El demoledor informe de la UCO deja en una situación procesal muy difícil a sus tres principales implicados. Según los agentes, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García actuaron en connivencia para amañar adjudicaciones públicas formando una “operativa de carácter recurrente continuada en el tiempo”. Según las investigaciones de las Guardia Civil, amañaron contratos valorados en 637 millones de euros. Proyectos estatales que, gracias a su intermediación, consiguieron sus empresas afines a cambio de mordidas que podrían superar el millón de euros.
Los hechos son de extrema gravedad. Por eso fuentes fiscales del Tribunal Supremo consultadas por Artículo14 creen “mesurada” la posibilidad de que se pida entrada en prisión de los protagonistas como medida cautelar. “Sería lo normal en un mundo normal, pero la Fiscalía de Sánchez hará lo que diga Sánchez”, apostillan.
El fiscal que lleva el caso es Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción, que podrá solicitar al juez las medidas cautelares que considere oportunas, pero al ser una causa que está en el Tribunal Supremo de “especial trascendencia” tendrá que rendir cuentas a Álvaro García Ortiz. De ahí que algunas fuentes del ministerio fiscal malician con la posibilidad de que este paralice esta medida cautelar que acota derechos fundamentales.
Una decisión que se tomará cuando presten declaración los tres protagonistas. Koldo García y José Luis Ábalos lo harán el próximos lunes y, en principio, Santos Cerdán lo hará el miércoles.
Este mismo lunes Santos Cerdán ha perdido la inmunidad parlamentaria que ostentaba al dejar su acta de diputado, por lo que el juez tiene vía libre para poder investigarlo. “Debería registrar su casa esta misma semana”, apuntan fuentes del caso, que consideran que una vez decaído su aforamiento, el magistrado ha de actuar con la mayor brevedad posible para evitar la destrucción de pruebas.
El expediente delictivo que se abre ahora al que fuera número tres del PSOE podría llevarlo a prisión durante años. El juez Leopoldo Puente ve “consistentes indicios de delito”, de integración a banda criminal y cohecho. El magistrado considera que el entramado para amañar la adjudicación de obra pública podría considerarse organización criminal y que recibió sobornos a cambio de conseguir esas adjudicaciones. Por tanto, de ser juzgado por estos dos delitos, podría enfrentarse a una pena de hasta once años de prisión.
Por su parte, Ábalos también está siendo investigado por malversación y tráfico de influencias. Malversación por la contratación en empresas públicas de Jésica Rodríguez y Claudia Montes. Además, se le imputa tráfico de influencias por la influencia que pudo llegar a ejercer en el ministerio para conceder esos contratos públicos a las empresas afines. De ser juzgado por todo ello con las penas máximas, se enfrentaría a 19 años de prisión.
Por último, a Koldo García -el “hilo conductor” de la trama para los agentes de la UCO- se le imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias por sus tejemanejes en el ministerio de Transportes y sus contactos con los empresarios corruptores. Su pena de prisión podría ascender a 14 años.