“A mitad de mi segundo mandato no hacía caso a nadie que no me diese la razón”. La reflexión pertenece a una conferencia de Felipe González en la que reconocía que ningún presidente del Gobierno debería estar más de ocho años en el cargo. Con la perspectiva del tiempo, el padre del PSOE reconocía que en el llamado síndrome de La Moncloa hay mucho de soberbia. Tanta que incluso él quiso perpetuarse en un Ejecutivo que naufragaba asediado por la corrupción.
En septiembre de 1997 González acudió a declarar como testigo en el juicio del caso Filesa, una trama de financiación ilegal del PSOE en la que diversos bancos y corporaciones pagaron millones de pesetas a empresas pantalla (como Filesa, Malesa y Time Export) por informes inexistentes, para pagar los gastos electorales del partido de 1989.
Treinta años después, otro presidente socialista, Pedro Sánchez, puede acabar ante el juez Santiago Pedraz como testigo dado el cariz que están tomando las investigaciones de la llamada cloaca del PSOE liderada por Leire Díez.
Tantos los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) como los acusados que han ido desfilando por la Audiencia Nacional en los últimos días señalan que se actuaba en “nombre de Pedro”, del “one”. Todos los caminos parecen conducir al presidente del Gobierno, cuyo horizonte judicial está abocado a complicarse, según las fuentes cercanas a la investigación consultadas.
“El caso llegará a nuestra mesa”
En el Tribunal Supremo ya dan por hecho que acabarán teniendo que pedir el suplicatorio al Congreso para imputar al presidente del Gobierno. “El caso llegará a nuestra mesa”, sentencian desde el Alto Tribunal.
Pero antes será Santiago Pedraz el que tendrá que medir los tiempos y la posible implicación del jefe del Ejecutivo. El juez tiene varias opciones para gestionar una decisión de máxima relevancia.
En primer lugar, Pedraz puede llamar a Sánchez simplemente como testigo, lo que implica que, a priori, el instructor no considera que haya indicios suficientes para elevar una exposición razonada al Supremo y solicitar su imputación.
Otra opción es recurrir a la figura de los “preinvestigados aforados”. En este caso se citaría a Sánchez dándole la opción de que declarase de forma voluntaria para aclarar las acusaciones vertidas sobre su persona y podría acudir incluso con abogado. Fuentes judiciales advierten de que al tratarse del presidente del Gobierno este procedimiento podría ser cuestionado.
Claramente la alternativa más fácil, y la que prefiere Pedraz, es delegar directamente en el Supremo la decisión de abrir una causa contra Sánchez. Para ello tendría que haber otro aforado en la causa. El calendario que maneja el magistrado de la Audiencia Nacional es dejar para después del verano los “peces gordos” del caso por el que el PSOE podría acabar imputado también como persona jurídica.
El PSOE sí podría ser condenado
A diferencia de la época de Filesa el partido sí puede ser esta vez condenado como entidad jurídica tras la reforma de 2012 del Código Penal, que permite imputar penalmente a organizaciones políticas y sindicatos.
El avance de las pesquisas confirma que la operación para extorsionar y amedrentar a jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil que trabajaban en los casos relacionados con el hermano o la esposa del presidente se activó en los cinco días de abril de 2024 en los que Sánchez se retiró a “meditar” sobre su futuro después de que El Confidencial destapara la investigación a Begoña Gómez.
Hubo en aquellas jornadas reuniones en Moncloa y en Ferraz en las que, según vamos conociendo, participaron desde Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y “jefe” de una trama corrupta según la UCO ;Leire Díez; o el entonces director adjunto del Gabinete de Presidencia, Antonio Hernando. El objetivo era, según los mensajes que se cruzaban Leire Díez y el ex director de Correos y persona de máxima confianza de Sánchez, Juan Manuel Serrano en aquellos días, “matar a la gente mala”.
¿Podría ser ajeno Sánchez a todos estos planes de las personas de su círculo más estrecho? ¿Intentaban proteger al presidente sin que este lo supiera? ¿Pusieron en marcha una operación que implica desde a la Fiscalía, hasta la Guardia Civil o la SEPI sin conocimiento del jefe del Ejecutivo? La Justicia será la que tenga que despejar la X de esta cloaca. Lo que ya es una evidencia es que Sánchez lleva tiempo sin escuchar a nadie que no le dé la razón.
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