Una causa que está teniendo unas incidencias inauditas, la que se dirige contra el alto cargo del Ministerio de Justicia Aitor Cubo por presunta manipulación de pruebas y que arranca de un proceso de divorcio, está a las puertas de entrar en la Audiencia Nacional, según ha podido saber Artículo14. Un proceso que el Ministerio de Justicia ha establecido que afecta a la seguridad nacional. Todo arranca de un hecho que parecía fortuito. Un abogado, Pablo Martínez, ve que la grabación de su hijo, de entonces 12 años, en un Juzgado de Valladolid, en un duro proceso de custodia, en la que contestaba a las preguntas del juez acerca de sus preferencias, resulta del todo inaudible. Ante este hecho y dada la trascendencia que tenía, volvió a solicitarla al Juzgado, quien le informó de que el Centro de Atención al Usuario (CAU) del Ministerio de Justicia había concluido que la grabación era irrecuperable.
Ante lo anómalo de la situación y no aceptando la premisa de que en España no se pudiera obtener una copia audible de esa grabación y no dando por perdido este testimonio fundamental, pidió a unos peritos que intentaran recuperar la grabación, dado que las consecuencias de no poder verificar lo declarado eran muy graves. La sorpresa fue que los expertos le advirtieron de que el borrado no era casual y de que alguien había introducido, de forma intencionada, lo que se denomina “ruido rosa”, un sonido constante que impide escuchar la grabación y tampoco permite recuperarla.
La causa llega a Madrid
La denuncia de estos hechos se interpuso inicialmente en Valladolid, negándose de plano los Juzgados a investigarlo dado que se dirigió inicialmente contra el juez y la letrada de Administración que estaban presente en la declaración del menor. La propia Audiencia Provincial de Valladolid fue la que afirmó que no se podía acreditar que en la presunta manipulación hubieran intervenido las personas que estaban en la Sala de Vistas. Esta denuncia fue el motivo por el que Martínez fue incluido como denunciado por injurias en una causa que promueven el mismo juez y otros funcionarios de esta ciudad, en la que también intervienen como denunciantes su exalcalde y ahora ministro de Transportes Óscar Puente y su hermana Sofía Puente, fiscal y actual secretaria General en el Ministerio de Justicia con Félix Bolaños.
Pero la competencia resultó ser de Madrid dado que los servidores donde se almacenan todas las pruebas son del Ministerio de Justicia, ya que el Juzgado donde se celebró la vista pertenece al denominado “territorio Ministerio”, es decir, gestionado por éste. Es en los servidores del Ministerio de Justicia donde se almacenan y custodian todos las grabaciones y resoluciones de los juzgados de las comunidades autónomas que no tienen la Justicia transferida, el caso de Castilla y León, con el sistema eFidelius, cuya gestión dirige Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia.
Ante la Guardia Civil de Madrid fue donde planteó el abogado la denuncia, que recayó en el Juzgado de Instrucción nº 7 de la capital. Más adelante presentó una ampliación por la presunta manipulación de las firmas electrónicas de un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y de un fiscal en dos documentos judiciales. La jueza de Madrid lo rechazó, esgrimiendo que el delito se habría producido en Castilla y León y finalmente la Audiencia Provincial de la capital le dio la razón. El sistema eFidelius, a través del que se gestionan las firmas electrónicas, han sido desarrollado bajo el mandato de Bolaños.
Maniobras de la Abogacía del Estado
A todas estas vicisitudes se han sumado maniobras de la Abogacía del Estado para archivar la causa de la mano de José Ignacio Ocio, que defendió al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, y que recogió el testigo de Zaida Isabel Fernández Toro, a la que se considera próxima al PSOE. Ésta redactó la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado y defiende a Hacienda frente a José Luis Rodríguez Zapatero por sus joyas.
Desaparición de la prueba
También se ha producido la pérdida de la prueba principal. La primera declaración de Cubo se suspendió porque aseguró que no había podido acceder a la prueba principal, el audio manipulado, que resultó que pese a haber constancia de que la prueba se encontraba en el Juzgado, sorpresivamente desapareció de las actuaciones. La jueza solicitó que la acusación particular la aportase, pero ésta entendió que así se ponía en duda la cadena de custodia del audio y pidió a la Guardia Civil que la entregase de nuevo.
