Opinión

Lo llaman lawfare

Actualizado: h

Tenemos un problema grave en este país cuando el 65% de los ciudadanos opina que en España existe lawfare. Un concepto que hasta hace unos meses no existía y que se refiere al uso intencionado y dirigido de la justicia con objetivos políticos y en concreto para destruir al adversario político. Son datos de una encuesta publicada por “El País” y “La Vanguardia” a la pregunta de que les parece a los españoles nuestra justicia y por eso es preocupante la radiografía que se dibuja. La desconfianza entre los ciudadanos no ha dejado de crecer y esto puede acabar teniendo efectos dramáticos para la democracia si no se ponen sobre la mesa respuestas creíbles que puedan dar la vuelta a este deterioro institucional. Por eso jueces y políticos se tienen que poner “manos a la obra” y resolver esta situación porque la confianza de los ciudadanos es el pegamento que mantiene en pie a las instituciones y desde luego la condición sine qua non para que siga funcionando bien el Estado de derecho.

Realmente esta desconfianza en la justicia son un toque de atención para los tres poderes del Estado. La mayoría de los encuestados piensa que los partidos políticos intentan influir en los jueces y la mayoría también coinciden en que algunos jueces adoptan resoluciones guiados por sus ideas políticas. La conclusión es perversa y yo personalmente me niego a aceptarla porque conozco a muchos magistrados que actúan en la más absoluta objetividad y profesionalidad pero la idea ha calado y hay que revertirla. Y en esto tiene mucha culpa el gobierno que intenta lanzar el mensaje de que todo es lawfare y que la oposición tiene “trabajando” a los jueces en su objetivo de llegar a Moncloa. Algunos jueces como el magistrado Peinado están ayudando en este encomendado con decisiones como retirar el pasaporte a Begoña Gómez ante la posibilidad de que se fugue con la ayuda de sus escoltas. Incluso el propio Peinado ha tenido que disculparse ante los funcionarios de la Policía Nacional que trabajan en Presidencia ante semejante barbaridad. Pero una cosa es el asunto del pasaporte de la esposa del presidente del Gobierno y otra muy distinta los delito que se están investigando. Y por supuesto una cosa es el juez Peinado y otra muy diferente cualquier otro magistrado. Por eso en Moncloa llaman a todo lawfare y no todo lo es.

MADRID, 24/06/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante su alegato final a los grupos opositores durante la comparecencia del jefe del Ejecutivo para dar explicaciones de los casos judiciales que afectan a su entorno político este miércoles en el Congreso de los Diputados en Madrid. EFE/J.J.Guillén
Pedro Sánchez
EFE/J.J.Guillén

Es evidente también que el electorado progresista ve mayoritariamente motivaciones políticas en la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, sobre todo, en la Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. El votante de derechas, por contra, ve indicios sólidos en todos los casos que afectan a los socialistas. Y lo mismo ha pasado cuando el Partido Popular ha estado en el poder. Hay un sesgo partidista muy evidente y palpable, que también prevalece en el debate sobre el lawfare. Digamos que es una idea que está más extendida entre los votantes de la izquierda principalmente porque también está muy extendida la “leyenda” de que todos los jueces son de derechas igual que la de que todos los miembros de la Policía y de la Guardia Civil votan al PP. Ni una cosa ni la otra son correctas y como en todas las profesiones de “todo hay en la viña del señor” afortunadamente para todos.

La Audiencia Nacional y el resto de tribunales de justicia han actuado en los últimos años con mucha contundencia y eficacia contra la corrupción. Esta idea es así pero no vale solo con subrayarla porque estamos en una encarnada polarización que todavía hacen más grande las sospechas de parcialidad. Es una responsabilidad compartida: del poder político que muchas veces ha querido resolver la pelea política en los juzgados, judicializando la política, y del poder judicial, al que corresponde frenar cualquier sospecha de lawfare controlando los excesos de algunos jueces. La ciudadanos no pueden pensar que la justicia no trata igual a todas las personas. Pocas cosas son tan fundamentales para la democracia como instalar la certeza absoluta por parte de la ciudadanía de que los funcionarios actúan de buena fe y de acuerdo con la ley. Lo llaman lawfare pero en realidad casi nunca es.