Hace aproximadamente un mes fue adoptado un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán que ya hoy sólo puede contemplarse como papel mojado. El texto de catorce puntos –conocido como el Memorándum de Islamabad dado que fue Pakistán uno de sus principales instigadores– establece, en el primer apartado, el cese inmediato y permanente de las hostilidades. En esa misma cláusula, se indica que las partes beligerantes no podrán llevar a cabo operaciones militares ni recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Así pues, este acuerdo –suscrito el 17 de junio– nació con un objetivo claro: poner fin al conflicto bélico que arrancó el pasado 28 de febrero cuando Washington y Tel Aviv decidieron atacar conjuntamente Irán. Así se desprende, al menos, de la literalidad de este primer punto.
En la disposición tercera del referido documento se introduce una pausa de sesenta días para negociar el cierre definitivo de la contienda armada en todos sus frentes. La idea era “dulcificar” progresivamente la situación. En un primer momento, se consiguió, ya que –tras su adopción– el estratégico estrecho de Ormuz se abría de nuevo al tráfico marítimo. Sin embargo, aquella expectativa pronto se reveló como un mero espejismo, puesto que poco después varias embarcaciones fueron agredidas al transitar –según Teherán– sin la autorización correspondiente. Esta situación provocó la respuesta militar inmediata de Washington. Por su parte, Teherán disparó misiles y lanzó drones contra varios países de la región. De este modo, la desconfianza y la violencia parecían hallar de nuevo su lugar, reinstalándose en la región como si nunca la hubieran abandonado.
A estas alturas, la ventana de oportunidad que pretendía abrir el citado memorando se ha cerrado por completo. Es más, el 8 de julio, Donald Trump lo dio por finiquitado tras constatar que diversas embarcaciones comerciales estaban siendo hostigadas en las aguas aledañas a Ormuz. Las palabras del citado dirigente dejaban poco margen de duda al afirmar que no estaba dispuesto a seguir con las negociaciones, advirtiendo a su enemigo de que –en el transcurso de esa misma noche– sería duramente golpeado. A partir de entonces, los bombardeos y ataques han sido constantes. Los objetivos han sido, entre otros, plantas nucleares en construcción, vías de tren e instalaciones civiles.
Otro hito se produjo el 17 de julio cuando Amir Saeid Iravani, representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, remitió una carta a su secretario general, informando de que su adversario había abandonado abiertamente su condición de interlocutor para convertirse en un agresor y, por tanto, en autor de graves violaciones del Derecho Internacional. Aprovechó la ocasión para pedir al Consejo de Seguridad la implementación de medidas inmediatas. Esta solicitud no fue más que un paripé dado que este órgano se encuentra supeditado a los intereses de las grandes potencias, lo que –sin perjuicio de que ello merezca un análisis propio– contribuye a minar el orden jurídico internacional existente que corre el riesgo de hacerse añicos.
En paralelo, Teherán proclamó que sus esfuerzos debían focalizarse en defender su país. Y, lejos de amedrentarse, respondió con fiereza al atacar las instalaciones aeroportuarias del sur de Jordania en varias ocasiones y al arremeter contra dos petroleros que cruzaban el estrecho de Ormuz. Su postura era clara: no iba a dejarse doblegar.
La confrontación entre Estados Unidos e Irán, en estas dos semanas, ha dejado de ser una sucesión de episodios aislados. El recrudecimiento de las hostilidades es un hecho incuestionable. Y, en este renovado escenario bélico, se advierte –para colmo de males– la presencia de actores que inicialmente no estaban implicados en el conflicto. Algunos se han incorporado de manera voluntaria, como los rebeldes yemeníes que –actuando en perfecta sintonía con el régimen iraní– han decidido imponer un bloqueo naval al principal aliado de Washington en la región: Arabia Saudí. Otros, como Baréin o Kuwait, se han visto arrastrados y, por tanto, afectados por la sucesión de acontecimientos. La regionalización del conflicto no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, la progresiva irrupción de nuevos actores incorpora ingredientes adicionales a una receta ya de por sí altamente condimentada, cuyo resultado amenaza con desembocar en un auténtico cóctel explosivo.
Cabe preguntarse por qué el Memorándum de Islamabad ha fracasado de forma tan estrepitosa. Una de las razones de semejante fiasco radica en la vaguedad de sus términos. Es cierto que el acuerdo aplazaba la concreción de algunos de sus aspectos más sensibles a un momento posterior, pero éste sencillamente nunca llegó. A ello hay que añadir las interpretaciones diversas e, incluso, antagónicas de algunas de sus cláusulas. Así, por ejemplo, Irán sostiene que el apartado quinto le reconoce el derecho a gestionar el estrecho de Ormuz, frente a Estados Unidos que entiende que su contendiente está obligado a garantizar una navegación segura sin posibilidad de imponer peaje alguno. Como puede verse, la distancia entre ambas posiciones sobre un punto tan delicado difícilmente podría ser mayor.
Por supuesto, hay otro factor más: la frágil o escasa voluntad –según se vea– de quienes suscribieron el pacto. Así, conviene analizar el punto décimo, el cual prevé la concesión de exenciones para la exportación del crudo iraní. Esta cláusula abría un nuevo y esperanzador capítulo para Irán; esbozaba, en definitiva, un horizonte prometedor que pronto se ensombreció ante la decisión de Estados Unidos de revocar dicha autorización al considerar totalmente inaceptable la actuación del régimen iraní en Ormuz. Algo parecido sucedió con el apartado undécimo. En él, Estados Unidos se comprometía a descongelar los fondos y activos iraníes. No obstante, a finales de junio, se produjo un giro inesperado de guion cuando Washington anunció que aquéllos serían exclusivamente utilizados para adquirir productos agrícolas estadounidenses.
El memorándum, en su escaso recorrido, se ha mostrado incapaz de allanar el camino hacia la paz. Es más, no se puede hablar de que haya existido una verdadera tregua dadas las iracundas reacciones que las partes enfrentadas han desplegado sobre el terreno poco tiempo después de que fuera adoptado. Este documento no ha hecho sino levantar castillos en el aire que, al menor soplido, han rápidamente sucumbido. A la vista de todo ello, cabe plantearse cuál fue el verdadero propósito que tenían en mente los que se sentaron a negociar. Tal vez se limitaron a seguir la máxima de Henry Kissinger: “cuando los estadistas quieren ganar tiempo, ofrecen negociar”. Quizá se trataba únicamente de comprar un respiro, de arañar algo de oxígeno. Si realmente fue así, sólo el tiempo terminará por demostrarlo. Mientras tanto, resulta llamativo no poder siquiera atisbar la silueta de las torres de aquellos castillos que fueron levantados sobre un papel que pronto resultó ser demasiado endeble para sostenerlos.