Aún no ha habido ningún tipo de comunicación oficial al respecto. Pero las autonomías gobernadas por el Partido Popular, muchas de ellas en coalición con Vox, ya están en alerta ante un posible reparto de menores migrantes llegados de Ceuta. Y la mayoría de Gobiernos se inclina por tratar de boicotear esa posible operación, aunque todos inciden en que acatarán la ley. Además, sospechan que Moncloa “podría volver a excluir” a País Vasco y Cataluña de ese reparto.
En Andalucía dejan claro que “no” tienen ninguna información sobre ese posible reparto de migrantes, pero en el entorno de Juanma Moreno muestran sus reservas. “Es un efecto llamada a lo bestia y, además, los padres de los niños marroquíes les están reclamando al otro lado de la frontera”, arguyen. Unas dudas que se repiten en el resto de Ejecutivos autonómicos, con Vox presionando para evitar todo tipo de cesiones en materia migratoria.
Extremadura “no puede asumir más presión migratoria ni más menores migrantes no acompañados porque nuestros recursos y nuestra capacidad de atención están al límite”, zanjan en el Ejecutivo de María Guardiola. Esto es, se inclinan claramente por rechazar ese hipotético reparto. “Estamos saturados”, responden sin margen de duda en Castilla-La Mancha, en fuentes del equipo de Alfonso Fernández Mañueco.
En Aragón dejan claro que “siempre” se cumplirá con la ley, pero precisan que respetarán el acuerdo de gobierno con Vox y prometen una respuesta judicial ante la posible operación por parte del Gobierno central. Unas vías judiciales a las que también se acogen otras regiones, como la de Murcia.
A través de las redes sociales, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sentenció: “Es raro que la izquierda no pida un pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid en agosto para saber cuántos inmigrantes en situación ilegal nos va a mandar Sánchez sin consultarnos. Eso sí es preocupante. Eso sí retrae dinero, servicios públicos, convivencia y seguridad. Eso es lo más inhumano que hay”.
Es raro que la izquierda no pida un pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid en agosto para saber cuántos inmigrantes en situación ilegal nos va a mandar Sánchez sin consultarnos.
Eso sí es preocupante. Eso sí retrae dinero, servicios públicos, convivencia y seguridad.…
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 4, 2026
En este sentido, su portavoz, Miguel Ángel Martín, insistió en que los recursos madrileños para menores migrantes “están al límite” y que “no se puede derivar la incompetencia del Gobierno central a las comunidades autónomas”.
Génova, crítica con Sánchez
A nivel nacional, fue la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, la encargada de fijar la posición oficial. Las comunidades del partido, dijo, no van a asumir “las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno”. “Siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar del lado de los ceutíes porque son ciudadanos españoles. Lo que no van a hacer es aceptar las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno”, señaló en una entrevista en La Sexta.
La portavoz popular no quiso pillarse los dedos. Ezcurra sostuvo que el sistema de protección de menores es “un sistema nacional” y que, por tanto, es el “Gobierno de España” el que “tendrá que hacerse cargo”. Y sugirió, en línea con otras fuentes autonómicas, que Moncloa podría intentar excluir a Cataluña y País Vasco del hipotético reparto.
Además, la dirigente popular denunció que hay un número indeterminado de menores “vagando por las calles de Ceuta” y que el Gobierno “no se ha preocupado” por ellos “en los últimos 7 días”. La transferencia extraordinaria de 25 millones de euros anunciada para la atención de urgencia de estos niños llegó, según recordó, una semana después de que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, alertara de la crisis.
La vicesecretaria popular también calificó de “verdaderamente sorprendente” que la ministra Elma Saiz apele a una responsabilidad que su propio Gobierno “no ha tenido”, y reclamó el regreso del Ejecutivo al completo de sus vacaciones, incluido el presidente. “Tiene que haber un pleno extraordinario, el presidente del Gobierno tiene que explicar lo que ha pasado, cuántas personas se encuentran en esta situación y qué va a hacer para que no se vuelva a repetir. Y cuando todo eso suceda, hablaremos de la solución a los problemas que ellos mismos han creado”, enfatizó.
Tal y como desveló Artículo14, el presidente del Gobierno tampoco ha llamado a Alberto Núñez Feijóo por la crisis de Ceuta.
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