“No perdemos nunca la esperanza”. El Gobierno se encamina a una nueva derrota de la senda de estabilidad, la primera piedra de los Presupuestos Generales del Estado, en su votación de este martes en el Congreso de los Diputados.
Pese a que estas últimas semanas sí ha habido conversaciones con algunos de sus socios –que le han reclamado más margen de gasto para las comunidades autónomas-, el Ejecutivo se encamina a esta cita arrastrando los pies. “Estamos abiertos a dialogar”, afirman fuentes del Consejo de Ministros, que también asumen que su “interés” porque salga adelante no les basta. No tienen los votos.
Por eso el Gobierno ya cuenta con que el 23 de julio, en el segundo pleno extraordinario en la Cámara Baja de este mes, se produzca la segunda votación de la base de las cuentas públicas. Superado este pleno, e incluso si la senda decae, Pedro Sánchez tendrá el camino despejado para presentar los Presupuestos para 2027, que serán los primeros en aterrizar en el Parlamento en tres años de legislatura.
De momento, el Ejecutivo no desvela la fecha del Consejo de Ministros en el que aprobarán este proyecto de ley. Lo previsto, según distintos interlocutores, es que las nuevas cuentas lleguen a la Cámara Baja en tiempo y forma. Esto es, el último día de septiembre a más tardar.
La fecha marcada en rojo, el debate de totalidad de los Presupuestos, podría tener lugar cerca de “tres semanas” después de la aprobación en Consejo de Ministros, según el Ejecutivo. Éste es el plan inicial, si bien el Gobierno tiene margen para retrasar o adelantar las cuentas en su tramitación parlamentaria, por mucho que tengan prioridad sobre el resto de iniciativas.
Tras la previsible derrota en su primera votación, la segunda tendrá lugar después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se pronuncie sobre la aplicación de la ley de amnistía a Carles Puigdemont. Su partido, Junts per Catalunya, ha contribuido a tumbar la senda de déficit en anteriores ocasiones, y en Moncloa hay cierta esperanza en que acaben dando su brazo a torcer.
Por lo pronto, el 0,1% de déficit que se permitirá a las comunidades autónomas ya ha sido motivo de disputa antes con los independentistas. En las últimas semanas, alguno de los aliados del Ejecutivo, así como voces de Sumar, socio minoritario de la coalición, abogaron por dar algo más de margen a estas administraciones. Distintas voces del ala socialista del Gobierno dieron portazo.
Cuatro leyes pendientes
Además de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, lo previsto es que el Congreso someta a votación dos proyectos de leyes, el de discapacidad y el de dependencia. Son dos de las normas estrella del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy, y en Comisión sólo PP y Vox se opusieron. Previsiblemente contarán por tanto con el respaldo de la mayoría de grupos, salvo sorpresa.
A estos proyectos de leyes se une la votación de convalidación de dos reales decretos leyes; uno para “garantizar la prestación del servicio público encomendado a la Corporación Radio Televisión Española”, y un segundo que destina 6.200 millones de euros extra -hasta finales de 2027-, para blindar el sistema de atención a la dependencia.
Además, la Cámara debatirá y votará las dos enmiendas de totalidad de PP y Vox a la proposición de ley orgánica para despenalizar los delitos de opinión, bloqueada durante los dos últimos años y reactivada repentinamente por PSOE y Sumar. De caer las enmiendas, la norma continuará su tramitación, y descarrilará en caso contrario.
En las filas socialistas cruzan los dedos para que estas iniciativas salgan adelante, y a priori no prevén nuevas y dolorosas derrotas por este flanco. La cuenta de leyes aprobadas -en buena parte, reales decretos- se sitúa hoy en 68. Si este pleno sale acorde a sus previsiones, pese a la derrota de la senda de estabilidad, podrán anotar cuatro nuevas normas en su registro.
La corrupción, “amortizada”
El lunes, Sánchez planea visitar el puesto de mando avanzado de Turre (Almería), para conocer de primera mano la situación tras el incendio en Los Gallardos. El mismo día viajará a París para participar en la Coalición de Voluntarios por Ucrania, a la que acudirá sin anotarse el tanto de la ratificación del acuerdo de amistad con Francia, bloqueado por el PP.
En el horizonte inmediato no hay grandes citas como la cumbre de la OTAN en Ankara, la semana pasada, que le permitan desplazar los focos de las novedades de los casos de presunta corrupción que salpican al PSOE.
Pese al reguero de declaraciones, imputaciones y resoluciones judiciales, en el Gobierno, como en el partido, aseguran que las múltiples causas abiertas están amortizadas. Que el daño no puede ir mucho más allá, y que buena parte de sus potenciales votantes abrazan la idea de que los familiares del presidente o varios exdirigentes socialistas se ven perseguidos por su cercanía con Sánchez o por sus ideas.
“Lo judicial está amortizado”, sostiene un cargo público socialista. Reconoce que la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero es la que más “duele” a los suyos, pero interpreta que se seguirá “difuminando”. “Cualquier imputación se utilizará para aumentar el relato de la persecución”.
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