La investigación judicial sobre las presuntas presiones a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorpora nuevas explicaciones de su cúpula. El director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, ha señalado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la directora general del instituto armado, Mercedes González, como responsables de dos llamadas que estuvieron en el origen de una investigación interna sobre agentes de la unidad que participaban en causas relacionadas con el entorno de Pedro Sánchez.
Las explicaciones figuran en un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según publica este jueves 15 de octubre La Razón. El documento responde a las diligencias ordenadas por el magistrado para esclarecer quién impulsó las investigaciones administrativas contra los agentes, qué motivos justificaron su apertura y qué conocimiento tenía la dirección de la Guardia Civil.
La declaración del DAO adquiere especial relevancia porque la instrucción trata de determinar si estos procedimientos respondían a sospechas legítimas de filtraciones periodísticas o pudieron utilizarse para interferir en el trabajo de los investigadores. Por el momento, ninguna de esas posibles responsabilidades ha quedado acreditada judicialmente.
El DAO sitúa dos llamadas en el origen de la investigación
Según la documentación recogida por La Razón, Manuel Llamas explica que recibió comunicaciones de Marlaska y Mercedes González relacionadas con la publicación de datos personales que aparecían en documentación vinculada a una investigación judicial desarrollada en Badajoz. Entre la información divulgada figuraba una dirección de correo electrónico de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
El DAO sostiene que aquellas llamadas alertaron de las consecuencias de la difusión de esos datos y estuvieron relacionadas con la apertura de una información reservada para investigar su posible filtración. El procedimiento, identificado como IR 1/24, se encuentra entre las actuaciones que examina la Audiencia Nacional.
La explicación introduce una cuestión relevante sobre la cadena de mando: el DAO reconoce que informó a Mercedes González de las conclusiones de esa investigación, una comunicación que considera justificada por la intervención previa de la directora general.
La documentación también aborda una segunda información reservada, identificada como IR 1/25. En este caso, Llamas sostiene que la apertura fue ordenada directamente por González, por lo que no consideró necesario comunicarle posteriormente por escrito una decisión de la que, según su versión, ya tenía conocimiento.
El alcance de estas afirmaciones deberá valorarse dentro del procedimiento judicial. Que existieran comunicaciones entre responsables políticos y mandos de la Guardia Civil no demuestra, por sí solo, que se ordenara una actuación irregular. La cuestión es determinar si las investigaciones internas tenían fundamento y si afectaron indebidamente a la actividad de la Policía Judicial.
Las informaciones reservadas que investiga Santiago Pedraz
La situación del DAO forma parte de las diligencias del denominado caso Leire Díez, en el que la Audiencia Nacional investiga presuntas maniobras para obtener información comprometedora sobre agentes, fiscales y responsables judiciales relacionados con procedimientos sensibles para el PSOE y el entorno del Gobierno.
El pasado julio, Pedraz citó como investigados a Manuel Llamas y Mercedes González por posibles delitos de prevaricación y contra la Administración de Justicia. Ambos figuran en la causa por las actuaciones internas impulsadas contra miembros de la UCO, aunque su condición procesal no implica que hayan cometido los delitos investigados.
La investigación ha prestado especial atención a las informaciones reservadas, procedimientos administrativos utilizados para aclarar hechos antes de decidir si existen motivos para iniciar un expediente disciplinario. Esta distinción resulta esencial: abrir una información reservada no equivale automáticamente a sancionar a un agente.
El 8 de octubre, El Independiente informó de que Pedraz había solicitado nuevos detalles sobre esas actuaciones, incluidos los responsables de ordenar expedientes disciplinarios, sus fechas y su posible relación con investigaciones judiciales desarrolladas por los guardias civiles afectados.
El objetivo es reconstruir la secuencia de decisiones adoptadas dentro de la Guardia Civil y comprobar si los procedimientos administrativos coincidieron con actuaciones de la UCO que pudieran haber resultado incómodas para determinados responsables públicos.
Una alerta sobre la campaña contra la UCO
Las explicaciones del DAO coinciden con otra revelación publicada este jueves por El Independiente. Según este periódico, Llamas ha reconocido que recibió el 29 de abril de 2025 una comunicación interna que advertía de una campaña de descrédito dirigida contra la Unidad Central Operativa.
La nota procedía de la Jefatura de Información y fue examinada al día siguiente. Posteriormente, el 5 de mayo, el DAO trasladó su contenido a Mercedes González. Sin embargo, Llamas sostiene que informar directamente a los responsables de la UCO correspondía al general jefe de Policía Judicial, al que atribuye esa competencia dentro de la estructura del cuerpo.
Su defensa rechaza que existiera una ocultación deliberada de la advertencia. Esta explicación resulta especialmente importante porque la cúpula de la Guardia Civil conocía la existencia de posibles maniobras contra la credibilidad de sus investigadores mientras se desarrollaban procedimientos internos relacionados con la unidad.
El caso vuelve así a situar bajo examen las decisiones adoptadas por los máximos responsables operativos del instituto armado. Pedraz deberá establecer si aquellas actuaciones respondieron al funcionamiento ordinario de la institución o si existieron interferencias incompatibles con la independencia de las investigaciones judiciales.
Mientras tanto, las nuevas explicaciones del DAO amplían la información disponible sobre el conocimiento y la participación de Marlaska y Mercedes González en el origen de determinadas actuaciones administrativas, sin que ello permita anticipar las conclusiones de la Audiencia Nacional.
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