La demolición de la verja de Gibraltar tras el acuerdo alcanzado entre Reino Unido y Gibraltar ha suscitado distintas críticas políticas y diplomáticas en cuanto a que hay cuestiones que consideran no resueltas.
Una de ellas, como ya publicara este medio, es la cuestión de la reclamada soberanía de España respecto al Peñón. Un contencioso entre Reino Unido y nuestro país que sigue sin resolverse desde el Tratado de Utrecht y que no se ha abordado en el tratado que se firmará este martes en Bruselas, pese a que enfatizan en la posición de fuerza que jugaba España en las negociaciones tras el Brexit británico. Uno de los efectos colaterales de no abordar este asunto es la lucha contra el narcotráfico por parte de la Guardia Civil.
El artículo 56 del acuerdo recoge lo siguiente: “Los agentes del Reino Unido, respecto de Gibraltar, o del Reino de España que persigan a una persona sorprendida en flagrante delito cometiendo o participando en uno de los delitos enumerados en el Anexo 8 podrán continuar la persecución, conforme al acervo de Schengen pertinente, en Gibraltar o en España, respectivamente”.
Sin embargo, fuentes europarlamentarias cuestionan que se haya abordado con total rigor el asunto en lo referente a las aguas territoriales. El tratado de Utrecht de 1713, en su artículo 10, cede a la Corona británica la ciudad y castillo de Gibraltar junto con su puerto, defensas y fortalezas, sin plazo de tiempo, pero “sin jurisdicción alguna territorial”. En otras palabras: el tratado habla de propiedad sobre la plaza, el castillo y el puerto, pero no menciona explícitamente ni el istmo ni las aguas territoriales que rodean el Peñón, porque en 1713 no existía todavía el concepto moderno de aguas jurisdiccionales.
En definitiva, desde algunos sectores especializados se insta a que se respete la doctrina de que Gibraltar sería una costa “seca”: una franja de litoral que, a diferencia de lo habitual en derecho internacional, no proyecta mar territorial propio, porque nunca se cedió esa jurisdicción. Las únicas aguas que España reconoce como británicas serían las estrictamente interiores del puerto.
Por su parte, Reino Unido se acoge al Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), que se firmó en 1982 y entró en vigor 12 años después. Dicho acuerdo establece que las naciones tengan derechos y obligaciones sobre sus aguas interiores, así como sobre las de la costa, hasta 12 millas náuticas a partir de la línea base. “Este punto debería haberse abordado en el tratado”, afirman fuentes diplomáticas. “¿Hasta dónde podrá hacer España “persecuciones en caliente” de narcotraficantes o contrabandistas?”, se preguntan.
Acuerdo de colaboración
Así, pese a que en el Título VI del Tratado la UE recoge en la “Lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo”, que Reino Unido ofrezca garantías en cuanto a la homologación con las directivas europeas sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, dentro del bloque dedicado a cooperación en materia policial y judicial, en la práctica la cuestión del control sobre las aguas no está resuelto. El texto recoge explícitamente entre sus objetivos generales el compromiso de las partes de cooperar en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, junto con la lucha contra la evasión y elusión fiscales, y de garantizar la aplicación efectiva de esas normas.
Lo que exige la Guardia Civil
Además de este punto sin resolver, la Guardia Civil se encuentra con que las organizaciones de narcotraficantes son cada vez más agresivas y armadas en la zona de Algeciras. Los efectivos de la Benemérita no cejan en sus demandas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que les permita usar armas de defensa, como pueden ser lanzagranadas, para poder operar en igualdad de condiciones. Un requerimiento que se ha agravado tras las últimas muertes de agentes en su lucha contra el narcotráfico. El 9 de febrero de 2024, en Barbate (Cádiz), una narcolancha embistió una zódiac de la Guardia Civil, que terminó en el acto con la vida de Miguel Ángel González y David Pérez Carracedo. El 8 de mayo de 2026, en Huelva, dos patrulleras del Servicio Marítimo chocaron al perseguir otra narcolancha a 80 millas de la costa, ataque en el que murieron Germán P.J. y el capitán Jerónimo J.M.
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