El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reclamado este martes al Tribunal Supremo (TS) que resuelva “lo antes posible” y, en todo caso, antes de los procesos electorales de 2027, el fondo de la cuestión sobre el derecho de voto de los españoles nacionalizados mediante la denominada ley de nietos, después de que el TS haya acordado suspenderlo cautelarmente para quienes ya están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), salvo que acrediten que sus familiares sufrieron exilio.
“La decisión del Supremo no la compartimos”, ha afirmado Bolaños en declaraciones a los medios antes de la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde ha recordado que la posición del Ejecutivo coincide con la de la Junta Electoral Central (JEC), que consideraba que no debían haberse adoptado estas medidas.
El ministro de Justicia ha subrayado que se trata de unas medidas cautelares y, por tanto, “no son definitivas”, pero ha advertido de que el auto supone “suspender el derecho de voto a miles de españoles”, por lo que considera que es una decisión de “enorme trascendencia“. Por ello, ha pedido “respetuosamente” al Supremo que dé prioridad al asunto y resuelva el fondo “antes de los procesos electorales de 2027”, al considerar que se trata de “lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto”.
🔴 ÚLTIMA HORA. Suspendida la aplicación de las instrucciones de Sofia Puente (Ley Nietos) para la alteración del censo, a instancias de @vox_es, tras la vista de ayer. El TS ordena en derecho actuar a la JEC https://t.co/pTn3oYCD3J pic.twitter.com/sClD55rmH6
— Jorge Buxadé (@Jorgebuxade) September 8, 2026
Previamente, el auto ha establecido que las nuevas inscripciones afectadas quedarán suspendidas una vez finalizada su tramitación y que, en el caso de las personas ya inscritas, se suspenderán sus efectos electorales para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse. Estas medidas permanecerán vigentes hasta que se dicte sentencia en el procedimiento.
Además, el alto tribunal marca que las nuevas inscripciones afectadas quedarán suspendidas una vez finalizada su tramitación y que estas medidas permanecerán vigentes hasta que se dicte sentencia en el procedimiento.
A juicio de Bolaños, “privar” del derecho al voto a miles de ciudadanos “tiene que ser una resolución de fondo“, en la que se den “todos los argumentos que puedan justificar una medida de esa envergadura”. El ministro ha explicado además que todavía no puede valorar los argumentos jurídicos del auto porque el Gobierno no conoce su contenido íntegro. En este sentido, ha advertido de que el fallo conocido hasta el momento ya está dando lugar a “interpretaciones diversas” y “algún tipo de confusión”, por lo que ha insistido en que es “urgente” que el Supremo dé prioridad a esta cuestión.
“No hacer caso a los bulos”
Por otro lado, el ministro ha rechazado las campañas destinadas a poner en cuestión los resultados electorales “incluso antes de producirse”, una técnica que, según ha señalado, es “muy habitual en la ultraderecha del mundo, no solo española”. Bolaños ha recordado que esta cuestión ya se planteó en las elecciones generales de 2023, cuando se afirmó que la denominada ley de nietos y la Ley de Memoria Democrática habían afectado al censo y beneficiado a los intereses electorales del PSOE.
Sin embargo, ha señalado que, una vez recontado el voto CERA, se produjo un cambio de escaño que perjudicó al PSOE y benefició al PP. “Por tanto, no hagamos caso a los bulos, evitémoslos, porque obviamente nuestro sistema democrático es de los más garantistas del mundo”, ha defendido.
Por último, Bolaños ha reivindicado que la democracia y las elecciones españolas son “absolutamente ejemplares” y ha apostado por que esta cuestión sea objeto de consenso entre las distintas fuerzas políticas y sus responsables.
“La Justicia no quiere que este Gobierno gobierne”
Mientras, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, se ha lanzado también a criticar la medida: “Estamos ante la enésima prueba de que el Poder Judicial no quiere que este Gobierno gobierne. Resulta muy difícil para ninguna persona progresista en este país confiar en la Justicia en estos momentos”, ha lanzado la parlamentaria en declaraciones remitidas a los medios tras conocer la resolución del alto tribunal.
Martínez Barbero ha recalcado que la decisión del Supremo es “tremendamente preocupante” y “abre el camino a una deriva antidemocrática peligrosísima porque restringe el derecho al voto a quienes cumplen el requisito para ello”.
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