Miles de personas cumplen este jueves su sexto día de acampada en la Puerta del Sol, a menos de 24 horas de que el Congreso vote los dos reales decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. Las negociaciones siguen abiertas y los apoyos no están garantizados: Podemos ha confirmado que respaldará ambos textos, mientras que el PNV solo apoyará el primero y no el que introduce la renovación automática de los contratos, el que más dificultades tiene para salir adelante.
El primer decreto amplía hasta 2030 la protección frente a los desahucios, regula los alquileres de temporada y por habitaciones, prohíbe a los grandes fondos comprar vivienda hasta 2028 y prorroga dos años los contratos que venzan antes de finales de ese año. El segundo incorpora la prórroga automática de los alquileres. Mientras se decide su suerte, el Sindicato de Inquilinas ha convocado una cacerolada esta misma tarde y manifestaciones en todo el país el sábado.
Artículo14 se vuelve a adentrar a la concentración para hablar con dos manifestantes que mantienen la protesta en Sol. María está acampada desde el martes. El arranque de la protesta la pilló fuera de Madrid y, en cuanto volvió, pidió material prestado y se presentó en la plaza con su hermana. Se define como una persona muy implicada en la defensa de los derechos sociales y cree que el contexto exige movilizarse. “Se nos olvida que los derechos que tenemos, todos los derechos sociales, son adquiridos”, advierte, y alerta de que cualquier crisis política o social puede servir para tumbarlos, como a su juicio está ocurriendo en Europa con el avance de la “extrema derecha”. “Para quejarnos desde el sofá tenemos mucho tiempo”, resume.
Está convencida de que la acampada está sirviendo para presionar. Cree que en la Comunidad de Madrid están bastante incómodos y buscan la manera de frenarla, y lanza también un reproche al Gobierno central, al que recuerda que Pedro Sánchez prometió “prohibir los fondos buitre y que, en 2026, siguen operando”. “Lo partieron en dos y dijimos que no queríamos migajas”, dice sobre la división del decreto.
Aun así, no espera conseguirlo todo de una vez. Pide un texto que sirva como “primera ayuda” para frenar los desahucios y la compra de vivienda por parte de los fondos, y que abra un diálogo para seguir avanzando en la protección del derecho a la vivienda. Sobre los próximos pasos, explica que se deciden en asambleas y que, al menos hasta la votación en el Congreso, seguirán en Sol. Ahora la preocupación es otra: piden ayuda para impermeabilizar las tiendas ante las lluvias previstas. “Se planea estar lo que haga falta hasta que nos escuchen”, asegura.
Por otro lado está Jaime, no duerme en la plaza, pero acude a manifestarse. Su motivo es la imposibilidad de acceder a una vivienda y el hartazgo ante la “especulación”. Sostiene que la casa no es un producto con el que se pueda hacer negocio como con cualquier otro, porque es “una condición de posibilidad” para todo lo demás: formar una familia, encontrar un empleo estable o participar en la vida política.
Para Jaime, el efecto de la movilización es evidente. “El Gobierno ha estado siete años y medio sin hacer nada relevante en vivienda. Hemos acampado y en cinco días se han puesto las pilas“, señala. Aunque considera que el primer decreto recoge medidas “más o menos insignificantes” y que lo importante, la renovación automática, se ha dejado para el final. Defiende ese modelo: si el propietario quiere recuperar la vivienda sin una causa justificada, como el uso propio o familiar, debe indemnizar al inquilino o mantener el contrato indefinidamente.
Cree que la protesta debe continuar en Sol, en el Congreso “o en cualquier lado”, porque históricamente “si no molestas, no se ha conseguido nada”. Y tiene claro que seguirá en la calle aunque se apruebe el segundo decreto, porque considera que la prohibición a los fondos debería ser permanente y no limitarse a 2028.
600 antidisturbios ante el Congreso
La votación de este viernes se celebrará bajo un fuerte dispositivo de seguridad. La Policía Nacional desplegará cerca de 600 agentes antidisturbios, repartidos en 12 grupos de las Unidades de Intervención Policial, para blindar la Cámara Baja. Interior trabaja con la hipótesis de que los integrantes de la acampada intenten rodear el edificio coincidiendo con la votación de los decretos, una previsión que procede de los datos recabados por las unidades de Información y las brigadas que trabajan sobre el terreno.
El crecimiento de la acampada en los últimos días ha ido acompañado de un aumento de la presencia policial en Sol. Aun así, la Delegación del Gobierno ha rechazado desalojar la plaza, como le han reclamado el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
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