El Gobierno asume que la decisión del TJUE sobre Puigdemont no bastará para reconstruir los puentes

Este jueves aparece marcado en rojo desde hace meses en el calendario político español. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dará a conocer su primera sentencia sobre la ley orgánica de amnistía para todos los afectados por causas judiciales vinculadas al procés. Fue la clave de bóveda de la investidura de Pedro Sánchez, y se aprobó definitivamente en junio de 2024.

Si el TJUE considera que la norma no contraviene el derecho comunitario, este fallo tendrá impacto en procedimientos en el Tribunal de Cuentas o en la Audiencia Nacional. También determinará los próximos pasos del Tribunal Constitucional, que aún debe resolver el recurso de Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle esta norma.

Pero, en esta primera parada, y aunque el fallo vaya en la línea marcada por el abogado general del TJUE sobre esta ley, que ya avaló en noviembre, en el Ejecutivo no esperan que este pronunciamiento, per sé, les garantice la reconciliación con Junts per Catalunya. En Moncloa se muestran “esperanzados” en que esta resolución sea “positiva”, aunque anticipan que no bastará para reconstruir los puentes con sus aliados parlamentarios.

“Han sido muy contundentes, han dicho que la resolución no cambiará nada“, aceptan fuentes del Ejecutivo. Desde que Junts rompiera amarras oficialmente, en noviembre, los guiños del Gobierno a los independentistas, que han incluido un insólito reconocimiento de sus “incumplimientos” por parte del propio Sánchez, no han servido para recomponer sus relaciones.

De hecho, el Gobierno vio estrellarse el martes la senda de estabilidad en el Congreso de los Diputados, frente a la mayoría del PP, Vox y Junts. Volverá a llevar la primera piedra de los Presupuestos Generales del Estado, con las mismas cifras, en el pleno extraordinario del 23 de julio, el último antes del parón vacacional. Lo previsto es que el resultado sea idéntico, como reconocen fuentes del Ejecutivo y de la cúpula socialista.

El Gobierno aspira a fijar el techo de gasto en 226.032 millones de euros, un récord absoluto. El déficit para las comunidades autónomas quedaría fijado en el 0,1%. Es un margen contra el que Junts se rebeló públicamente ya en 2025, como también han hecho los gobiernos autonómicos del PP.

En el Ministerio de Economía, en manos del vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, siempre reiteraron que ya han dispuesto un nuevo modelo de financiación y un mecanismo de condonación de las deudas autonómicas, por lo que los territorios ya cuentan con más recursos. Por tanto, sostienen que no pueden ir más allá.

Además, en Moncloa afirman que la senda de estabilidad presentada el martes “mejora” las perspectivas de todas las comunidades autónomas. Y lamentan que los ejecutivos regionales, en su mayoría con carnet del PP, “no van a poder” acceder a más recursos, “porque el PP quiere provocar el titular de que perdemos una votación”.

Junts advierte de que los Presupuestos nacerán muertos: “No será más que teatro”

La hoja de ruta anunciada por Sánchez pasa por llevar las cuentas públicas a la Cámara Baja a la vuelta del verano, aunque no logren aprobar la senda de déficit. Y aunque Junts les advierta de que no tienen ninguna opción de llevar los Presupuestos para 2027 hasta el Boletín Oficial del Estado. A día de hoy, el Gobierno asume que no cuenta con los apoyos necesarios. No los ha logrado en tres años de legislatura.

“Estamos ante una operación de marketing para esconder sus flaquezas. Una operación de marketing pura y dura para esconder que no tienen mayoría parlamentaria, que no pueden aprobar Presupuestos y cada día se ven más envueltos por corrupción. Ya no engañan a nadie. Pueden hacer el teatro que quieran. La semana que viene pueden volver a traer esta propuesta. Y pueden aprobar los Presupuestos en contra de la voluntad de este hemiciclo, pero esto no será nada mas que teatro. Porque todo el mundo sabe que no tendrán Presupuestos”. “Dejen de engañar a la gente”, espetó el martes el diputado de Junts Josep María Cruset.

Pese a los golpes ya propinados por Junts, y también a  los que anticipan a medio plazo los independentistas, en el Gobierno intentan poner el foco en lo que sí han logrado: “Se van dando pasos que ayudan a cumplir con nuestros compromisos”. Con la ley de amnistía, explican, y por tanto con la “normalización de la convivencia” en Cataluña.

Destacan que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pasado de cargar contra la ley de amnistía a afirmar “que da por superada la etapa del procés“. Un año antes, Feijóo reaccionaba al aval del Constitucional a la norma insistiendo en que ésta es “ilegal”, y en que sirvió para “comprar la investidura”.

El PSOE receta paciencia y Sumar anticipa avances en vivienda

En lo concreto, tienen poco margen para presumir de acuerdos con el partido de Puigdemont. Ocurre con la delegación de competencias en materia de control de la inmigración a la Generalitat de Catalunya, que fue pactada por el Ejecutivo con Junts y descarriló por el voto en contra de Podemos.

Medio año después de que el Gobierno tuviera “un gesto” con el partido morado, al que permitió apuntarse el tanto por la regularización extraordinaria de personas migrantes, en Moncloa señalan al partido morado como responsable de que la norma de Junts, modificada, no haya vuelto a tramitarse en el Congreso. A su vez, fuentes de Podemos atribuyen al Ejecutivo que no haya habido avances en esta materia. Sí coinciden en que la proposición de ley sigue en vía muerta.

Por su parte, fuentes de Sumar albergan ciertas esperanzas en que el entendimiento con Junts sea posible en materia de vivienda. Lo previsto es que el Consejo de Ministros del próximo martes apruebe un real decreto ley de medidas que incluiría incentivos fiscales a los propietarios y otras recetas al gusto de Junts.

Según estas fuentes, hay conversaciones entre los grupos parlamentarios sobre estas medidas. En abril, Junts ya tumbó un decreto en esta materia, mientras el socio minoritario de la coalición reprochaba al PSOE su escasa voluntad negociadora.

Más allá de ese caso concreto, en la dirección del Partido Socialista reconocen la complejidad de su relación con los de Puigdemont: “A Junts per Catalunya no lo entiende nadie”; “ni los suyos”, afirma una destacada dirigente. También destaca el pánico en el que viven instalados en este partido, cada día más amenazados en las encuestas por la ultraderechista Aliança Catalana.

El ejemplo más reciente de este temor lo encuentra en la migración de todo el grupo municipal de Junts en Cambrils a las filas de los ultraderechistas. Y, pese a que no esperan ese milagro en el corto plazo, otra dirigente anticipa que no dejarán de intentar volver a atraerlos a la mayoría de investidura: “Siempre trabajamos para llegar a acuerdos. Y seguiremos haciéndolo”.