El Ministerio del Interior ha retomado hace un mes el proyecto de aprobar una ley estatal de coordinación de los servicios de bomberos, según ha podido saber Artículo14. El Gobierno desempolva justo antes del verano y cuando quedaría un máximo de un año de legislatura una iniciativa que llevaba el propio PSOE en su programa de gobierno y que también promovían Podemos y Sumar, pero que paralizó porque no es del agrado de PNV y Junts, que quieren tener un servicio contraincendios independiente.
Se trata de un texto registrado en tres legislaturas diferentes y que el PSOE enterró en la Mesa del Congreso, a pesar de las advertencias de sindicatos de bomberos de que la falta de coordinación cuesta vidas, lo que creen que se está poniendo de manifiesto en los últimos incendios y fue decisivo en la DANA en Valencia.
Pues bien, poco antes de que empezara lo que puede llamarse la temporada de incendios el Gobierno ha decidido retomar el proyecto dejando fuera a Cataluña y País Vasco como fórmula para sortear la oposición de sus socios nacionalistas. Esto excluye a los bomberos -muchos de ellos reclaman una norma estatal- y ciudadanos de ambas comunidades de la integración y mejor servicio que busca una norma que se reclama desde finales de los años 80, según ha recordado UGT en medio de la oleada de incendios. Una posición que comparten CCOO y la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP).
De esta forma, el texto, que se prevé registrar ahora como proposición de ley en el Congreso para coordinar y regular los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de todo el Estado se espera que sea de mínimos. Algunos sindicatos se preguntan si merecerá la pena, pero otros esperan que se logre sacar adelante la mejor ley posible.
Las críticas de los socios nacionalistas
El 14 de octubre de 2020, ERC, Junts, Compromís, Bildu, PNV, BNG y Más País votaron en contra de la toma en consideración del proyecto. Pilar Vallugera, diputada de ERC, advirtió: “Vamos a votar en contra porque no consideramos que se tenga que revestir esta forma legal”, pues se trata de “una invasión competencial en toda regla”.
El diputado por Barcelona del Grupo Parlamentario Mixto (GMx) Albert Botran (CUP) destacó que “ignora una realidad que es la de los bomberos en nuestro país, en Cataluña”, un menosprecio, que “viene de atrás”, por lo que “las fuerzas independentistas nos opondremos”.
Por su parte, el diputado del PNV Mikel Legarda consideró que la norma pone “patas arribas el servicio y vulnera la distribución de competencias”. A su juicio, se conforma “aprovechándose y apropiándose de la vertiente estatutaria convirtiendo en una concha vacía las competencias autonómicas e incidiendo también en las competencias locales”. Es “inconstitucional”, sostuvo.
De la intervención del jeltzale llama la atención que señaló que la “problemática, el problema” que la norma pretendía solucionar era “inexistente”.
El País Vasco aprobó su propia ley de coordinación, la Ley de los Servicios vascos de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, en noviembre de 2023.
Las reclamaciones de los sindicatos
La apreciación del diputado del PNV recuerda a la respuesta de Protección Civil que recibió la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales a una carta de 15 de julio de 2020 en la que reclamaban que se aprobara esta ley: “No parece necesario en la situación actual”, dijo el entonces director general, Leonardo Marcos en una respuesta oficial, fechada el 5 de agosto de 2020.
No es el único intento de mejorar la regulación para prevenir catástrofes. El 23 de mayo de 2022 la CUBP envió una nueva carta a Fernando Grande-Marlaska en la que le reclamaban una reunión y que impulsara este proyecto, del que subrayaban su “extrema necesidad”.
“¿Por qué se mantuvo paralizada durante 30 meses?, no lo sabemos, lo que sí sabemos es que las cada vez más frecuentes DANA y los incendios forestales de sexta generación hacen estragos y no entienden de leyes. Desde el Sindicato Profesional de Bomberos UGT seguimos pidiendo alto y claro la urgente necesidad de una Ley que regule y coordine los Servicios de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de nuestro país. Tarde, mal y nunca, así podríamos definir la coordinación que existe en las emergencias extraordinarias que requieren de los SPEIS, no es casualidad que cuando se necesita movilizar SPEIS fuera de sus competencias territoriales el calvario burocrático o los intereses políticos deriven en tiempos de respuesta injustificables”, ha planteado UGT.
La lucha política
La reactivación del proyecto se produce cuando Pedro Sánchez apuntó a otras vías el verano pasado, cuando propuso la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias. En abril el Gobierno ha dado luz verde a la Secretaría General de Protección Civil como paso intermedio para establecer una agencia estatal. El PP incorporó este proyecto a su plan contraincendios el año pasado pero en el entorno gubernamental temen que no avale ahora la norma en el Congreso.
En plena oleada de incendios el pasado agosto, el Gobierno de Pedro Sánchez tomó una serie de iniciativas que algunos sindicatos no ven con malos ojos pero advierten de que pueden incurrir en la politización del problema. Por una parte, el Ejecutivo de Sánchez y el PSOE y Podemos/Sumar se centrarían en los bomberos forestales estatales y en los que dependen de Tragsa y dejarían de lado la regulación del resto.
En este sentido enmarcan las leyes de bomberos y agentes forestales que aprobó Teresa Ribera en marzo de 2024. Y la publicación el pasado 20 de agosto en el BOE del convenio de Tragsa. “Se llenan la boca con estas iniciativas, cuando en realidad los bomberos estatales están en situación muy precaria”, advierten.
El convenio de Tragsa se estaba ultimando pero el Gobierno lo ha “acelerado”, advirtieron desde CSIF. El Ministerio de Trabajo sacó a consulta pública el 26 de agosto un Real Decreto para la prevención de riesgos laborales de los bomberos forestales que finalmente ha caído en saco roto por discrepancias de varias comunidades.
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