La Audiencia Provincial de Badajoz encara las horas decisivas para hacer pública la sentencia de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el procedimiento por presunta prevaricación y tráfico de influencias relacionado con su contratación en la Diputación de Badajoz. El fallo llega tras la deliberación del tribunal y con la posibilidad de una condena de cárcel sobre la mesa, aunque lejos todavía de cualquier desenlace firme.
David Sánchez fue juzgado por la Audiencia pacense en una causa que ha concentrado una enorme atención política y mediática. Las acusaciones populares reclaman penas de prisión, mientras que la Fiscalía no acusa y ha defendido la absolución. Esa diferencia convierte la sentencia en una resolución especialmente relevante, porque el tribunal deberá pronunciarse en un escenario jurídico marcado por posiciones muy enfrentadas.
La clave no será solo si hay condena o absolución, sino qué hechos considera probados la Audiencia. De esa redacción dependerá el recorrido posterior del caso ante el Tribunal Supremo.
Qué se juzga en el caso David Sánchez
El procedimiento gira en torno a la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios de música. Las acusaciones sostienen que el puesto habría sido creado o adjudicado de forma irregular para favorecer al músico, hermano del presidente del Gobierno.
Durante el juicio, el debate se centró en si existió una decisión administrativa ajustada a derecho o si, por el contrario, hubo una actuación arbitraria para habilitar una plaza con destinatario predeterminado. Esa diferencia es esencial para entender la posible prevaricación.
También se ha discutido el presunto tráfico de influencias. Las acusaciones populares han tratado de sostener que la posición familiar de David Sánchez habría sido determinante en el proceso. La defensa y la Fiscalía, en cambio, han negado que existan elementos suficientes para atribuirle una conducta delictiva.
El tribunal debe decidir si hubo irregularidades administrativas o si esas irregularidades, en caso de existir, alcanzan relevancia penal. Esa frontera será el núcleo de la sentencia.
Las penas que piden las acusaciones populares
La mayoría de las acusaciones populares ha solicitado para David Sánchez una condena de hasta seis años de cárcel por prevaricación en concurso con tráfico de influencias. Entre esas acusaciones figuran PP, Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa, Liberum y Abogados Cristianos.
Manos Limpias, sin embargo, se apartó de esa petición máxima y reclamó una pena inferior, de dos años y once meses de prisión. Esa diferencia muestra que ni siquiera las acusaciones mantienen una posición completamente homogénea sobre el alcance penal que debería tener el caso.
En paralelo, el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, también se enfrenta a peticiones de cárcel. Varias acusaciones populares solicitan para él cuatro años de prisión, mientras que otras peticiones sitúan la pena en una horquilla más baja.
La Fiscalía no acusa, y ese dato marca todo el procedimiento. En un juicio penal de esta relevancia, que el Ministerio Público no vea delito introduce un elemento de fuerte contraste frente a las tesis de las acusaciones populares.
Una sentencia con posible pena de cárcel, pero recurrible
Las fuentes periodísticas consultadas por La Razón apuntan a que la Audiencia podría inclinarse por una condena para David Sánchez, aunque con una pena cercana a los dos años de prisión y no a los seis años reclamados por la mayoría de las acusaciones populares. Esa previsión, en todo caso, no sustituye al fallo oficial.
Hasta que la sentencia sea notificada, cualquier cifra debe tratarse con cautela. La Audiencia puede condenar, absolver, estimar solo parte de las acusaciones o fijar penas distintas a las solicitadas por las partes.
Además, la resolución no será firme. Las partes podrán recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra si el procedimiento llega a esa fase. Por tanto, incluso una eventual condena no cerraría definitivamente el caso.
La sentencia abrirá una nueva etapa judicial, no necesariamente el final del recorrido. El fallo de Badajoz será decisivo, pero no irreversible.
El calendario de la Audiencia de Badajoz
La Audiencia de Badajoz tenía previsto inicialmente hacer pública la sentencia más adelante, pero las últimas informaciones apuntan a una notificación adelantada. El tribunal habría cerrado su deliberación y trabajaría para comunicar el fallo de forma inminente.
El calendario tiene importancia propia. La proximidad del parón estival y la jubilación prevista del magistrado ponente en septiembre han añadido presión temporal a la resolución. También se ha señalado el temor a posibles filtraciones como uno de los factores que habrían aconsejado acelerar la publicación.
La Sala está presidida por el magistrado José Antonio Patrocinio y el ponente de la resolución es Emilio Serrano. Su papel es especialmente relevante porque es quien redacta el fallo que deberá recoger los hechos probados, la fundamentación jurídica y la eventual condena o absolución de los acusados.
En una causa tan politizada, la forma y el momento de comunicar la sentencia también forman parte de su impacto público.
El papel de la UCO y la instrucción del caso
La investigación tuvo como una de sus piezas centrales el trabajo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Durante el juicio, los informes y declaraciones de los investigadores fueron utilizados por las acusaciones para sostener que la adjudicación del puesto respondió a una instancia con capacidad política dentro de la Diputación.
Uno de los nombres más citados ha sido el del teniente coronel Antonio Balas, responsable de la investigación policial. Según las informaciones del procedimiento, la UCO señaló al expresidente Miguel Ángel Gallardo como figura clave en el impulso de la plaza cuestionada.
La instrucción fue dirigida por la magistrada Beatriz Biedma, cuya actuación también ha quedado envuelta en un clima de tensión política por las investigaciones paralelas sobre supuestos intentos de desestabilizar causas judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno.
El caso David Sánchez ha dejado de ser solo un procedimiento sobre una contratación pública para convertirse en una pieza más del choque entre justicia, política y relato público.
Una causa atravesada por la política
El componente político del caso es inevitable. David Sánchez no es un acusado cualquiera: es hermano del presidente del Gobierno. Miguel Ángel Gallardo, por su parte, fue presidente de la Diputación de Badajoz y una figura relevante del socialismo extremeño.
Esa dimensión ha hecho que cada paso del procedimiento haya sido leído en clave judicial, pero también partidista. Las acusaciones populares incluyen a organizaciones y partidos situados en la oposición al Gobierno, mientras que el entorno socialista ha denunciado una ofensiva judicial y mediática contra la familia de Pedro Sánchez.
La sentencia deberá abstraerse de ese ruido. El tribunal no juzga parentescos, titulares ni estrategias políticas, sino hechos concretos, pruebas practicadas y tipos penales aplicables.
La dificultad está en que el fallo jurídico tendrá consecuencias políticas inmediatas. Una condena alimentaría el discurso de las acusaciones; una absolución reforzaría la tesis de persecución defendida por el entorno del PSOE.
La sentencia que puede marcar el verano político
La próxima resolución de la Audiencia de Badajoz llega en un momento de máxima sensibilidad política. Si se confirma una condena, aunque sea inferior a la solicitada por la mayoría de las acusaciones, el caso entrará en una nueva fase con recursos, lectura penal y fuerte impacto público.
Si hay absolución, el debate girará hacia el recorrido de la instrucción, el papel de las acusaciones populares y el coste personal y político de un procedimiento de esta dimensión.
En cualquier escenario, la sentencia de David Sánchez no agotará el debate. La posibilidad de recurso ante el Supremo garantiza que el caso seguirá presente durante meses.
La Audiencia de Badajoz está a punto de dictar el fallo más esperado de una causa que ya ha desbordado los límites de lo judicial. Y su contenido puede marcar no solo el futuro procesal de los acusados, sino también una parte importante del clima político del verano.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.