En el Reino Unido existe un período de sensibilidad previa a las elecciones que tiene nombre propio: el purdah. Una vez convocados los comicios, la Administración se abstiene de anunciar nuevas políticas, de adjudicar grandes contratos o de nombrar cargos relevantes. Es decir, el Gobierno no se utiliza como brazo propagandístico del partido que ocupa el poder. En Australia o Canadá rigen las convenciones de caretaker: durante la campaña, el Ejecutivo se limita a la gestión ordinaria y evita adoptar decisiones que comprometan a quien salga de las urnas.
En la Europa continental, el sistema funciona de una manera diferente. En Alemania ni siquiera existe nuestro decreto ley, pues allí legisla el Bundestag y el Gobierno no puede improvisar una lluvia de medidas con efecto inmediato. Además, desde una sentencia de 1977, su Tribunal Constitucional impide que el Ejecutivo use la comunicación oficial como propaganda en vísperas de las urnas, porque rompe la igualdad de oportunidades entre partidos. En Italia se aplica la prorogatio: disueltas las Cámaras, el Gobierno se ciñe a lo ordinario o a lo verdaderamente urgente, y su legislación veta de forma estricta la comunicación institucional en campaña. Y, por último, en Francia rige la période de réserve électorale, por la que se prohíben las campañas de promoción de la gestión pública en los meses previos a los comicios.
Tras estas precauciones subyace la idea de que quien convoca las elecciones dispone de un arma que la oposición no tiene: el Boletín Oficial. Pero, sobre todo, lo que rige es el escrúpulo democrático y el respeto a las reglas del juego, porque se sabe que, cuando esa ventaja se utiliza de forma arbitraria e interesada, el terreno de juego se inclina en favor de quien ejerce el poder.
España es mucho más permisiva. Si bien es cierto que nuestra legislación electoral limita la publicidad institucional y las inauguraciones, también lo es que nada impide al Consejo de Ministros aprobar decretos leyes a carretadas. Y esto es lo que va a ocurrir durante la recta final de esta campaña: dos reuniones por semana, con sus dos ruedas de prensa y, sobre todo, unos Reyes Magos anticipados para distintos sectores del electorado, que resultan agraciados con una lluvia de millones.
Recordar que nuestra Constitución reserva el decreto ley para los casos de extraordinaria y urgente necesidad quizá resulte ya absurdo, porque nadie hace caso. Pero, en todo caso, es complicado encontrar la urgencia de un plan de igualdad que se prolongue hasta 2029, una estrategia de cultura científica para 2027-2030 o unas ayudas por una catástrofe que ocurrió hace dos años.
Ante esta forma de proceder, lo más normal es que algún ciudadano se pregunte: si estas medidas eran tan urgentes, ¿por qué esperaron a aprobarlas a quince días de las urnas? La explicación es que la única urgencia real son las urnas. Todo debe salir del Consejo de Ministros antes del 29 de noviembre porque, celebradas las elecciones, el Gobierno cesa y pasa a estar en funciones, con sus competencias drásticamente recortadas.
Hay además un par de detalles que descubren la tramoya. El primero es que muchas de estas medidas parecen pensadas más para anunciarse que para aplicarse. Y es que los decretos tendrán que ser convalidados cuando las elecciones ya hayan pasado, y lo que aún esté en trámite decaerá con la legislatura.
El segundo es una trampa con lazo. Si el próximo Gobierno fuera el de PP y Vox, tendría que elegir entre asumir un gasto que nadie presupuestó o cargar con el estigma de haber recortado lo que sus antecesores prometieron. Es un regalo envenenado con lazo electoral. Eso sí: como, en sentido estricto, nada de esto es ilegal, el problema de fondo es la ausencia de una higiene institucional que impida usar el poder del Estado como recurso de campaña, y casi nadie repara en ese debate.
Este proceder lo resolvieron los británicos con la costumbre, los franceses con la prohibición, los alemanes con la jurisprudencia y los italianos con la contención. Nosotros seguimos confiando en la decencia, y las últimas semanas demuestran que es una apuesta perdida.
Pasadas las elecciones, habrá que legislar sobre lo que otras democracias atajaron hace tiempo, aunque solo sea para que las reglas del juego no dependan únicamente de la buena fe de quien reparte las cartas.