El Gobierno no contempla asumir responsabilidades políticas tras la condena a 24 años de cárcel por varios delitos de corrupción a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE. La ministra portavoz, Elma Saiz, defendió este martes que esas responsabilidades “se asumieron desde el primer momento”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, 24 horas después de que el Tribunal Supremo notificara su sentencia por el caso mascarillas -condena a Koldo García y Víctor de Aldama, como a Ábalos-, Saiz ha insistido en las actuaciones de los suyos contra el que fuera un ministro todopoderoso hasta julio de 2021.
Estrictamente, fue el grupo parlamentario socialista quien decidió expulsarlo de sus filas en febrero de 2024, cuando estalló el caso Koldo, además de reclamarle su escaño -que no entregó-. El PSOE le suspendió provisionalmente de militancia entonces, aunque no fue hasta el estallido del caso Santos Cerdán (junio de 2025) cuando le retiró el carnet socialista de forma definitiva.
Entre la primera valoración del lunes y las respuestas de este martes apenas hay variaciones. El Ejecutivo se esfuerza por marcar distancias, por acotar al pasado -y únicamente a las personas de Ábalos y García- esta causa. Y por intentar desplazar el foco sobre el PP. “El que la hace la paga, se llame Ábalos o Ayuso”, defendió el ministro para la Transformación Digital, Óscar López.
De hecho, la ministra portavoz, que sí quería abordar el “errático procedimiento” del juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, evitaba entrar en “los detalles” sobre la sentencia del Alto Tribunal. En su lugar, reservaba este espacio para López, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones de mayo de 2027, y por tanto rival de Isabel Díaz Ayuso en estos comicios.
López defendió que ellos actuaron “meses antes de que hubiese sentencia”, mientras acusaba al PP de “amparar y proteger” a la presidenta de Madrid. Su pareja, Alberto González Amador, está imputado en dos causas judiciales distintas.
A las puertas de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, este miércoles, para abordar precisamente los supuestos casos de corrupción que salpican al PSO,; la ministra portavoz apeló a la acción del Gobierno para seguir contando con el apoyo de sus aliados parlamentarios. Desde hace semanas, en plena efervescencia de frentes judiciales, el Ejecutivo intenta vender a estos partidos la idea de que vale la pena que sigan prestándoles su apoyo.
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