La acogida de los menores migrantes centra el debate político una semana después del acceso de 72.000 personas en situación irregular a territorio español desde Marruecos. Con las comunidades autónomas gobernadas por el PP mostrando reticencias a acoger a más niños y adolescentes no acompañados, el Ejecutivo prevé empezar a dar pasos a finales de agosto para repartir los recursos extraordinarios que ya ha comprometido públicamente.
Fuentes del Gobierno anticipan a Artículo14 que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, prevé convocar en las próximas semanas la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. La idea es que se reúna a finales de agosto, antes del inicio del nuevo curso político.
Es el órgano oficial de cooperación entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la administración local, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para la implementación de políticas de protección y desarrollo de la infancia y la adolescencia.
El objetivo principal de este encuentro es abordar y coordinar con los gobiernos autonómicos el reparto de 25 millones de euros anunciado el martes por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Juventud e Infancia reivindicó después que esta cantidad saldrá de sus propias arcas.
Esta inyección extraordinaria se suma a los 5,5 millones de euros destinados a la ciudad autónoma en la conferencia sectorial de julio, cuando se distribuyeron un total de 35 millones entre el conjunto de las comunidades autónomas.
Rego visita Ceuta una semana después de Sánchez y Marlaska
Rego viajó en la tarde del jueves a Ceuta para conocer de primera mano la situación. El viernes por la mañana se reunirá con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. Inmediatamente después atenderá a los medios de comunicación.
Ya durante la tarde, la ministra “conocerá más recursos de la ciudad que acogen a las personas menores de edad migrantes no acompañadas”, y mantendrá un encuentro con la asociación ELIN, dedicada a la atención a personas migrantes. Durante la tarde se reunirá con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.
Su objetivo es “activar todos los mecanismos disponibles para dar una acogida digna a todos estos niños, niñas y adolescentes”, según Juventud e Infancia.
Y esta visita se produce una semana después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazaran hasta la ciudad autónoma en la fase aguda de esta crisis.
Interior afirma que 70.000 de los 72.000 migrantes que cruzaron la frontera sin encontrar la menor oposición por parte de Rabat ya han retornado a Marruecos. La derivada más preocupante es hoy la situación de los menores no acompañados y su atención, con la administración ceutí declarándose más que sobrepasada.
Además, fuentes del Ministerio explican que desde el miércoles está habilitado uno de los dos colegios previstos para “la atención de urgencia de las niñas y niños no acompañados” que permanecen en Ceuta. Este centro acoge ya “a más de un centenar” de menores.
Según los datos de la Ciudad autónoma, son ya 1.017 los menores no acompañados a los que acogen. En un comunicado difundido el miércoles, el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas informó de que el pasado 15 de julio eran 213 los menores atendidos, y esta cifra se disparó a 718 para el 28 de julio. 750 habrían accedido a Ceuta antes del punto álgido de esta crisis migratoria y humanitaria, entre el 30 y el 31 de julio.
El pulso con las CCAA por la acogida de menores, con PNV y Junts en contra
La conferencia sectorial, todavía sin fecha, servirá a las comunidad autónomas gobernadas por el PP -o por el PP y Vox- para volver a manifestar sus reticencias a acoger a estos niños y adolescentes no acompañados.
Desde Juventud e Infancia recuerdan, no obstante, que esta cuestión ya se abordó con la reforma de la Ley de Extranjería, aprobada en abril de 2025. “Ya es ley y no hay que abordar nada nuevo”. “El Artículo 35 de la ley de extranjería contempla la acogida vinculante y solidaria por parte del resto de comunidades autónomas” de los menores llegados a España irregularmente, zanjaron el miércoles desde el mismo departamento.
El PNV, que gobierna en Euskadi y es un socio clave para el Gobierno, ya ha expresado sus reticencias a la derivación de 862 menores entre todas las comunidades autónomas. Junts, otro de los aliados parlamentarios necesarios para la coalición PSOE Sumar, ha sido aún más tajante, si bien su margen de actuación político es mínimo, ya que es el PSC quien gobierna en Cataluña.
El Ejecutivo central, en boca de distintos portavoces, se ha mostrado dispuesto a activar las vías legales que sean necesarias para garantizar que todas las comunidades autónomas acogen a los migrantes que les correspondan. “No hay discusión, se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo. Espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto judicial”, advirtió el miércoles el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, en una entrevista en La Hora de la 1 (TVE).
“Si no acogen menores tendrá que actuar de oficio la Fiscalía de menores”, deslizó también el delegado del Gobierno en Ceuta, desde los micrófonos de la Cadena SER.
El jueves, en declaraciones a los medios de comunicación, el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, aseguró que los gobierno autonómicos del partido “cumplirán con la ley”. “La legislación vigente se cumplirá, esta ocasión también”.
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