.
Naser Burita ya defendió una posición semejante en 2024 respecto a los menores marroquíes presentes en diferentes países de la Unión Europea. El ministro señaló entonces que las “lagunas” existentes en determinadas legislaciones y procedimientos europeos dificultaban los retornos.
Rabat considera incluso que estas dificultades pueden terminar beneficiando a las redes de tráfico de personas, al transmitir la percepción de que el regreso de los menores será especialmente complejo una vez alcancen territorio europeo.
El conflicto está en qué significa eliminar las “trabas”
El debate entre España y Marruecos no gira únicamente alrededor de si Rabat acepta o no a sus menores. La principal cuestión consiste en determinar hasta dónde pueden agilizarse los procedimientos sin reducir las garantías de protección.
Para el Gobierno marroquí, muchos de los obstáculos son administrativos y judiciales y deberían simplificarse. Desde la perspectiva de la legislación española, buena parte de esas exigencias existen precisamente porque cada menor debe recibir un tratamiento individualizado.
No basta, por tanto, con determinar su nacionalidad y conseguir que Marruecos acepte su regreso. Es necesario comprobar su situación familiar, escuchar al menor y determinar cuáles serán sus condiciones después de la repatriación.
Las dos posiciones chocan en la velocidad, pero también en la propia concepción del procedimiento. Rabat reclama un mecanismo más rápido; España está obligada a mantener garantías que impiden convertir el retorno en una devolución colectiva automática.
La disposición expresada ahora por Marruecos abre nuevamente la puerta a la cooperación entre ambos países. Pero también devuelve al centro del debate una cuestión que España y Rabat arrastran desde hace años: cómo organizar el regreso de menores migrantes sin transformar una solución diplomática en un problema de protección de la infancia.