El doble terremoto que ha sacudido Venezuela el pasado 24 de junio no ha golpeado a un país cualquiera, sino a uno que llegaba a la catástrofe ya agotado, sin capacidad de respuesta y arrastrando una crisis que se prolonga desde hace más de una década. Quizá por eso el balance -cerca de 2.000 muertos, más de 10.500 heridos y decenas de miles de desaparecidos- cuenta sólo una parte del problema. La otra es que Venezuela no tiene margen para absorber un desastre de esta magnitud.
Conviene recordar en qué estado se encontraba el país antes del seísmo. Más de una década de derrumbe económico ha desmantelado hospitales y servicios públicos y ha empujado a casi ocho millones de personas a emigrar, muchos de ellos médicos, enfermeros e ingenieros que ahora harían una falta enorme. El éxodo venezolano es desde hace tiempo uno de los más feroces de toda la región y la venezolana es una de las comunidades migrantes más numerosas en España.
Un sistema colapsado
El sistema de agua fallaba desde mucho antes de que se rompieran las tuberías, los apagones, aunque no tan cotidianos como en Cuba, también eran rutina y la sanidad funcionaba a base de improvisación. De aquellos barros estos lodos y por eso el terremoto sobre este escenario es todavía más devastador.
La descomposición se ve también en la calle. Los primeros días dejaron una imagen dura pero previsible: algunos vecinos desesperados asaltaban supermercados y farmacias en busca de comida y medicinas. Lo preocupante ha venido después, cuando el pillaje y los saqueos han empezado a practicarlos aquellos que, vestidos de uniforme, debían impedirlos.
Robos y saqueos
Este miércoles cuatro agentes de la Policía venezolana han sido detenidos y expulsados del cuerpo por robar dinero entre los escombros de La Guaira, la región más afectada por el desastre. Los agentes, que pertenecen al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), han sido ya destituidos de sus cargos. Su presencia se justificaba precisamente para lo contrario: para resguardar el inmueble y proteger a los damnificados.
La corrupción institucional, bien asentada desde hace años en el chavismo, fue parada en seco por las pocas vecinas que grabaron la secuencia y presenciaron el robo. Un grupo formado por apenas 10 mujeres consiguieron parar al agente, pedirle explicaciones y, finalmente, que abandonara el botín. Las imágenes, difundidas en redes, se hicieron virales a las pocas horas y encendieron la rabia de toda una población bajo ruinas que asistía en shock al expolio de lo poco que ha dejado el terremoto.
Sin ambulancias, sin hospitales y sin teléfonos
Pero el peligro más grave no está en los escombros, sino en lo que viene después. La destrucción de las redes de agua y saneamiento ha creado el caldo de cultivo perfecto para brotes de cólera, malaria, diarreas infecciosas y otras enfermedades que, en un país sin capacidad epidemiológica ni hospitales en condiciones, pueden causar muchas más muertes que el propio terremoto. Naciones Unidas calcula que hasta 6,7 millones de personas necesitan ya agua potable, refugio o atención médica.
En La Guaira sólo opera un hospital. Los otros dos permanecen fuera de servicio y si no fuera por la ayuda internacional, hace ya tiempo que Caracas no podría haber absorbido la catástrofe. La ONG Médicos del Mundo ha puesto cifras al problema: tan sólo tres ambulancias públicas operativas dan servicio al área metropolitana de Caracas y el resto de heridos son trasladados en coches de particulares o en camionetas de la policía.
Los rescatistas ya no trabajan con el teléfono. Los continuos apagones han hecho que se vean obligados a poner en marcha las radios y el internet satelital para intentar comunicarse. Y según un informe de ‘Hum Venezuela’, el 60% de venezolanos ya carecían de acceso a atención médica antes del terremoto.
Cambio de Gobierno
También hay que tener en cuenta el contexto. Hace apenas una semana, este diario entrevistaba Martina Rapido Ragozzino, investigadora para las Américas de Human Rights Watch. En conversación con este diario, la experta aseguraba que “el terremoto amenaza con sepultar también los derechos humanos de los venezolanos”.
Y es que hasta hace una semana la prioridad del país no era la prevención de desastres ni la mejora de las infraestructuras, sino la crisis derivada a raíz del seucestro de Nicolás Maduro y el reparto del poder. El Gobierno en funciones de Delcy Rodríguez ha estado más ocupado en sostenerse y en negociar con Washington el acceso al petróleo que en atender un Estado que se caía a pedazos y que ahora se ve en jaque en una crisis incapaz de asumir.