Una nueva negociación agónica que, esta vez sí, muestra algunos indicios de poder llegar a buen puerto. Los dos partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, mantienen este fin de semana conversaciones a la interna y con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para emitir urgentemente un mensaje político de cierto calado ante la crisis del acceso a la vivienda.
El desahucio de Mari Carmen, una mujer de 87 años con discapacidad, en Madrid, prendió la mecha de una negociación que habían comprometido zanjar en julio, y que se fue retrasando hasta que todas las portadas recogieron el desalojo. La acampada organizada por el Sindicato de Inquilinos en la Puerta del Sol ha elevado aún más la presión. Fuentes del ala de Sumar en el Gobierno reconocen que aún están buscando “la fórmula” para aprobar un real decreto ley con medidas de vivienda en el próximo Consejo de Ministros, el martes, para su posterior remisión al Congreso de los Diputados.
“Luego lo podemos perder en el Congreso, pero es nuestra obligación llevar propuestas”, sostienen. En sus filas consideran que al PSOE “no les queda más remedio” que aceptar la aprobación de la norma con o sin su convalidación en la Cámara Baja garantizada. El socio mayoritario no se compromete a llegar al martes, pero deja ver que hará lo posible por lograrlo.
Hace escasos días, entre los socialistas no contemplaban asumir el riesgo de un nuevo varapalo parlamentario con la vivienda. El desahucio de Maricarmen ha sacudido el tablero político y ha abierto una “ventana de oportunidad” para actuar ante el que es el principal problema de los españoles según el CIS -desde diciembre de 2024-. “Llevamos un año negociando esto y llevan un año dando largas”; “Aunque tengamos una capacidad relativa en temas de vivienda, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos”, abunda un interlocutor de Sumar en el Ejecutivo.
“No vamos a soltarlos hasta tenerlo”, afirma otro dirigente de la alianza de partidos de Yolanda Díaz, que el viernes ya asumía que tenían por delante dos días de intensas conversaciones: “Nos tendrán todo el fin de semana negociando”. Y que vaticinaba que la prohibición de desahuciar a personas vulnerables, algunas medidas sobre el alquiler de temporada o las recetas concretas que afectan a los fondos buitre estarán presentes en el texto.
Al inicio del fin de semana, varios medios explicitaron que estaba sobre la mesa la prohibición de desahuciar a los inquilinos que residan en viviendas en manos fondos buitre, así como el veto a que estas entidades adquieran inmuebles. Una semana antes del mediático desahucio, los socialistas se habían abstenido ante una iniciativa de Sumar que iba en esta dirección, y que calificaron en privado como una “chapuza” jurídica. Incluso con sus votos no habría salido adelante.
Por parte del ala socialista del Gobierno, la discreción es casi total. El viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sí rechazó la exigencia de Sumar de expropiar el piso en el que vivía Maricarmen en régimen de alquiler, propiedad de la empresa Urbagestión.
A su entender, estas fórmulas de expropiación “no llevan a ninguna parte y no tienen encaje claro en la Constitución”. No garantizó que el texto llegue al Consejo de Ministros del martes, pero sí aseguró que trabajan con ese objetivo. Bolaños, más que presente en las negociaciones, sostuvo que trabajan para aprobar un paquete de medidas “completo y potente”.
Y, después de dos meses en los que el ala socialista del Gobierno cuestionaban los vetos cruzados de Junts per Catalunya y Podemos, vendió que todas las formaciones que están conversando “tienen la voluntad de aprobar medidas para facilitar el acceso a una vivienda asequible”.
Como anunció el Gobierno, el decreto debía estar listo en julio, pero lo retrasaron hasta septiembre y en el nuevo curso el Ministerio de Vivienda volvió a retrasar los plazos. El departamento de Isabel Rodríguez insistió en que lo deseable era garantizar los votos necesarios antes de dar más pasos. En Sumar advirtieron de que el nuevo decreto para paliar los efectos de la guerra en Irán, que se aprueba este martes, debe estar acompañado por las medidas de vivienda que llevan meses prometiendo.

El precio a pagar a Junts: incentivos fiscales
Otra de las novedades en esta negociación es que Junts, a su manera, sí reconoce haber iniciado conversaciones, algo que no hace desde su anunciada ruptura con Pedro Sánchez, en octubre del año pasado. En concreto, el grupo de Miriam Nogueras asegura haber entregado “en mano” al presidente sus medidas, que ya presentaron “hace meses” en el Congreso. También deslizaron que los socialistas estaban estudiando sus recetas, y apostillaron que esperaban una respuesta urgente.
Entre otras soluciones, sobre la mesa están las desgravaciones fiscales que han planteado previamente, y que se incluyeron ya en el borrador del real decreto, en su versión inicial de julio. En ese documento embrionario se introdujeron nuevas deducciones en el IRPF a los propietarios que rebajen el precio del alquiler y lo sitúen dentro de los margen de los índices de alquiler, o incluso para los que no los reduzcan pero alquilen a jóvenes.

También se contemplaron exenciones fiscales a las ganancias patrimoniales, para incentivar que los propietarios de viviendas vacías se desprendan de estos pisos. En esto, como en cualquier asunto, Junts ha mantenido su estilo, mientras los partidos de la izquierda cargaban contra el Ejecutivo, particularmente contra los socialistas, por dar un papel preponderante al partido de Nogueras.
En declaraciones a TV3, el viernes, la portavoz de Junts quiso convencer de que no hay “conversaciones” con el Gobierno. En su lugar, dijo que los socialistas han mostrado su “interés” por las propuestas que Junts ha puesto sobre la mesa.

El movimiento sorpresa de Ada Colau
Con los partidos de Movimiento Sumar retrasando la elección de su candidato a las próximas generales, y sin haber comunicado oficialmente su marca, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sorprendió amagando con liderar sus listas.
En declaraciones a Artículo14, Colau reconoce que le han “propuesto dar el paso”, si bien sostiene que “ahora mismo” no es “candidata a nada”. “Yo he respondido que ya no creo en soluciones mágicas. Necesitamos un frente realmente amplio, donde seamos más que ahora, que mejore formas de funcionar y que sea valiente e ilusionante. Si las conversaciones entre partidos logran ser generosas y avanzar en ese sentido, por supuesto me sentiré responsable de ayudar en lo que pueda para evitar que gobierne el fascismo en España”, apostilló.
Dirigentes consultados por Artículo14 sí precisaron que el hecho de que la exalcaldesa de Barcelona se postule no garantiza que logre liderar a estas formaciones. Y más, teniendo en cuenta que Colau deja ver su voluntad de que Podemos se integre en las mismas listas.
El seísmo en la izquierda ha sido fuerte. El desahucio de Maricarmen ha impulsado una ola de empatía y de rabia que la exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha sabido leer. Con su hoja de servicios como activista, a primera vista Colau goza de cierta ventaja frente a otros candidatos. El hecho de que aspire a contar Podemos, y que los morados tengan teóricamente difícil rechazar unirse a un perfil como Colau, no necesariamente juega en su favor.

