El Gobierno ha sufrido este martes dos mazazos más en el Congreso de los Diputados y otro golpe de colosales dimensiones desde la Audiencia Provincial de Badajoz, con la condena al hermano del presidente. En lo que toca al primer frente, el naufragio de la senda de déficit ante la mayoría de PP, Vox y Junts, lo daban por descontado.
La segunda votación se celebrará en una semana, y son conscientes de que tampoco en esta ocasión lograrán los apoyos necesarios. El fracaso del real decreto ley para compensar el impacto que el IVA está teniendo en RTVE fue la guinda del pastel del varapalo en la Cámara Baja. Sí lograron aprobar las otras tres normas que sometían a votación -otro decreto y la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia-.
Sólo unas horas antes, a las puertas de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recibieron el jarro de agua fría de la condena a 9 años de inhabilitación a David Sánchez por prevaricación. En público, fue Óscar Puente quien denunció que el fallo persigue “derribar al Gobierno”. La ministra portavoz, Elma Saiz, daba por hecho el recurso, se mostraba convencida de que “instancias superiores” corregirán el fallo, y atacaba el origen de la causa.
Moncloa: “No nos desestabiliza ni nos desgasta”
En privado, fuentes de Moncloa desempolvaron el discurso duro y redoblaron esfuerzos para presentarse como víctimas de una persecución política. Es “una barbaridad”, dijeron, que “se condene a un inocente sin pruebas”.
Reclamaron a la Justicia “que haga Justicia”, y aseguraron que esta condena no les “desestabiliza”. Que, a su entender, es exactamente lo que buscaba conseguir el fallo: “No nos va a derribar”; “No consideramos que nos desestabilice, que nos desgaste ni que nos derroque”, incidieron.
De hecho, pese a las voces de la dirección socialista que advierten desde hace meses de que se ponen “en lo peor” con las causas abiertas, en el Gobierno sostienen que esperaban la absolución de Sánchez. “No había ninguna prueba de ningún delito”.
No está previsto que el jefe del Ejecutivo se pronuncie directamente sobre este fallo: ni tiene comparecencias agendadas en los próximos días, ni creen que vaya a hacerlo a través de sus perfiles en redes sociales. El enfado es considerable en sus filas, pero también en la cúpula socialista: “Es una persecución por el hecho de ser hermano del presidente”, resumió una destacada dirigente.
“Su origen [del procedimiento] es la persecución a la familia del presidente”, lamentaban horas antes desde el Gobierno. Ese apoyo cerrado del Ejecutivo y del PSOE se extiende también a Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeño también condenado a 18 años de inhabilitación en la misma causa. Siempre, por la creación de la plaza del músico como coordinador de las actividades de conservatorios.
Consideran que, si algo fue “claro y muy evidente” durante el juicio, es precisamente la inexistencia de pruebas contra Sánchez y Gallardo. Creen que tanto la Fiscalía -que no acusó y reclamó la absolución- como sus defensas, “desmontaron cada una de las acusaciones”. “Confiamos en que se acabe poniendo negro sobre blanco la inocencia de ambos”.
El “precedente”: la sentencia contra el exfiscal general del Estado
Aunque en la dirección socialista, fuera de foco, consideran que esta condena es un caso de lawfare, en Moncloa no quieren cruzar el Rubicón de utilizar este concepto. No se sitúan lejos. De hecho, ya equiparan esta “sentencia injusta” con el fallo contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Aseguran que esta sentencia, que también consideraron desproporcionada y construida sin contar con pruebas, “sentó un precedente muy peligroso”. Y critican que procedimientos como el del hermano del presidente, iniciado por “organizaciones ultraderechistas apoyadas por PP y Vox, acaban en sentencias injustas”.
En las últimas semanas, ante la apertura de nuevos frentes judiciales que les erosionan, en el Gobierno han acentuado las críticas, y ahora ponen el foco en que para una parte de la ciudadanía ellos son víctimas de una cacería judicial en la que Sánchez es el objetivo a abatir. “Las encuestas dicen que lo que percibe la gente es que se está judicializando la política”, destacan.
Esta cascada de escándalos haya llevado a la mayoría de dirigentes socialistas a escenificar un cierre de filas con Sánchez. Y ha convencido a algunos críticos de que, hoy por hoy, no hay espacio para rebatir o matizar estas posiciones.
En Moncloa, sin embargo, niegan que pueda leerse en modo alguno que esta condena pueda beneficiarles -“Ni a nosotros, ni a la democracia”-, por más que a su entender contribuya a asentar sus tesis: “No debería alegrarnos que se condene a un inocente”. “No deberíamos acostumbrarnos a que se condene a inocentes sólo para lograr titulares periodísticos”, zanjan.
157 frente a 178
La derrota en el penúltimo pleno en el Congreso antes del parón veraniego, este martes, ha desnudado nuevamente la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo. Apenas logró 157 apoyos a la senda de déficit, frente a las cinco abstenciones y los 178 votos que sentenciaron la primera piedra del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2027.
Era la crónica de una muerte anunciada, y en el Gobierno asumen que volverá a asistir a una derrota la próxima semana, en la segunda votación. Una vez pasado este trago, en septiembre, activarán la maquinaria presupuestaria para impulsar unas cuentas que, como la senda de déficit, hoy no cuentan con apoyo para salir adelante.
Quien más claramente lo verbalizó fue Josep María Cruset, diputado de Junts, en el hemiciclo: “Pueden hacer el teatro que quieran. La semana que viene pueden volver a traer esta propuesta. Y pueden aprobarlos PGE en contra de la voluntad de este hemiciclo, pero esto no será nada mas que teatro. Porque todo el mundo sabe que no tendrán Presupuestos. Usted también lo sabe. Dejen de engañar a la gente”.
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