Más de dos semanas después de la entrada masiva registrada a finales de julio, miles de migrantes que entraron en Ceuta continúan esperando que las autoridades determinen cuál será su situación. La respuesta, pese a las peticiones políticas de una devolución general a Marruecos, no puede ser idéntica para todos.
La legislación obliga a estudiar circunstancias como la nacionalidad, la edad, la existencia de familiares, posibles situaciones de vulnerabilidad y, especialmente, si la persona ha solicitado protección internacional.
El resultado puede ir desde la concesión de asilo o protección subsidiaria hasta una devolución, pero cada alternativa exige seguir procedimientos administrativos y garantías concretas.
Por qué España no puede devolverlos a todos inmediatamente
La situación de los migrantes que entraron en Ceuta está condicionada por una reciente sentencia del Tribunal Supremo. El alto tribunal ha establecido que las llamadas devoluciones en caliente no pueden aplicarse a quienes intentan alcanzar Ceuta o Melilla nadando y son interceptados cuando ya se encuentran bajo jurisdicción española.
Eso obliga a distinguir entre el rechazo practicado en determinadas circunstancias fronterizas y la devolución de una persona que ya ha entrado en territorio español.
En este último supuesto debe existir un procedimiento individualizado con las garantías correspondientes. Además, si el afectado manifiesta que necesita protección internacional, esa circunstancia debe ser examinada antes de ejecutar su retorno cuando así lo exige la normativa de asilo.
Los marroquíes tienen más opciones de ser devueltos, pero también pueden pedir asilo
Uno de los grupos más numerosos entre los migrantes que entraron en Ceuta está formado por ciudadanos marroquíes. Su situación tiene una particularidad importante: Marruecos está incluido en la lista europea de países de origen seguros.
La consideración de país seguro implica que, con carácter general, las instituciones europeas parten de que no existe allí una persecución sistemática capaz de justificar automáticamente una protección internacional.
Pero esa presunción puede ser rebatida. Un solicitante marroquí puede alegar circunstancias individuales que demuestren que en su caso concreto existe peligro de persecución por motivos políticos, religiosos, de orientación sexual, pertenencia a un determinado grupo social u otras causas reconocidas legalmente.
Por tanto, ser marroquí no impide pedir asilo. Sí puede hacer que la solicitud se tramite mediante un procedimiento acelerado y que el interesado tenga que aportar elementos que demuestren por qué Marruecos no es seguro para él personalmente.
Qué ocurre con quienes proceden de países en guerra o con violencia generalizada
La situación cambia para personas procedentes de Estados como Sudán, Mali, Burkina Faso u otros territorios afectados por conflictos y graves crisis de seguridad.
La nacionalidad tampoco garantiza automáticamente el reconocimiento del asilo, pero la realidad del país de origen adquiere mucho más peso al analizar la solicitud.
España tendrá que valorar si existe persecución individual susceptible de generar la condición de refugiado o, en su defecto, un riesgo real de sufrir daños graves que permita reconocer protección subsidiaria.
Mientras se tramita la petición de protección internacional, deben aplicarse las garantías previstas por la legislación de asilo y el nuevo sistema europeo.
Los menores tienen un procedimiento completamente distinto
El caso más delicado entre los migrantes que entraron en Ceuta es el de los menores extranjeros no acompañados.
El Gobierno marroquí ha reclamado a España el regreso de los niños de nacionalidad marroquí, pero esa solicitud no permite enviarlos automáticamente al otro lado de la frontera.
La legislación española sitúa el interés superior del menor por encima de cualquier decisión general sobre política migratoria. La Administración debe comprobar su identidad, circunstancias familiares y situación en el país al que podría ser repatriado.
La primera alternativa que debe estudiarse es la reagrupación con su familia, siempre que pueda acreditarse que existe un entorno adecuado y que el retorno protege realmente sus intereses.
El menor tiene además derecho a ser oído de acuerdo con su edad y madurez.
El precedente de 2021 marca los límites al Gobierno
España ya afrontó una situación semejante después de la crisis fronteriza de Ceuta de mayo de 2021.
Meses después comenzaron a producirse devoluciones de menores a Marruecos. Aquella actuación terminó llegando al Tribunal Supremo, que declaró que las repatriaciones habían sido ilegales porque no se siguió el procedimiento individualizado previsto en la Ley de Extranjería.
Ese precedente resulta especialmente relevante ahora. Incluso aunque Rabat manifieste que está dispuesto a recibir a sus nacionales, cada expediente de un menor debe tramitarse separadamente.
Entre 5.000 y 8.000 personas y una enorme tarea administrativa
Ni siquiera existe todavía una cifra completamente pacífica sobre cuántos migrantes que entraron en Ceuta permanecen en la ciudad.
El Gobierno central ha manejado cifras próximas a 5.000 en diferentes momentos, mientras el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha elevado la estimación hasta aproximadamente 8.000. La presión sobre los recursos de acogida ha obligado este lunes a anunciar cuatro nuevos dispositivos con otras 1.500 plazas.
Además, el Ejecutivo considera que una parte importante de quienes permanecen allí podría entrar en procedimientos de asilo, protección o atención específica por ser menores.
El resto quedaría expuesto a procedimientos de devolución si no dispone de otro título que permita su permanencia en España.
No hay una única respuesta para todos los que cruzaron la frontera
Las declaraciones políticas pueden reducir la crisis a dos alternativas —quedarse o ser devuelto—, pero jurídicamente la situación es bastante más compleja.
Un adulto marroquí sin necesidades de protección tiene muchas más posibilidades de terminar siendo retornado. Una persona perseguida individualmente puede obtener asilo. Alguien procedente de un conflicto grave puede acceder a protección subsidiaria si cumple los requisitos. Y un menor no acompañado queda sujeto a un sistema específico de protección.
Por eso, los migrantes que entraron en Ceuta no pueden resolverse mediante una única decisión colectiva. Después de la emergencia fronteriza comienza ahora un proceso mucho menos visible: identificar a cada persona, determinar qué legislación le corresponde y decidir individualmente quién puede permanecer en España y quién debe regresar.
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