El reparto de los menores migrantes que llegaron a Ceuta en la mayor crisis migratoria que ha vivido el enclave ha dejado de ser un asunto fronterizo para convertirse en un problema político de primer orden para Pedro Sánchez. El Gobierno ha activado la derivación de 862 menores no acompañados entre las comunidades autónomas, y la respuesta ha sido un rechazo que no sólo llega desde la oposición, sino desde dentro de su propia mayoría parlamentaria. Tal y como ha podido saber este periódico, Junts y el PNV, dos socios sin los que el Ejecutivo no sobrevive, han marcado distancias con la idea del Gobierno central.
El más tajante, con diferencia, es Junts. La formación independentista ha cerrado la puerta de manera “definitiva” a acoger en Cataluña a nuevos menores procedentes de Ceuta. La formación independentista amenaza directamente a la supervivencia del Ejecutivo y asegura que no dará “ni un solo voto” si el reparto sigue adelante. Fuentes del partido recuerdan a Artículo14 que siguen vigentes los criterios del real decreto ley de marzo de 2025, pactado a iniciativa de la propia formación, por lo que sostienen que “no deben asignarse nuevos menores no acompañados a la comunidad”.
“Cataluña acoge muy por encima de su capacidad”
El argumento de fondo que esgrimen los de Carles Puigdemont es el de la compensación histórica e insisten en que “Cataluña acoge muy por encima de su capacidad mientras otras comunidades eluden sus responsabilidades”. La portavoz de la formación en el Congreso va más allá, y pide directamente al gobierno la aprobación de manera urgente de una ley que traspase las competencias en migración a Cataluña. Junts avisa, además, de que hará valer sus siete votos para frenar “cualquier intento de romper el marco político” fijado el año pasado, y advierte que de este planteamiento “ni se ha movido ni se moverá”.
El PNV pide agotar todas las vías administrativas
El PNV, en cambio, adopta una posición mucho más matizada. Los nacionalistas vascos no rechazan de partida un reparto de menores, pero sí piden al Gobierno frenar la maquinaria y agotar antes todas las vías administrativas. Fuentes del grupo parlamentario trasladan a este periódico su malestar por la falta de datos: “No existe todavía una comunicación oficial cerrada sobre cuántos menores han sido identificados, cuál es su situación jurídica o familiar, qué necesidades concretas tienen ni qué derivaciones se plantean”.
La clave del planteamiento vasco está en el orden de prioridades. Para el PNV, antes de repartir hay que intentar reunir a cada menor con su familia. Lo resumió este miércoles la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa: “La primera obligación del Estado no es repartir, sino no agotar las vías administrativas para que los menores vuelvan con sus familias”. No es un no rotundo como el de Junts, pero sí una exigencia de garantías que condiciona cualquier apoyo.
El PP, en alerta
El pulso de ambos socios se produce en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo. Junts y PNV son piezas imprescindibles de la aritmética que sostiene la legislatura y a la presión de estos socios se suma el silencio de otros, como Eh Bildu o ERC. A la negativa de Euskadi y los catalanes se suman las otras once comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular. Castilla y León, Aragón o Extremadura ya han anunciado que se opondrán por todos los medios legales, jurídicos y políticos.
Tal y como adelantó Artículo14, aunque no ha habido comunicación oficial, los barones del PP ya están preparados para plantar cara a Moncloa y sospechan que Euskadi y Cataluña podrían ser las grandes beneficiadas del reparto quedándose excluidas. Desde el entorno del presidente Juanma Moreno consideran que “es un efecto llamada a lo bestia”. Desde el Ejecutivo de Guardiola insisten en que sus recursos esán “al límite”. Y en Castilla y León subrayan que están completamente “saturados”. Aunque todas las autonomías del PP aseguran que acatarán la lay, no descartan llevar el reparto a los tribunales.
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