Un verano más, las fiestas populares de Euskadi y Navarra han vuelto a convertirse en escaparates para la legitimación del terrorismo de ETA y la reivindicación de sus miembros. Desde COVITE hemos documentado 33 actos de apoyo a los presos de ETA directamente vinculados a las celebraciones estivales. De ellos, 26 han contado con respaldo, cobertura o permisividad activa de las instituciones públicas, principalmente ayuntamientos que los han incluido en sus programas oficiales, han cedido espacios municipales para celebrarlos o han permitido la exhibición de símbolos de apoyo a terroristas en edificios públicos.
Si ampliamos el foco más allá de las fiestas, desde el comienzo del verano hemos registrado 77 expresiones de legitimación de ETA y de apoyo a sus miembros en Euskadi y Navarra. Manifestaciones y pasacalles bajo el lema Etxera («A casa»); comidas, cenas y brindis «solidarios» con los terroristas; pancartas y fotografías en las calles y fachadas municipales exaltando a miembros de ETA; jornadas enteras dedicadas a reclamar su excarcelación y actos en los que se les presenta como «presos políticos» injustamente represaliados.
Los datos son graves, pero quizá lo más preocupante sea que no sorprenden a nadie. Después de tantos años, estos actos han terminado integrándose en el paisaje festivo de numerosos municipios. Se repiten en las mismas localidades, con los mismos lemas, la misma estética y, en muchos casos, el mismo respaldo institucional. La mayoría de la sociedad pasa a su lado, participa en las fiestas o contempla las pancartas sin detenerse a pensar en lo que significan. Y lo que significan es muy sencillo: que quienes asesinaron, hirieron, secuestraron, extorsionaron y amenazaron durante décadas continúan recibiendo reconocimiento público precisamente por haber pertenecido a ETA. No se les homenajea por su trayectoria profesional, por su contribución a la sociedad o por una obra admirable. Se les homenajea por ser miembros de una organización terrorista. Sus fotografías no se exhiben a pesar de sus crímenes, sino como consecuencia de ellos.
No son anécdotas ni casos aislados. Responden a una estrategia sostenida en el tiempo para conservar la legitimidad social de ETA, transformar a sus miembros en víctimas y borrar progresivamente la responsabilidad individual por sus crímenes. Se pretende que las nuevas generaciones vean en ellos a militantes políticos encarcelados por defender unas ideas, ocultando que fueron condenados por asesinatos, atentados con heridos, secuestros, extorsiones y otros delitos de terrorismo.
Este relato no surge de manera espontánea. La izquierda abertzale lleva muchas décadas construyéndolo y transmitiéndolo en las calles, en las fiestas, en las txosnas y en los espacios culturales y juveniles. Allí donde el terrorismo es presentado como la consecuencia inevitable de un supuesto «conflicto político», sus autores dejan de ser responsables de sus decisiones y pasan a ser víctimas de unas circunstancias históricas. Así se diluye la culpa, se justifica el pasado y se prepara el terreno para la impunidad.
Frente a esta situación, hace tiempo que las víctimas dejamos de esperar una reacción real de las instituciones públicas. No la ha habido nunca. Nunca ha existido un interés verdadero por frenar y revertir esta radicalización violenta ni por combatir de forma decidida el relato legitimador del terrorismo. Los datos están a la vista.
La campaña «Tengamos la fiesta en paz», impulsada este verano por el Gobierno vasco, es el último ejemplo de esa política de gestos vacíos. Se lanzan llamamientos genéricos contra los discursos violentos y la humillación a las víctimas mientras numerosos ayuntamientos incluyen en sus programas oficiales actos de apoyo a los terroristas. Resulta difícil imaginar una contradicción mayor.
Tampoco se ha aprobado el régimen sancionador administrativo que las asociaciones de víctimas con representación en el Consejo Vasco de Participación llevamos tiempo reclamando. La propuesta toma como referencia el régimen ya existente en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi para sancionar la exaltación de la dictadura franquista. Si las instituciones pueden actuar administrativamente contra esa exaltación, también podrían hacerlo contra la exaltación del terrorismo de ETA. No lo hacen porque no existe voluntad política. Por eso nuestra esperanza ya no está depositada en las instituciones. Está en la sociedad.
Sabemos que denunciar una y otra vez estos actos puede parecer una tarea agotadora, incluso inútil. Cada verano contamos pancartas, manifestaciones, homenajes, comidas y brindis. Ponemos nombres, lugares y fechas. Recordamos los crímenes cometidos por aquellos cuya excarcelación se reclama. Y volveremos a hacerlo las veces que sea necesario, porque el silencio es precisamente lo que permite que la inmoralidad termine pareciendo normal.
Ya ocurrió con los ongi etorris, los recibimientos públicos a miembros de ETA cuando salían de prisión. Durante años denunciamos que aquellos homenajes suponían una de las formas más crueles de humillación a las víctimas: mientras los terroristas eran recibidos entre aplausos, música y bengalas, los familiares de sus víctimas tenían que contemplar cómo sus asesinos regresaban convertidos en héroes a las mismas calles en las que habían asesinado.
Insistimos, denunciamos cada caso y explicamos públicamente el daño que provocaban. Poco a poco, la indignación social creció hasta que aquellos recibimientos empezaron a tener un coste político y reputacional para la izquierda abertzale. Finalmente dejaron de celebrarse públicamente con el formato que habían tenido hasta entonces. No lo hicieron por una reflexión ética ni por respeto a las víctimas. Lo hicieron por estrategia, porque aquellas imágenes perjudicaban sus intereses políticos. Pero, aunque fuera por una razón meramente táctica, las víctimas hemos dejado de soportar aquel espectáculo miserable.
Ahora aspiramos a conseguir lo mismo. Queremos que cada comida, brindis, manifestación o pancarta de apoyo a un terrorista genere tal rechazo social que la izquierda abertzale comprenda que mantenerlos tiene un coste. Quizá nunca reconozca su inmoralidad. Quizá jamás admita el injusto daño causado. Pero si la presión ciudadana consigue que dejen de celebrarlos, al menos las víctimas y sus familias no tendremos que seguir viendo cómo los responsables de tanto sufrimiento son presentados como héroes en las fiestas de nuestros pueblos. Por eso seguiremos denunciándolo. Hasta que la sociedad deje de mirar hacia otro lado.