El cerco judicial se estrecha sobre los protagonistas de una de las tramas más escandalosas de los últimos años. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mantiene contra las cuerdas a José Luis Ábalos y Koldo García, señalándolos como piezas clave en una “operativa de carácter recurrente continuada en el tiempo” para amañar contratos públicos.
Junto a ellos, también figura el dirigente socialista Santos Cerdán. Los tres están acusados de intervenir en adjudicaciones que alcanzan los 637 millones de euros, a cambio de mordidas millonarias.
Un posible ingreso en prisión preventiva
La gravedad de los hechos ha llevado a que varias fuentes fiscales del Tribunal Supremo no descarten la solicitud de prisión provisional como medida cautelar. Aunque por ahora se mantiene la presunción de inocencia, desde distintos sectores judiciales se señala que, en condiciones normales, la entrada inmediata en prisión “sería lo lógico”.
Sin embargo, al estar implicados altos cargos del PSOE, algunos fiscales temen que la Fiscalía General del Estado, dirigida por Álvaro García Ortiz, pueda frenar decisiones incómodas. Aun así, será el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien solicite las medidas necesarias al juez instructor.
El caso de Ábalos y Koldo ha adquirido además un matiz de urgencia con la renuncia de Cerdán a su acta de diputado. Eso implica la pérdida de su inmunidad parlamentaria. Desde el pasado el lunes, el juez puede ordenar registros domiciliarios o la detención del propio Cerdán sin necesidad de autorización previa del Congreso. Las próximas declaraciones de los tres imputados serán determinantes para conocer el rumbo del caso.
Hasta 19 años de cárcel para José Luis Ábalos
En el caso de Ábalos y Koldo, el expediente judicial desvela delitos de calado. Al exministro de Transportes se le investiga por malversación, tráfico de influencias y presunta contratación irregular de dos asesoras, Jésica Rodríguez y Claudia Montes, en empresas públicas.
Estos hechos podrían suponer un uso indebido de fondos públicos y un intento de beneficiar a su entorno más próximo desde un cargo de poder.
Además, Ábalos está acusado de haber favorecido, desde el Ministerio, a determinadas empresas a la hora de adjudicar contratos multimillonarios. Si fuera juzgado y condenado por todos estos cargos, se enfrentaría a una pena total de hasta 19 años de prisión. La figura del exministro es la más mediática del caso, pero no la única relevante.
Koldo García: el intermediario clave
La posición de Koldo García resulta especialmente comprometedora. Según la UCO, su papel fue esencial para coordinar el acceso de las empresas corruptoras a los contratos públicos. Se le atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
Su vinculación directa con empresarios implicados, y su papel como “hilo conductor” de la trama dentro del Ministerio, lo convierten en uno de los objetivos prioritarios de la investigación.
De ser condenado por estos tres delitos, Koldo podría ingresar en prisión durante un periodo de hasta 14 años. Su declaración será clave para el desarrollo de la causa, especialmente si decidiera colaborar con la justicia para reducir su condena, aportando pruebas o testimonios incriminatorios contra otras figuras de la trama.