Beatriz Biedma, la jueza que ha investigado a David Sánchez Pérez-Castejón y cuya labor ha culminado con la condena del hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, fue un objetivo de la cloaca de Ferraz. Tal y como informó este medio, la fontanera del PSOE, Leire Díez, maniobró para apartarla de la causa, según consta en el auto de Pedraz.
Tal y como constata Pedraz, la trama liderada por Santos Cerdán y con las artimañas de la fontanera “estableció como premisa atacar la correcta dirección de las investigaciones” entre las que figuraba la de la jueza Beatriz Biedma. En palabras de la propia Díez, el objetivo era “destruir el procedimiento”.
En esta estrategia, la trama logró la participación del exjuez Luis José Sáez de Tejada, en la búsqueda de información comprometedora sobre la magistrada de Badajoz, conocida por su diligencia y capacidad de trabajo. Sáez de Tejada denunció a varios jueces de Badajoz con el objetivo de tumbar el procedimiento e, incluso, llegó a ofrecerse como abogado del acusado. No fue una figura al azar, ya que el exjuez había conseguido apartar a Biedma hasta en cuatro ocasiones en causas en las que él estaba personado alegando en la mayoría de ellas una animadversión personal.
A este objetivo, Leire Díez dedicó tiempo y esfuerzo, como consta en las notas de sus agendas, intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Así, en febrero de 2025, la fontanera del PSOE anotó: “Jueza Bajadoz. La celsa. heroina o gitano“, unas expresiones que, en el contexto de la lucha y derribo contra la causa, adquieren una especial relevancia. ¿Por qué ‘La Celsa’?
‘La Celsa’
El nombre de ‘La Celsa’ queda bien retratado en la hemeroteca. Junto a Las Barraquillas y La Rosilla, estos tres barrios fueron durante décadas los supermercados de la droga en Madrid, una actividad que actualmente se ha desplazado hacia la Cañada Real.
Específicamente, La Celsa -cuyo nombre procede de las siglas de Cerámica Española Ladrillera S.A. (CELSA)– estaba situada en Vallecas Villa y comenzó a desmantelarse a partir de finales de los años noventa. Una década antes, allá por los años ochenta, cambió su fisonomía al pasar de ser un barrio marginal que vivía de recoger los desperdicios del vertedero de Altamira a convertirse en uno de los epicentros de suministro de heroína en Madrid.
Y aquí aparece la segunda mención en la agenda de Leire Díez, “heroína”, seguida de una tercera: “gitano”. Una referencia que podría estar vinculada a las dos anteriores, en alusión a los clanes que controlaban los mercados de la droga.
Esa anotación podría guardar relación, además, con la investigación que la magistrada dirigía sobre clanes dedicados al narcotráfico, según informó El Mundo. De hecho, dos meses antes de esta anotación, un enfrentamiento entre dos clanes de narcotraficantes en Badajoz acabó con el asesinato de uno de los sicarios a plena luz del día.
Notas con la UCO
Otra anotación encabezada como “Badajoz” evidencia, una vez más, hasta qué punto la causa del hermano de Pedro Sánchez era fuente de preocupación. Bajo ese epígrafe, la fontanera del PSOE recopiló referencias a personas vinculadas al procedimiento, posibles líneas de actuación e incluso anotaciones sobre la Unidad Central Operativa (UCO).
Junto a las menciones a la UCO aparecen también referencias al entonces director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, y al coronel Antonio Balas, responsable de la unidad que elaboró los informes sobre el caso. Unas anotaciones que reflejan que el interés de la trama no se limitaba al procedimiento judicial, sino que alcanzaba también a los mandos y agentes encargados de la investigación.
Tal y como publicó Artículo14, varios mandos de la Guardia Civil relataron que el entonces director general del cuerpo, Leonardo Marcos, ordenó a la UCO acelerar un informe sobre David Sánchez para concluir que “no había nada”. En paralelo, el DAO instó a los investigadores a “ponerse de perfil” en aquellos procedimientos con repercusión política.
Ámbito personal
La estrategia contra Biedma trascendió el ámbito estrictamente judicial. La trama contactó con el empresario Joaquín Parra, expresidente del CD Badajoz y vinculado a la trama de los hidrocarburos. El propio Parra ha asegurado que recibió una propuesta para recabar información perjudicial sobre la jueza a cambio de posibles beneficios en sus problemas judiciales. Cuando preguntó a Leire Díez por qué estaba dispuesta a ayudarle, esta le respondió: “Cuando tú sufres en tus propias carnes las injusticias, cuando imputan a tu esposa y a tu hermano, entonces te das cuenta que hay que limpiar“.
Paralelamente, distintas informaciones apuntan a la existencia de grabaciones, archivos o vídeos relacionados con presuntos seguimientos a la magistrada y a su entorno familiar. Asimismo, durante la instrucción, la Delegación de Hacienda de Extremadura llegó a remitirle varios requerimientos fiscales, un hecho que, según publicó Crónica, llamó la atención de la propia jueza por su carácter inusual.
Un escenario en el que la presión sobre Beatriz Biedma habría rebasado el plano procesal para extenderse también a su esfera personal, un extremo que ahora trata de esclarecer la investigación que dirige el juez Santiago Pedraz.
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