“Esta causa tiene un único origen: dañar al presidente del Gobierno a través de su entorno familiar”. El Ejecutivo arremete este martes contra la condena al hermano de Pedro Sánchez, al que la Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto una pena de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.
La ministra portavoz, Elma Saiz, incidió en rueda de prensa en que el origen de la causa contra David Sánchez está en una denuncia de una organización ultraderechista -Manos Limpias-. Y destacó que la Fiscalía ha defendido su absolución a lo largo de todo el procedimiento, en el que no ha habido acusación particular.
Y, mientras afirmaba confiar en la Justicia, auguró que “instancias superiores” acabarán corrigendo este fallo. Esto es, que constatarán “la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos”. Desde la sala de prensa de La Moncloa, Saiz no quiso ir más allá. Sin embargo, en ese reparto de roles al que acostumbra el Gobierno, el ministro de Transportes, Óscar Puente, sí deslizó que la condena persigue “derribar” al Ejecutivo.
Sin aludir directamente a la causa, escasos minutos después de que se conociera la sentencia, Puente publicó un mensaje en X en esta dirección: “Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas”.
Moncloa critica que “se condene a un inocente sin pruebas”
En público, la ministra portavoz se expresó con un tono algo más serio y comedido de lo habitual. En privado, fuentes del Gobierno mantenían estas formas y consideraban “una barbaridad” que “se condene a un inocente sin pruebas”. “Esperamos que la Justicia haga Justicia”, incidieron.
Esta una de las consignas habituales del Ejecutivo, que ve como los frentes judiciales le dificultan controlar la agenda informativa y le impiden vender su gestión. Sin ir más lejos, este martes el Consejo de Ministros aprobó transferir 904 millones de euros a las Comunidades Autónomas para financiar el sistema de atención a la dependencia.
En la misma jornada, durante la tarde, el Congreso de los Diputados debe votar dos proyectos de ley -dependencia y discapacidad-, y convalidar un real decreto ley que sustenta la financiación del sistema por valor de 6.200 millones. Tienen serias dificultades para poner el foco en estas partidas.
Begoña Gómez, víctima de “acoso político” por parte de Peinado
El segundo frente judicial que enciende al Gobierno tiene que ver con la investigación del juez Juan Carlos Peinado a la esposa del presidente, Begoña Gómez. El lunes, cuando se conoció que Peinado le requiere que acredite que la semana pasada viajó a Reino Unido a la graduación de su hija, desde el PSOE criticaron la “obsesión” del magistrado por la esposa de Sánchez.
Que ahora amenace a Gómez con imputarle un delito de quebrantamiento de medida cautelar es, para el Gobierno, “una prueba más de la obsesión”, la “persecución” y el “acoso político” del juez a la esposa del presidente.
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