La Fiscalía y la defensa de Cubo
Otro de los asuntos llamativos en este proceso es que se está intentando sustituir la prueba aportada por el denunciante a la Guardia Civil por otra prueba solicitada por la Fiscalía en coordinación con la defensa de Cubo -perteneciente a la Abogacía del Estado-. Esa prueba que no tiene trazabilidad ni cadena de custodia se solicitó al Juzgado de origen. Una vez recibida, se envió directamente por el propio Juzgado al Ministerio de Justicia -las dependencias de Cubo- y a la Abogacía del Estado, sin que fuera informada la acusación particular, que no la recibió. En lo que parece un desliz del propio abogado del Estado la acusación particular pudo conocer el envío oculto de la prueba que la Fiscalía pretende que sea la prueba de cargo. La jueza negó que se hubiera enviado para finalmente reconoció que sí lo hizo ante las evidencias aportadas por la acusación particular.
Denuncia al CGPJ
El afectado denunció estos hechos ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a los que añadió que la jueza, Susana Trujillano, no resolvió la solicitud de prórroga presentada en tiempo y forma por la acusación, y que realiza escritos contradictorios. A lo que sumó que abrió una pieza separada sin preceptiva resolución judicial que lo acordase y que estaría, además, bajo secreto.
Lo descubrió tras solicitar al tribunal una copia electrónica de todas las actuaciones y conocer que existe, de forma oculta, una pieza de medidas de investigación tecnológica limitativas de derechos fundamentales, lo que la juez habría acordado sin dictar un auto.
Amparo al ICAM
La acusación particular ha solicitado amparo al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) porque considera que la declaración por parte de Justicia de que hay documentos que son clasificados como seguridad nacional y ante las restricciones impuestas por el Ministerio de Justicia para poder acceder a la prueba coartan y coaccionan su margen de maniobra como acusación e incluso la colocan en riesgo personal por revelación de secretos. El ICAM ha hecho una declaración institucional de apoyo, según ha conocido este periódico.
Pide sobreseer la causa en la que está Puente
Como consecuencia de este asunto y de las denuncias de manipulaciones e irregularidades por el denunciante en los Juzgados de Valladolid, se vio envuelto e incluido en un procedimiento que parte de una denuncia de Óscar Puente -cuando aún era alcalde de Valladolid- y dos jueces contra Javier Negre y otros dos periodistas por unas supuestas injurias. En particular el juez que estaba en la vista donde declaraba su hijo, la esposa del citado juez, a la postre también jueza en Valladolid, y la letrada de la administración del mismo Juzgado le acusan de unas presuntas injurias dado que denunció el caso de manipulación de pruebas en sede judicial y retuiteó noticias de los periodistas, causa que ha pedido sobreseer y archivar, según ha informado Artículo14.
La causa llegó al Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid tras una denuncia a la Fiscalía de Puente el 9 de enero de 2023. Sólo un mes más tarde, la jefa del Ministerio Público en la provincia, Soledad Martín Nájera, que había sido designada poco antes por el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, interpuso una denuncia para solicitar la apertura de una causa en relación a los hechos denunciados por Puente por la difusión de una presunta noticia falsa y la publicación de tuits sobre su supuesto patrimonio en el extranjero y en territorios como Andorra y el de los jueces de Valladolid Emilio Vega y su mujer, Soledad Ortega, entre otros funcionarios judiciales.
A raíz del caso de Martínez, se denunciaba en redes sociales una presunta trama de funcionarios judiciales. Un pleito en el que decía haber sufrido irregularidades y por el que afirma que sus hijos estaban bajo “secuestro administrativo” como consecuencia de sus denuncias contra la actuación del juez decano y de otros funcionarios judiciales, entre ellos la magistrada Ortega y el fiscal de delegado para delitos contra la mujer en Valladolid, Manuel Javato, marido de Sofía Puente.
Impacto España, una de las webs denunciadas, informaba de una cuenta en Andorra de una presunta trabajadora del juez decano de Valladolid, Ainhoa Martínez Tirapu, que es la exmujer del abogado Pablo Martínez. Su exmujer comparte abogados con Óscar Puente, según fuentes cercanas al abogado.
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