El Ministerio de Defensa asumió una derrota ante La Moncloa, pero sigue librando un pulso político por el relato de lo ocurrido en Ceuta. La semana pasada, la ministra del ramo, Margarita Robles, recalibró su discurso tras la polémica por la desclasificación de los informes y comunicaciones previos a la entrada masiva en Ceuta de más de 70.000 personas, entre el 30 y el 31 de julio.
Robles, que había destacado durante más de un mes los avisos del Centro Nacional de Inteligencia (dependiente de Defensa), acabó recogiendo cable: “Todos tenemos que aprender y sacar lecciones”. Se interpretó como una victoria de Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, con el que había intercambiado varios recados desde lo ocurrido en la ciudad autónoma.
Cinco días después, fuentes de Defensa vuelven a ensalzar el trabajo de este departamento de la crisis, y deslizan nuevos dardos para Moncloa. Según estas fuentes, la desclasificación de documentos aprobada en Consejo de Ministros la semana pasada incluyó los informes y comunicaciones que el Gobierno consideró oportuno desvelar, y no la totalidad de estos escritos. “Se ha desclasificado lo que el Gobierno ha considerado desclasificar”, deslizan.
Los mismos interlocutores no quisieron precisar si hay otros informes de inteligencia por salir a la luz-además de los que rubrica el CNI-, ni se pronunciaron sobre el atípico mensaje distribuido por Moncloa la semana pasada, atribuido al Centro Nacional de Inteligencia: “[El CNI] no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30, al ser un fenómeno inusual que no se corresponde con las crisis migratorias conocidas hasta la fecha”.
El compromiso del Gobierno fue desclasificar “todos los documentos” que entonces obraban en poder del Ejecutivo y que se elaboraron antes de la entrada masiva -hasta el 1 de agosto-. Además de remitir, a futuro, los informes que pudieran comprometer la seguridad nacional -o ser “especialmente sensibles”- a la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados.
La propia Robles avanzó este martes un paso hacia su comparecencia ante este órgano de trabajo parlamentario, además de comprometer también la presencia de la directora general del CNI, Esperanza Casteleiro, ambas para explicar las alertas que remitió el servicio de inteligencia. “Que nos lo pidan, que nos convoquen y vamos, vamos tranquilamente”, apuntó.
Marcando los tiempos, desde su Ministerio incidieron en que es la Mesa del Congreso -controlada por la mayoría de PSOE y Sumar- la que debe calificar la petición de comparecencia que ya está registrada, para así poder iniciar su tramitación. “En cuanto esté calificada buscamos la fecha”.
Y, por si las dudas, ensalzaron los esfuerzos de la ministra por poner en valor el trabajo del CNI y de las Fuerzas Armadas en este mes y medio, en el que el Ejecutivo se ha visto seriamente cuestionado por su gestión de la crisis. Además de destacar el apoyo del presidente del Gobierno a Robles, con la que aseguran mantiene una interlocución fluida y diaria. Y a la que ha mostrado reiteradamente su apoyo “en estos 8 años”. Junto a Marlaska, es la ministra más longeva de Sánchez.
De hecho, pese a que han protagonizado otros episodios de tensiones antes de estas semanas, el presidente ha mantenido a ambos al frente de sus respectivas carteras. Por más que la titular de Defensa generara un profundo malestar entre algunos de sus compañeros del Consejo de Ministros con éste y otros pulsos. Hasta el punto de que la acusaran de “mentir” sobre los avisos del CNI para salvar su propia gestión. “Sólo mira por ella”, criticaron a Artículo 14.
La tormenta tras la desclasificación
El Consejo de Ministros aprobó hacer públicos los documentos, una promesa de Sánchez ante el Congreso, el pasado martes 8 de septiembre. Un día después, Moncloa los incluyó en su página web, y asistió durante algunas horas a la publicación de titulares sobre los avisos del Centro Nacional de Inteligencia al jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno en Ceuta, hoy dimitido. El respaldo a su exjefe, Miguel Ángel Pérez Triano, es hoy cerrado: “Máxima confianza”.
Y la lectura de lo sucedido con la desclasificación, que fue considerada incluso en el PSOE como una “voladura controlada”, se dispensa desde la resignación. “Hicimos lo correcto, ser transparentes”, afirman desde el Gobierno casi una semana después de esa tormenta mediática.
El propio Sánchez se vio obligado a publicar un mensaje en la red social X acotando el debate, e insistiendo en que ningún servicio de inteligencia pudo anticipar la “magnitud” de lo que ocurrió en Ceuta -Robles tuvo que asumir esta misma palabra al día siguiente-. En Moncloa apelan a la “comprensión lectora”, y defienden que tuvieron que mover ficha para “contrarrestar bulos o acusaciones” sobre lo que probaban realmente estos documentos.
Los menores, en península en un máximo de dos meses
Con el Ejecutivo volcado en el retorno a la normalidad en Ceuta, una de las líneas de actuación prioritarias es descargar parte de la responsabilidad en los gobiernos regionales del PP por negarse a acoger a los menores no acompañados. En particular, el presidente y los ministros empiezan a perder la paciencia con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.
Le afean incluso haber mentido sobre su interlocución directa con Sánchez desde el 31 de julio -no así con los ministros-, que sí se habría dado en varias reuniones del Comité Especializado de Situación en las que ambos han coincidido. “Hay testigos”.
El lunes, el presidente del Gobierno puso por fin fecha estimada para el retorno de Ceuta a la normalidad, al calcular que pueden haber resuelto la crisis “al final del año”. Esto es, en tres meses. Por resolver la situación se refieren a “reubicar a los migrantes” que todavía hay en la calle, aclaran desde Moncloa.
El problema es que hay múltiples escenarios en los que los trámites podrían requerir de más tiempo. Por ejemplo, el Gobierno da por descontado que buena parte de los migrantes recurrirán las resoluciones que avancen hacia su retorno forzoso a Marruecos. También contemplan que Rabat no cumpla con su palabra, y retrase la respuesta a los expedientes de cada una de estas personas.
A última hora de la tarde del martes, fuentes del Ejecutivo dudaban incluso de que Marruecos vaya a facilitar la reagrupación de menores migrantes con sus familiares por su falta de respuesta a los expedientes formulados antes de la crisis migratoria.
Según el Ministerio de Juventud e Infancia, antes de la entrada masiva de finales de julio se habían remitido 600 expedientes desde 2021, y el país vecino no ha contestado a ninguno. En lo que respecta a la acogida de estos menores en la península, si los gobiernos autonómicos no quieren cooperar, ven difícil que estos niños y adolescentes puedan ser reubicados en la península antes de que pasen un par de meses. Dudan de contar con tanto margen.
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