Junts llegará a septiembre comprobando que no hay avance ninguno en el compromiso del PSOE de traspasar a Cataluña las competencias en materia de inmigración. Han pasado ya seis meses desde que PSOE y el partido de Carles Puigdemont llegaran a un acuerdo y registraran la ley en el Congreso de los Diputados.
Una iniciativa que, desde el principio, motivó el enfado de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez. La disparidad ideológica de los partidos que sustentan al Gobierno vaticina una nueva confrontación en este sentido y de ahí que Moncloa no dé señales de movimiento. Es por eso que la norma ni siquiera ha logrado superar el primer filtro parlamentario de la toma en consideración.
De hecho, de cara al nuevo curso político, no es una de las prioridades del Gobierno, consciente de esa división del bloque de mayoría y de que las posibilidades de que la norma fracase son altas, lo que desembocaría de facto en una derrota imputable al Gobierno. Pero sí es una urgencia para Junts, que prevé apretar al Ejecutivo para lograr avances en la tramitación parlamentaria.
Se esconde detrás de esta presión que los posconvergentes necesitan en Cataluña taponar la fuga de votos que se va hacia Alianza Catalana, gracias, en buena medida, a su discurso antiinmigración que enarbola la alcaldesa de Ripoll y líder del partido. Así lo reflejaba el último barómetro del Centre d’Estudis d’ Opinió (CEO) de la Generalitat catalana en el que Junts bajaría de los 35 escaños actuales a los entre 28 y 30. Un retroceso que es fruto del auge de Alianza Catalana que podría pasar de los dos diputados en el parlamento regional a los 10-11 en las próximas elecciones autonómicas.
Ese apremio de los independentistas se encontrará con el rechazo de Podemos que, con sus cuatro escaños, son imprescindibles para que la ley orgánica sea aprobada. “No se hará con nuestros votos”, advierten desde la formación morada.
En Podemos creen que Junts quiere usar esas competencias para frenar la entrada de inmigrantes y denuncian que la ley es “racista”. Desde Sumar muestran sus contradicciones con la norma -IU, Más Madrid y Compromís la critican- y en ERC se advierte a Junts de que no podía plantearse un acuerdo pensando solo en competir con el Alianza Catalana. De hecho, según desveló Pablo Iglesias en una entrevista en Ara, ERC les habría pedido en privado que detuvieran la tramitación de la ley para delegar competencias migratorias.
En estos momentos, no hay interlocución ninguna entre los socios de gobierno para sacar adelante esta ley, según ha podido saber Artículo14 de fuentes parlamentarias. Y al ser una ley orgánica, el Gobierno necesita el apoyo de una mayoría absoluta: 176 de los 350 diputados que hay en el Congreso.
El papel clave de Podemos
De hecho, en julio, la propia secretaria general de Podemos, Ione Belarra, rompió cualquier posibilidad de entendimiento con Junts, lo que hace inviable que la ley salga adelante. En una entrevista llegó a decir que con la delegación de competencias de inmigración a Cataluña, los Mossos harían “redadas racistas”. “Que te paren por tu color de piel a la salida del metro, cuando vas en autobús, en el lugar de trabajo… Esto que hace ahora la Policía Nacional lo harían los Mossos d’Esquadra, que tienen una enorme implantación en Cataluña», dijo Belarra en una entrevista a Ara.
Junts, a través de su secretario general, Jordi Turull, mandó un mensaje a los morados por su responsabilidad en el asalto a la valla de Melilla en 2022 cuando murieron una veintena de migrantes. Entonces, Belarra era ministra del Gobierno. “Ni dimitió ni se plantó para saber la verdad. Y diría que aquel horror no lo perpetraron los Mossos d’Esquadra”, criticó.
Puigdemont, en un tono más duro, acusó a la líder de Podemos de preferir que las competencias de migración las tengan el PP y Vox en un futuro gobierno. “El prejuicio que expresa contra los Mossos es de primero de supremacismo español y de primero de xenofobia”, censuró. Hasta el líder de ERC, Oriol Junqueras, cargó contra los morados. “Estas cosas las decían Albert Rivera e Inés Arrimadas”, espetó.
La ley, de aprobarse, permitiría a la Generalitat tener competencias sobre las estancias de larga duración, la contratación en origen, la expulsión de inmigrantes, los centros de internamiento de extranjeros o el control de fronteras. Concretamente, la delegación de competencias permitiría también a la Generalitat de Cataluña la expedición del DNI y las devoluciones. Y los Mossos d’ Esquadra actuarían en “coordinación con Policía y Guardia Civil” para ocuparse de la seguridad de puertos y aeropuertos.